Según organizaciones de transportadores de carga, cerca de 300 mil vehículos están en paro por incumplimientos del gobierno nacional; en palabras del Ministerio de Transporte solo el 40% guardó sus camiones
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
El pasado 22 de febrero, luego de una reunión de 36 horas entre los transportadores y los ministerios de Transporte, Minas y Energía, y Protección Social, se rompieron las negociaciones y las agremiaciones dieron paso a su planeado cese de actividades.
Ya se habían desarrollado 70 reuniones entre gobierno y dirigentes gremiales en los últimos 18 meses, aunque sin alcanzar acuerdos. Por eso, organizaciones como la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), la Asociación Nacional de Transportadores (ANT), algunos sectores de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT) decidieron convocar a una inmovilización de vehículos de carga en todo el país, hasta que el Ministerio de Transporte cumpla los acuerdos de años anteriores.
Al final de las discusiones, los representantes del Estado solo habían aceptado bajar 200 pesos por galón en el precio del combustible y congelarlo durante tres meses; hacer un estudio para determinar si presentan un proyecto de ley acerca de la pensión de los conductores; y ajustar el precio de postulación de mulas para la chatarrización a 76 millones.
Los incumplimientos
Los transportadores dicen que sus problemas se acrecentaron en el año 2011, con la eliminación de la tradicional tabla de fletes, cuando el Gobierno Nacional, con el argumento de la competitividad, dejó a los transportadores en un sistema de “libertad vigilada”. De esta manera, logró que los empresarios rompieran con la estabilidad del transporte y les rebajaran a pírricos valores los fletes, al punto que en muchas ocasiones los transportadores deben poner de su bolsillo para movilizar la carga, ya que no alcanzan a cubrir los costos de su labor.
Entre los problemas denunciados por los transportadores ese mismo año, están la sobreoferta vehicular -muchas veces generada por el lavado de activos- y el progresivo aumento del precio de los combustibles.
Al respecto, Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo nacional de la ATC, dice que le han propuesto al Gobierno la refinación en Colombia para sacar provecho de los nueve mil millones de dólares que le han invertido a la refinería de Cartagena, y que pueda refinar el 23% del millón de barriles diarios que produce el país, y ser aprovechado por el sector de vehículos de servicio público productivo. Además, de esta manera los precios no dependerían de referencias internacionales ni de las fluctuaciones del dólar.
Con la movilización del año 2013, los transportadores lograron que el Ministerio de Transporte emitiera el decreto 2228 para establecer que los pagos a los transportadores se basaran en los costos operativos propios de la labor. El compromiso era que ese ministerio y la Superintendencia de Puertos y Transporte vigilarían y sancionaría a las empresas que incumplieran. Un año y medio después, y luego de 70 mesas de trabajo, el Gobierno no ha cumplido y esos trabajadores siguen sujetos a la imposición de la industria generadora de carga.
Ese mismo año, también se conformó una mesa técnica con el Ministerio de Minas y Energía para modificar la fórmula que fija los precios de los combustibles, con el compromiso de que este se mantendría estable hasta que no se modificara el método. Según los transportadores, la mesa fue cancelada arbitrariamente y sin notificación.
Los transportadores advirtieron que el Ministerio de Transporte ya tiene listas resoluciones para instalar nuevos peajes en diferentes vías del país, con lo que aumentarían los costos de esos trabajadores hasta en un 300%. La medida es rechazada por la inadecuada infraestructura vial y por la falta de garantías para el pago de los costos de transporte por parte de la industria generadora de carga.
Además, los gremios de camioneros solicitan que los conductores de vehículos de carga sean considerados de categoría cinco o como profesión de alto riesgo y que sus pensiones se den a los 20 años de servicio si tienen en cuenta sus extensas jornadas laborales.
Como si todo lo anterior fuera poco, las agremiaciones también denuncian abusos por parte de la industria en el pago descargues y descargues stand by o tiempos muertos; y por parte de las autoridades en temas como llantas lisas, restricciones, básculas mal calibradas, instalaciones en puertos y sitio de carga e inseguridad, entre otras.