Campesinos de ocho municipios iniciaron un proceso constituyente regional. El 24 de septiembre se instalaría mesa de interlocución
Agencia Prensa Rural
Las comunidades movilizadas en el campamento de refugio humanitario de Barbosa (Antioquia) iniciaron un proceso constituyente regional cuyo lanzamiento se celebró del 8 al 10 de septiembre pasado.
Las diferentes delegaciones que allí concurren, luego de un mes de movilización, realizaron un ejercicio de formular un mandato agrominero, cuyos resultados fueron socializados en asamblea.
Los artículos del mandato exigen el reconocimiento del campesinado como actor político en el territorio colombiano y sujeto de derechos. Así mismo, hablan de las garantías que el Estado debe brindar para el ejercicio político y su libre manifestación sin ser objeto de persecución o represión.
Entre los 63 artículos que constituyen el mandato se contemplan también las garantías económicas para las juntas de acción comunal (prioritariamente las veredales), para su fortalecimiento y protección tanto física como sicológicamente ante los intereses de las grandes empresas multinacionales.
En los planteamientos de las comunidades se hace énfasis en la aplicabilidad de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como figura jurídica para garantizar la tenencia de la tierra y el respeto a los territorios, de las regalías que deben generar las multinacionales mientras salen de ellas, y de la devolución de territorios perdidos por el conflicto social y armado.
Además, se exigen garantías para los planes y proyectos que se desarrollen en las ZRC, con asistencia técnica, autonomía y adecuación de vías que posibiliten la comercialización de productos a precios justos, indemnización por fumigaciones indiscriminadas con glifosato y otros, sin dejar de lado la exigencia del reconocimiento de las ZRC ya constituidas.
Minería
En cuanto al tema de la minería, el mandato demanda la titulación autónoma, subsidios para barequeros y pequeños mineros, y precios justos en combustibles usados para esta actividad.
Además se rechaza la venta de territorios a multinacionales, así como el traspaso de los títulos de pequeños mineros a las grandes empresas. Del mismo modo se pide el reconocimiento de la pequeña y mediana minería como patrimonio histórico nacional.
En varios puntos, el mandato agrominero deja por sentado que toda propuesta, plan o proyecto para la región debe ser ejecutado, o en su defecto, consensuado por las comunidades, quienes exigen potestad para reconocer y decidir sobre cualquier intervención en sus territorios.
El documento finaliza instando a la indemnización de las familias afectadas por megaproyectos, multinacionales y transnacionales.
Interlocución con las autoridades
Los líderes de las delegaciones movilizadas se han reunido con funcionarios de la gobernación departamental en el marco de la mesa de interlocución, luego de los acuerdos llegados tras el paro agrario.
En una reunión preparatoria en Medellín se abordaron temas como las garantías de seguridad para el refugio humanitario y para el retorno de las comunidades tras la firma de un eventual acuerdo.
Los voceros de las comunidades ratificaron ante las autoridades la determinación de permanecer en concentración como apoyo al paro nacional agrario y popular hasta obtener respuestas serias y tangibles de parte de las instituciones oficiales.
Se solicitó también la presencia de organismos como la ONU y la Defensoría del Pueblo con el propósito de que sirvan como garantes de la mesa de interlocución.
Las comunidades propusieron un subsidio para la reparación de las familias que están en paro, dadas las pérdidas de cosechas y falta de ingresos. La administración respondió negativamente con el argumento de no contar con presupuesto disponible. Los delegados de las comunidades plantearon entonces el apoyo con insumos, incentivos y proyectos productivos.
Situación humanitaria
En la reunión se expusieron las denuncias de los constantes intentos de sabotaje y criminalización de parte de funcionarios y organismos de represión contra el refugio.
Se denunció, por ejemplo, el intento de soborno a las delegaciones campesinas, las detenciones arbitrarias sin el cumplimiento del debido proceso, como el caso (a nivel nacional) del compañero Húber Ballesteros, entre otros líderes sociales y campesinos.
Además, la publicación por parte de la administración de Barbosa, de comunicados que pretenden individualizar y satanizar el proceso que adelantan las comunidades en el refugio humanitario; y la circulación por parte de la Policía de un “cartel” -como el de Bogotá- con rostros de campesinos que en su mayoría son ajenos a actos vandálicos.
Los líderes también repudiaron el papel de desinformación asumido por los medios de comunicación oficiales, en actitud de distracción que solo busca empantanar el proceso de concertación.
Se solicitó también iniciar acciones judiciales por las agresiones de la Fuerza Pública (en concreto, el Esmad) contra los manifestantes, y el uso de fondos por parte de funcionarios de la administración barboseña para intentar sobornar a campesinos del refugio para que lo abandonen.
En la reunión con las autoridades se dejó como fecha tentativa para la instalación oficial de la mesa de interlocución el 24 de septiembre.
En Bogotá
Representantes de las delegaciones del refugio humanitario de Barbosa viajaron a Bogotá para participar del lanzamiento de la Cumbre Agraria y Popular, donde se presentó una mirada común de los aspectos positivos y logros del paro agrario y popular.
En este escenario se hizo un análisis de las apuestas de unidad y de las iniciativas de tipo político que se desarrollarán en el marco de la gran Cumbre Agraria, Campesina y Popular.
En el campamento de refugio humanitario de Barbosa se encuentran delegaciones de ocho municipios de las subregiones antioqueñas de Magdalena Medio, Nordeste y Noroccidente, que constituyeron una coordinación agrominera en el marco de la movilización.
