En la capital del país, durante el 2016, se vivió una intensa dinámica de movilizaciones sociales, ligadas a la defensa de lo público y por la garantía de un derecho fundamental: la paz
Carolina Tejada
Tan pronto Enrique Peñalosa asumió la administración de la capital, diversos sectores sociales empezaron a sentir el cambio en la política pública. Los planes de gobierno presentados y aprobados en el concejo de Bogotá evidenciaron cambios estructurales en la concepción del derecho a la ciudad, la accesibilidad a derechos esenciales como la salud, la educación, los servicios públicos y el respeto por el medio ambiente, entre otros.
También implicó algunos cambios en la contratación y los salarios de los funcionarios, la reducción del personal que venía asumiendo planes estratégicos, particularmente los del sector salud. Todo ello enmarcado en la implementación de un nuevo modelo de salud, en este caso definido en las redes hospitalarias.
Según el movimiento por la defensa de la salud, que creció en la medida en que se agudizaron las contradicciones sociales con la Administración, ésta sería una apuesta que limitaría el acceso a la salud y, contrario a la necesidad de optimizar este servicio y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, lo que se evidenciaba era la agudización de una crisis en salud, en la prestación del servicio a la población. Lo único que se estaría garantizando sería el aumento en la intermediación en el servicio y la entrega por medio de concesiones de la responsabilidad de este derecho a las empresas privadas.
Se creó el Instituto de Gestión de Urgencias y Emergencias en Salud, lo cual también implicaba la privatización de los servicios de urgencia en los hospitales, y el aumento de los despidos masivos que para el mes de junio alcanzaban los 1.300 trabajadores desvinculados, muchos de los cuales se acercaban a los 12 o 16 años desarrollando labores para el sector. Esta situación se da gracias a que la mayoría de estos trabajadores de la salud no cuentan con una contratación laboral estable, por lo tanto son vulnerables de ser despedidos.
La educación en la mira
Otro de los elementos que ha suscitado gran interés y movilización social es el desmantelamiento del derecho a la educación de la primera infancia y adolescencia. La Asociación Distrital de Educadores, ADE, ha venido denunciando los recortes a la educación, al plan que brindaba la posibilidad de que niños y niñas en condiciones de discapacidad o necesidades especiales tuvieran una atención adecuada y con profesionales a la altura de sus necesidades. Estos planes quieren ser desmantelados, lo cual dejaría a cientos de niños sin dicha atención, y a otros tantos docentes por fuera de la contratación.
Igualmente se ha denunciado que la actual Administración impone una ampliación de recortes de las semanas no presenciales para los docentes, que ahora han pasado a ser presenciales por decisión unilateral de la Secretaría de Educación. Estas son la de Semana Santa y otra en octubre, durante la semana de receso estudiantil. Los docentes también denuncian que les han venido corriendo la fecha para los pagos del salario, entre otros elementos.
La defensa de las empresas públicas
El Concejo de Bogotá, que en su gran mayoría rodea la Alcaldía actual, dio vía libre al mandatario para ofertar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB y vender el 20 por ciento de las acciones que el Distrito Capital tiene en la Empresa de Energía de Bogotá, EEB. La venta de este porcentaje de la EEB equivale a 1.836’235.403 acciones, con lo cual la Administración buscaría conseguir 3,5 billones de pesos, que según ha afirmado se invertirían en vías. Esta venta garantiza a la ciudad una pérdida, según cifras oficiales, de unos $682.333 millones por los dividendos de la EEB, los cuales dejaría de recibir en los próximos cinco años. Estos recursos estaban destinados a la bolsa para la salud, educación, programas sociales, etc.
Ambas decisiones han sido señaladas como parte de una estrategia desde la Administración distrital para desangrar las finanzas de la ciudad y por el contrario garantizar jugosos negocios ligados a la construcción de vías, peajes y la puesta en marcha de varios carriles de Transmilenio que estarían dentro de los intereses que, como lo han señalado algunas organizaciones sociales, solo benefician a las empresas privadas y a quienes ayudaron a financiar la campaña del actual alcalde.
En defensa de estas empresas no solo han estado las organizaciones sindicales, también la ciudadanía movilizada en las calles, adelantando diversas acciones. También ha estado la Universidad Distrital que para el caso de la ETB se ve directamente afectada, pues la venta de la empresa representa la pérdida de dividendos que estaban destinados a la financiación de la educación superior. La bancada democrática en el concejo, siendo minoritaria, ha venido adelantando acciones legales con el ánimo de frenar dichas medidas.
Particularmente, para el caso de la EEB, según mencionan, la ley ordena presentar primero el plan de enajenación y luego sí pedir la autorización para enajenar, cosa que no sucedió antes de la aprobación de esta venta, elemento que estaría violando el artículo 7 de la ley 819 de 2003, y que dejaría a la Administración en un impedimento legal.
Entre el negocio del cemento y el medio ambiente
Tal vez el caso más sonado en la ciudad, en términos de la defensa del medio ambiente, ha sido la reserva Van der Hammen. A pesar de que en el 2010 se habían elaborado unos estudios que evidenciaban la importancia de la reserva y la diversidad de especies que cohabitan en ella, la presencia de agua subterránea a escala de la misma, la Administración distrital ha desestimado dicho trabajo y, por el contrario, su plan de desarrollo tiene entre ojos a la reserva para la ampliación de vías, construcción de viviendas, bajo el argumento de ser simplemente un potrero.
Este mismo calificativo le ha costado a la Administración el que la ciudadanía, las organizaciones ambientalistas, pongan el ojo sobre el caso y se estén empoderando como defensores de este territorio, pues este sería el pulmón más importante de la capital. La presión ciudadana ha ameritado que desde el Congreso varios representantes solicitaran una revisión al Plan de Ordenamiento Territorial y la supuesta proyección de 80 mil viviendas en la reserva.
La capital de la paz
Bogotá rodeó la paz, no solo diciendo sí al plebiscito por la paz, con 1,4 millones de votos, para un 56,07% de votos, frente a 1,1 millones por el no, 43,92%. También fue contundente en el momento en el que se conocieron los resultados que le dieron la espalda a un proceso de más de cuatro años.
Varias y permanentes fueron las movilizaciones sociales que colmaron sus principales calles. Miles de personas se sumaron para rodear el proceso, muchas de ellas, sin siquiera haber participado en el plebiscito. El mismo 5 de octubre en horas de la tarde, con banderas blancas, carteles y flores blancas, en un solo sentimiento fueron llenando la plaza de Bolívar en donde se escuchaba: “No más guerra, queremos paz”. Así mismo se conformaron los movimientos ciudadanos Paz a la Calle y Campamento por la Paz, que mantuvieron un llamado permanente al Gobierno nacional y al país, de no bajar la guardia con lo acordado. Bogotá se movilizó y se convirtió en un referente para el país.
