Detrás de los parlamentarios corruptos que quieren llevar a Dilma Rousseff al banquillo de los acusados, hay un generoso e intenso lobby político de los grandes poderes transnacionales, interesados en recuperar privilegios a los cuales se opuso el gobernante Partido de los Trabajadores
Alberto Acevedo
Evidentemente, la crisis política que se vive en Brasil no es un asunto exclusivamente doméstico, que interese solo al país más desarrollado y de mayor población del continente. Del destino final del gobierno del Partido de los Trabajadores, dependerá la suerte de expresiones de integración regional tan importantes como Mercosur, Unasur y el Alba, pero también iniciativas más audaces, contra hegemónicas, que como los Brics, le disputan la pretensión de liderazgo unipolar a potencias como los Estados Unidos.
Por eso muchos observadores de la realidad política latinoamericana ponen sus ojos en Brasil, y aprietan los dientes y se comen las uñas, con la esperanza que en el debate que se anuncia en el senado para ratificar o negar un proceso político a la presidenta Dilma Rousseff, esta salga airosa, y con ella el proceso de reformas sociales puesto en marcha durante los cuatro gobiernos del PT.
El interés de las grandes corporaciones transnacionales por el futuro del Brasil es comprensible. Brasil siempre fue un vecino incómodo para los Estados Unidos. Por su peso específico, geográfico y poblacional, la primera economía latinoamericana se negó a formar parte del patio trasero de los Estados Unidos.
Con la aparición de los Brics, Brasil se hizo socio de Rusia, India, China, Sudáfrica y otras naciones que se disputaban el mercado global y rompían el liderazgo de Estados Unidos después de la segunda guerra mundial. En el terreno continental, la disputa se daba en la misma dirección, al establecer bloques de cooperación regional, con sentido patriótico, como los ya señalados.
El panamericanismo de Washington
Unos años antes, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner, Lula y Chávez, América Latina había sepultado el panamericanismo de Washington, expresado en el denominado Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, Alca, que se levantaba amenazante como expresión de nuevo colonialismo.
Lógico es suponer que ante una eventual caída del gobierno de Dilma Rousseff, los intereses de los Estados Unidos y de las grandes transnacionales saldrán favorecidos y con los apoyos que ahora brindan a los golpistas de nuevo cuño, participarán en la repartición del pastel.
Ya se sabe que desde hacía varios meses se venía fraguando una alianza entre el socialdemócrata PSDB, opuesto al gobierno Rousseff, y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al cual pertenece el actual vicepresidente, que debía anunciar un rompimiento con el gobierno y deslizarse desde sus posiciones de centro a una infamante derecha.
El actual vicepresidente, Michel Temer, que ya se siente gobernando, ha deslizado algunos nombres de quienes podrían integrar su gabinete o el equipo de sus colaboradores. Y llama la atención, entre ellos, el nombre de Paulo Leme, actual presidente del directorio de Goldman Sachs en Brasil, para ministro de Hacienda o para la dirección del Banco Central.
Es evidente que la extrema derecha, militarista y racista de Brasil, de la mano de la derecha internacional, han dado el primer paso para quitar del camino el gobierno de Dilma Rousseff. En el fondo, el objetivo no es Dilma, ni es Lula. Se trata de quitar del gobierno al Partido de los Trabajadores y lo que él representa.
Es contra los cambios sociales
Y el proceso de retoma de la derecha en América Latina, tiene el mismo signo. No es contra Evo, contra Correa o Nicolás Maduro. Es contra la concepción de los gobiernos progresistas, es contra la oportunidad de brindar una vida decente a los pobres. Es para derrocar la revolución bolivariana y lo que ella representa en cuanto a esperanzas liberadoras para los pueblos de América Latina.
La estrategia de golpes blandos en Brasil y Venezuela es contra las políticas de inclusión social, contra los anhelos de independencia material de la coyunda de Estados Unidos. Si el pueblo y los trabajadores conocen y son conscientes de sus derechos, esto aterra a los poderosos.
Por eso hay una guerra sucia contra Nicolás Maduro, contra Dilma Rousseff, contra Rafael Correa, contra Evo Morales. Una batalla con un soporte mediático, que empieza a dar sus frutos por el enorme poder de desinformación.
Entonces la contienda política que hoy se libra en Brasil, y que tendrá su escenario próximo en el senado de la república, no es por un problema de principios morales, ni siquiera es una batalla democrática. A menos que los apetitos más sórdidos de la burguesía brasileña se consideren encarnación de la democracia.
La corrupción de la clase política brasileña, la misma que quiere sentar en el banquillo a Dilma Rousseff es peor y más grave que los señalados casos de miembros del PT llevados a prisión. En el sonado caso de Lava Jato, presentado como ejemplo de lucha contra la corrupción, han sido arrestados 113 personajes, entre ellos los más poderosos empresarios del país, pertenecientes a 16 consorcios industriales y comerciales, algunos de ellos entroncados en capitales internacionales, como Odebrecht, Mendes Junior, Camargo Correa, Engevix, Queiroz Galvao, entre otros. Es la oligarquía de ese país, que supura corrupción y dinero mal habido, la que ha comenzado a ir a la cárcel.
Convocadas nuevas batallas
Y no nos llamemos a engaños. Retirado el Partido de los Trabajadores del poder, a todos esos procesos por corrupción les van a echar tierra, los van a echar al olvido. En el caso de los procesos administrativos y penales que cursan contra miembros del parlamento, de los partidos tradicionales, se ha insinuado que estos deberían ir solamente hasta diciembre próximo, en el peor de los casos.
Y una perla: en el Facebook del juez federal Catta Preta Neto, el que derogó el nombramiento de Luis Inacio Lula como jefe de gabinete de la presidenta Dilma, el pasado 7 de marzo apareció un mensaje de la siguiente catadura: “Ayude a derribar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y Orlando. Si ella cae, el dólar bajará”.
La estrategia pues, está clara. Lo que la burguesía brasileña no consiguió en las urnas con el voto popular, lo consiguieron con el voto de unos congresistas corruptos, para imponer su voluntad sobre 54 millones de ciudadanos que votaron por Dilma. Sin embargo, la balanza no se ha inclinado definitivamente en contra del gobierno del PT, y quedan pendientes otras batallas, las más importantes, las que libre el pueblo en las calles para defender un proyecto social que es suyo.
