Al margen de la buena fe del anfitrión, la realidad es que la reunión tendrá éxito en la medida en que la presión de la comunidad internacional consiga que la Casa Blanca descongele activos venezolanos, usurpados en un acto de franca piratería internacional
Ricardo Arenales
Con la presencia de unos veinte cancilleres de diversos países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, y una representación a alto nivel del Consejo de la Unión Europea, Bogotá fue anfitriona de la Conferencia Internacional por Venezuela, que sesionó este martes 25 de abril, por iniciativa del presidente Gustavo Petro.
Una propuesta inicial fue formulada por el mandatario colombiano al gobierno venezolano, y Petro viajó a Caracas al menos en cuatro ocasiones, y otras tantas lo hizo el canciller Álvaro Leyva Durán. En el marco de la reciente cumbre entre el presidente Petro y su homólogo norteamericano Joe Biden, en la Casa Blanca, el tema Venezuela ocupó gran parte de las conversaciones, y el líder norteamericano expresó simpatías con la iniciativa, claro, bajo sus condiciones y puntos de vista.
En la comunidad internacional la idea de Petro fue recibida con alguna sorpresa, puesto que la mesa de conversaciones de México entre la oposición venezolana y el gobierno bolivariano estaba en un proceso de estancamiento, particularmente por la incapacidad de los emisarios de la oposición de incidir para que Estados Unidos descongele fondos por cerca de 30 mil millones de dólares que el gobierno Maduro requiere para invertir en salud, obras de desarrollo y lucha contra la pobreza.
El nudo
El asunto no es fácil de dilucidar. Todos están de acuerdo en la urgencia de destrabar la mesa de conversaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición. Sin embargo, Caracas dice que no dará un paso adelante si previamente Estados Unidos y otras potencias occidentales no descongelan estos recursos, que son de Venezuela y fueron usurpados en forma arbitraria.
Por su parte, Estados Unidos dice que no va a actuar en esta dirección si no hay acuerdos previos con la oposición. En palabras de algunos funcionarios de la Casa Blanca, lo ideal para Washington es que primero haya elecciones “democráticas” en Venezuela y después descongelan esos recursos.
Por esta razón que, pese a la buena fe del anfitrión de la reunión y de los directores de las carteras de exteriores de los países participantes, la realidad es que la reunión tendrá éxito en la medida en que la presión de la comunidad internacional consiga que la Casa Blanca descongele estos activos, confiscados en un acto de franca piratería internacional.
Obstáculos
El encuentro no busca sustituir la mesa de negociaciones de México, según precisó el presidente Petro en diálogo con periodistas, sino “relanzar” las conversaciones en la capital azteca y acercar una solución a la crisis política en la vecina nación.
Nicolás Maduro y el coordinador de la mesa de diálogo por parte del gobierno, Jorge Rodríguez, indicaron que, para avanzar en la agenda de diálogo se requiere eliminar las más de 700 sanciones de diversa índole, impuestas de manera unilateral por Estados Unidos.
Un comunicado de prensa de la Casa de Nariño había precisado: “El objetivo de la reunión es reabrir caminos y construir una hoja de ruta para estimular y apoyar el diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Venezuela”. No obstante, como se ha mencionado antes, las partes parecen distantes para alcanzar un punto de confluencia. Detalles más concretos en esta dirección no alcanzamos a conocerlos, dado que la reunión de cancilleres de Bogotá se dio casi a la hora de cierre de esta edición.
Las sanciones
Lo que sí trascendió es que había una agenda probable, algunos de cuyos puntos ocuparon la atención de Petro y Biden en su reunión en la Casa Blanca: un calendario electoral con garantías para la oposición, la reincorporación de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la supresión progresiva de sanciones por parte de Estados Unidos y algunas naciones europeas.
En la medida en que se iba acercando la fecha de la cita en Bogotá fue quedando claro que un propósito central de la reunión fue encontrar de todas maneras un mecanismo para ablandar las sanciones económicas, financieras, comerciales y diplomáticas impuestas al gobierno bolivariano.
Este aspecto lo dejó muy en claro el presidente Petro durante su intervención en las Naciones Unidas: “El objetivo de la cumbre en Bogotá es que no haya sanciones y que haya mucha más democracia”. Al margen de esto, los análisis que comienzan a conocerse en torno a la cita de Bogotá señalan que, tanto la oposición venezolana como la administración norteamericana deben entender que en América Latina se vive una nueva realidad, que gira a la izquierda, y que todo el andamiaje de sanciones contra Venezuela no logró finalmente la desestabilización ni el debilitamiento de la gestión de Nicolás Maduro, que permanece sólido y estable en el poder.
En este punto, se percibe un cambio de enfoque entre la administración Biden y la de su antecesor Donald Trump. El republicano le apostó al golpe de Estado, intentó la intervención militar a través de territorio colombiano, endureció las sanciones contra el gobierno bolivariano, alentó la figura de un “presidente interino” que jugó el rol de cabeza de playa para un abierto intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela.
Saqueo en tiempos de guerra
Ahora la Casa Blanca ya no habla de apartar a Maduro del gobierno, ha desechado la fórmula de Juan Guaidó y prefiere hablar de calendario electoral con garantías, de unos comicios donde participen observadores internacionales “confiables”, de una separación real de poderes públicos y de democracia.
Claro, el concepto de democracia para Washington es afianzar, de alguna manera en Venezuela, un régimen pro norteamericano que abra de nuevo las puertas del país a las grandes empresas transnacionales, vale decir, al saqueo de los inmensos recursos naturales de la nación suramericana, que tanta falta hacen a la economía gringa en tiempos de guerra.
Para el gobierno venezolano, y para el presidente Petro, auspiciador del encuentro, democracia es respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano a decidir su destino, a darse el gobierno que desee, a construir un concepto de soberanía, sin la intervención de agentes externos en sus decisiones. Y en la lucha por el respeto a estos derechos soberanos, hay todavía un largo camino por recorrer.
Lo cierto es que los países amigos, si lo desean y coinciden en ello, pueden hacer un aporte sustancial en un asunto, que no solamente contribuye a solucionar dificultades internas de los venezolanos, sino a consolidar la paz, allá, en Colombia y en América Latina.
