El Partido Comunista consideraba que, si la situación política del país tomaba un viraje de carácter democrático, se abriría una nueva perspectiva en la lucha de masas y nuevas formas de acción dejando atrás la lucha armada
Alejandro Cifuentes
Desde mediados de la década de 1940, Colombia se vio sumida en un conflicto armado que se desató aparentemente por la violencia bipartidista. Sin embargo, este surgió como una agresión contra las clases populares y desde entonces la guerra ha servido de pretexto a las élites sociales y políticas para perseguir las voces disidentes y cerrar el paso a cualquier atisbo de apertura democrática, así como para aceitar los procesos de acumulación mediante el despojo violento.
Ante esta realidad, el Partido Comunista planteó que la lucha revolucionaria en el país debía tener como prioridad la apertura democrática, que solo se podría conseguir mediante la paz.
El conflicto armado
En 1949, mientras avanzaba la violencia terrorista, el Partido Comunista declaró la política de autodefensa de masas, la cual no contenía un llamado a la conformación de destacamentos guerrilleros, sino que buscaba aumentar la vigilancia de las organizaciones populares y la adopción de mecanismos prácticos que permitieran a las masas resistir la violencia de las bandas conservadoras.
La autodefensa de masas era una consigna contra la reacción y la violencia de inspiración falangista instigada por Laureano Gómez (1950-1953), así como un desafío a la dirección liberal, que creía poder derrocar a la dictadura sin acudir a la movilización popular.
Cuando a finales de la década de 1950, tras la quiebra de la dictadura de Rojas Pinilla (1953-1957), se abrió la posibilidad de recuperar la legalidad perdida durante la Violencia, los comunistas desarticularon sus destacamentos armados en un acuerdo político con la dirección bipartidista, aunque siempre manteniendo una postura crítica frente al nuevo régimen de alternancia, el llamado Frente Nacional.
Aunque el Frente Nacional fue promocionado como un acuerdo que terminaría la guerra y traería consigo la democracia, lo cierto es que se mantuvo la violencia oficial contra regiones donde el movimiento campesino seguía en la lucha por la tierra.
La violencia se escaló en 1964, cuando se pusieron en marcha operaciones militares auspiciadas por la política contrainsurgente de los Estados Unidos. El Partido Comunista intentó impedir la agresión, pero todo fue en vano. Luego de los ataques a las llamadas “republiquetas independientes”, surgieron las FARC, y poco a poco fueron apareciendo nuevas insurgencias de inspiración política variada.
El Estatuto de Seguridad
Ante la incapacidad del bipartidismo de darle solución a los principales problemas sociales, la protesta social protagonizó las décadas de 1960 y 1970. El momento culmen fue el paro cívico de 1977, un amplio movimiento de protesta que sobrepasó a las organizaciones, que solo pudo ser controlado mediante una dura represión protagonizada por la fuerza pública.
En 1978 fue electo el liberal Julio César Turbay, quien declaró que el país estaba cercado por el terrorismo y que ante esto su gobierno respondería con toda la firmeza del caso. El objetivo del presidente era exterminar a sangre y fuego a las insurgencias, pero sobre todo, evitar a toda costa el ascenso de la lucha popular.
Para ello se valió del régimen penal de seguridad conocido como el Estatuto de Seguridad, declarado apenas un mes después de iniciado el gobierno e inspirado en la doctrina de seguridad nacional. El Estatuto prácticamente proscribía la movilización social y limitaba muchos otros derechos civiles, mientras que le otorgaba al ejército facultades policiales y judiciales.
En esta cruzada contra las guerrillas, luchadores populares, intelectuales demócratas y líderes políticos disidentes fueron víctimas de todo tipo de arbitrariedades. Para 1980, Colombia registraba una situación de derechos humanos mucho más precaria que la de Argentina o Chile, en ese entonces bajo el yugo de las crueles dictaduras militares.
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El XIII Congreso
Ante tal situación era previsible la agudización de la violencia. No obstante, las fuerzas democráticas respondieron a las arbitrariedades oficiales. Intelectuales, académicos y artistas alzaron su voz contra las violaciones a los derechos humanos, y los comunistas, confluyendo incluso con sectores civilistas del bipartidismo, promovieron el Primer Foro Nacional de Derechos Humanos.
Al iniciarse la década de 1980, en medio de la adversidad parecía configurarse un escenario promisorio para la apertura democrática. El PCC, en vista del desenvolvimiento de los acontecimientos, planteó que al régimen de Turbay, caracterizado como un gobierno despótico puesto al servicio de los intereses más reaccionarios del gran capital, solo podía enfrentársele con la unidad amplia de todas las fuerzas populares y democráticas, más aún si se consideraba que los hechos podían desembocar en un nuevo régimen militar.
En medio de este ambiente se convocó el XIII Congreso, que se llevó a cabo entre el 7 y el 11 de noviembre de 1980, y el cual contó con la participación de unos 600 delegados. Uno de los problemas centrales que se abordaron el encuentro fue el de la evolución de la creciente militarización del país.
El PCC consideró que mientras el país discurriera hacia la agudización del conflicto, aumentando el poder de los sectores militaristas, el futuro previsible sería la profundización de la guerra, lo que definitivamente cerraría toda posibilidad de una apertura democrática, tan necesaria para el país. No en vano, el encuentro se convocó bajo la consigna de “La lucha por la paz y la solución política negociada del conflicto”.
La salida negociada
El Partido planteó en el XIII Congreso que todas las acciones, tanto las reivindicativas como las políticas, debían dirigirse a la conformación de un frente democrático que lograra derrotar el militarismo, principal expresión de las fuerzas más reaccionarias y los monopolios del gran capital. Para ello había que combatir.
Siguiendo lo planteado por encuentros anteriores, el XIII Congreso hizo un balance del conflicto en que se reconocía el origen y características del mismo, además enfatizó que la lucha armada era el resultado de la resistencia popular que se remontaba a casi cuatro décadas atrás, que esta no había surgido como resultado de alguna disposición política de ninguna colectividad concreta, sino que respondía a la violencia latifundista.
De tal manera, el Partido, señalaba al hecho que las formas de lucha de las masas no se originaban en dictados arbitrarios de la política de algún partido y además consideraba que ninguna organización podía perpetuar de manera unilateral determinadas formas de acción. Estas respondían en últimas a condiciones determinadas y las que se vivían en ese entonces apuntaban a que la lucha prioritaria de las fuerzas revolucionarias en Colombia era la conquista de libertades civiles para frenar el avance del militarismo. Por eso, la labor más urgente consistía en lograr la salida negociada del conflicto.
Desde este Congreso, el PCC encauzó toda su política a la consecución de la salida negociada como medio para lograr la apertura democrática. Los primeros frutos de esta política se dieron a mediados de la década de 1980, cuando se iniciaron conversaciones entre Belisario Betancur y las FARC.
Poco a poco se consiguieron más avances, como los acuerdos con el M-19 y algunos sectores del ELN. Sin embargo, desde entonces el país ha tenido que vivir cuatro décadas más de guerra, pues las fuerzas más reaccionarias lograron mantener activo el conflicto en tanto este es un engranaje vital de sus negocios.
El Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en 2016, fue en parte gracias a la iniciativa de apertura democrática y solución política al conflicto social y armado inaugurado por el XIII Congreso del PCC de 1980.
