La construcción de la paz exige la confesión de todos los responsables de la violencia, no solo la confesión de los guerrilleros y los miembros de las Fuerzas Armadas.
José Ramón Llanos
Algunos acontecimientos ocurridos en los últimos meses indican que el proceso de paz es irreversible. Por ejemplo, los más recalcitrantes enemigos de la Mesa de La Habana, ya están matizando sus declaraciones y comentarios. Hasta el lenguaje de los medios derechistas y representantes del empresariado monopolista, dejaron de llamar a las FARC-EP, terroristas. Sin embargo, es necesario precisar algunas cuestiones que hasta ahora han merecido pocos comentarios o que están ocultas detrás de eventos de poca importancia para conveniencia de los usufructuarios de la situación actual.
Cuando se iniciaron los diálogos, no había un vencedor ni un vencido en la contienda Fuerzas Armadas- FARC-EP. En consecuencia, el nuevo estatus de uno y otro ejército y la situación política posterior a los Diálogos depende de los acuerdos allí logrados. Por ejemplo, ya el Gobierno está comprometido a crear las condiciones para que los guerrilleros puedan actuar políticamente y planteen a todos los colombianos sus tesis y programa a través de documentos y discursos en los medios de comunicación con la finalidad de obtener el apoyo electoral que les permita llegar a los cuerpos colegiados y mediante proyectos de actos legislativos, leyes, ordenanzas y acuerdos reformar las instituciones y crear políticas más acordes con los intereses y necesidades de la mayoría de la población.
Por otra parte, algunos militares retirados han expresado su acuerdo con la determinación de que los beneficios que se le concedan a los guerrilleros, también beneficien a los miembros de las Fuerzas Armadas. Claro está que para recibir esos beneficios, debe haber plena confesión y reconocimiento de los delitos cometidos. Aún más esos militares deben identificar a los gobernantes que diseñaron las políticas y ordenaron la represión, las desapariciones y asesinatos. No solamente deben ser inculpados los soldados que se limitaron a cumplir órdenes de los civiles, estos también deben ser identificados y juzgados. No más gobernantes eludiendo su responsabilidad detrás de las condenas a militares.
De igual manera, deben comparecer y asumir su culpabilidad en la violencia dirigida contra el pueblo, los banqueros, latifundistas, ganaderos, el empresariado, que financiaron a paramilitares e incluso orientaron a algunos militares para que defendieran de manera ilegal sus propiedades adquiridas mediante grandes desplazamientos de campesinos.
La construcción de la paz exige la confesión de todos los responsables de la violencia, no solo la confesión de los guerrilleros y los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta confesión de todos los responsables y su amnistía, es la garantía de que la totalidad de los estamentos nacionales se comprometen con la construcción de un nuevo país, con el objetivo de garantizar una real democracia, equidad y plena soberanía.
