El nuevo proceso nació con la firma del Acuerdo por Chile del 12 de diciembre de 2022, suscrito por una coalición mayoritaria de partidos con representación parlamentaria, después del rechazo a una reforma constitucional en un proceso de referéndum el año pasado
Alberto Acevedo
Por iniciativa del Congreso Nacional de Chile, la ciudadanía de ese país inició un tortuoso y seguramente accidentado proceso constituyente, que intentará, por segunda vez, cambiar la Carta Política de ese país, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
El pasado 6 de marzo comenzó su trabajo un comité de expertos, con 12 integrantes seleccionados por la Cámara de Representantes y 12 escogidos por el Senado, que asumirá la tarea de elaborar un anteproyecto de Constitución, en un plazo de tres meses, para ser de nuevo sometido al veredicto de las urnas, donde la ciudadanía se pronunciará en favor o en contra.
El nuevo proceso constituyente nació con la firma del Acuerdo por Chile del 12 de diciembre de 2022, suscrito por una coalición mayoritaria de partidos con representación parlamentaria, después del rechazo a una reforma constitucional en un proceso de referéndum el año pasado.
Convocatoria ilegítima
El borrador que elabore la comisión parlamentaria será la base para el texto constitucional definitivo, que se pondrá a consideración de los chilenos en una nueva consulta plebiscitaria, el 17 de diciembre próximo. Ese día se repetirá el drama de las tensiones sociales que vive el país austral, en donde el presidente de la República Gabriel Boric ha visto reducirse su popularidad y numerosos sectores sociales lo acusan de no cumplir las reformas sociales fundamentales contenidas en su programa de gobierno.
De entrada, cuando la comisión de expertos apenas da sus primeros pasos, acreditados constitucionalistas consideran que la convocatoria hecha por el parlamento es ilegítima, porque el derecho a dictar una constitución radica única y exclusivamente en el constituyente primario, que es el pueblo.
Para ejercer ese derecho, la ciudadanía debe autoconvocarse o solicitar que lo hagan las autoridades que ella misma ha elegido y a las cuales ha conferido expresa autorización para hacerlo. Ninguna de las dos cosas ha sucedido, y lo que se ha producido es un acuerdo de partidos, vale decir, un acto de partidocracia.
Sin un respaldo amplio
La constitución chilena vigente no otorga facultades al parlamento para efectuar esta convocatoria, por lo cual, además de ilegítima sería ilegal, asegura el analista Manuel Acuña Asenjo. Esa facultad no se infiere, por el hecho de que el Congreso sea el órgano legislativo.
En Derecho Público esa facultad es taxativa. Solamente puede hacerse aquello para lo que se está expresamente facultado. Y el congreso de la Nación, en el caso chileno, no tiene facultades constituyentes.
Por tanto, el mayor riesgo que enfrenta el proceso constitucional es que pierda su legitimidad. Lo preocupante es que hay fuerzas interesadas en que el proceso transite por ese camino. Y el gobierno Boric no tendría la posibilidad de un respaldo popular amplio, por la acelerada pérdida de confianza, que se ha constatado a un año de su mandato.
