El gobierno de Juan Manuel Santos, que está comprometido con unos diálogos de paz en La Habana, ordena y orienta una guerra contra el Pueblo Nasa que reclama las tierras que le han arrebato a lo largo de los últimos dos cientos años, terratenientes y empresarios nacionales y extranjeros.
José Ramón Llanos
Cuando Colón llegó a nuestro continente estaba poblado por tribus indígenas que explotaban la tierra los ríos y la gran biodiversidad colectivamente. Eso lo sabe cualquier niño que haya cursado el tercer grado de primaria. Lógicamente también lo saben los gobernantes de toda Latinoamérica.
Por supuesto, la burguesía sabe que la Independencia le dio la oportunidad a las familias latifundistas nacionales para aumentar sus extensas posesiones de tierras, arguyendo compensaciones por los sacrificios derivados de la lucha liberadora. En realidad, cada hectárea apropiada por los terratenientes, era una hectárea escamoteada a los primitivos dueños colectivos de tierras y recursos naturales de nuestro país: los indígenas.
Con el tiempo, basados en el marco jurídico-político construido por terratenientes y empresarios urbanos, el Ejército Libertador se convirtió en Fuerzas Armadas, defensoras de las instituciones burguesas, mediante las cuales se justifica y ampara, el despojo de las propiedades de los distintos pueblos y comunidades nativas. Así el Ejercito Libertador, devino Fuerzas Armadas represoras de los indígenas que reclaman y luchan por recuperar su Madre Tierra. Esa transformación institucional, constituye una de las causas de los distintos conflictos armados que desde los años cuarenta del siglo XIX, aquejan a nuestra nación.
El gobierno de Juan Manuel Santos, que está comprometido con unos diálogos de paz en La Habana, sin embargo, ordena y orienta una guerra contra el Pueblo Nasa que reclama las tierras que le han arrebato a lo largo de los últimos dos cientos años, terratenientes y empresarios nacionales y extranjeros. Estos sucesos nos dan una lección: El Presidente privilegia sus compromisos con su clase, y en lugar de apoyar las reclamaciones justas de los indígenas, desata la represión contra ellos, para defender a los depredadores de las tierras de los Nasa.
Como vemos, no basta con firmar acuerdos de paz en La Habana, para garantizar el fin del conflicto social armado. Es necesario que se reformen las instituciones y el marco jurídico-político que sustenta la inequidad, el atropello del pueblo y el permanente despojo de las comunidades nativas, de los pequeños propietarios rurales por parte de terratenientes y el empresariado agrícola. Además, los gobernantes deben comprometerse a respetar y defender la nueva institucionalidad que surja de los acuerdos de paz y de la acción política de los guerrilleros para dinamizar una real democracia participativa.
Ese anhelo del pueblo por ahora es futurible. En estos momentos, los Nasa necesitan de la más activa y masiva solidaridad para detener la cruenta represión y que se les devuelvan las tierras usurpadas. Señor Presidente, res non verba, pare ya la violencia contra los Nasa. Demuestre que sus mensajes de paz, se concretan en la realidad.
