El Partido Comunista busca que la JEP sea el primer tribunal del mundo que tipifique y condene a los perpetradores de delitos como homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados contra sus militantes
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
En el documento intitulado Banderas rojas en vuelo libertario, el Partido Comunista Colombiano, PCC, expuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cómo durante más de cinco décadas fue víctima de más de 304 homicidios, 35 desapariciones forzadas, desplazamientos forzados en las regiones priorizadas (Meta, Magdalena Medio y Urabá), en el contexto de una política que buscaba desestructurar a este colectivo y a la Juventud Comunista, JUCO, en el territorio nacional.
La investigación fue entregada el 22 de julio de 2020 y la Sala de Reconocimiento de la JEP aceptó como víctima al PCC, el 26 de mayo de 2021.
Rubiel Vargas, abogado de esta colectividad política, explicó a VOZ que esa organización sufrió hechos victimizantes desde 1958, año que el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc dio como inicio de los sucesos a investigar en el conflicto armado, y que van hasta 2016.
Aunque el PCC hace parte de la Unión Patriótica, pidieron a la JEP verdad sobre lo ocurrido con sus integrantes, porque presentaron documentación sobre víctimas anteriores a la fundación de la UP.
Para la recolección de la información, los investigadores dividieron el tiempo en periodos e identificaron las características, como actores y hechos victimizantes. “Con base en la Doctrina de Seguridad Nacional, en los años 60 el enemigo del Estado eran campesinos, por eso hubo bombardeos a determinadas zonas, lo que originó desplazamientos masivos. En esos desplazamientos el Partido Comunista construyó pueblos”, explicó el abogado para significar la importancia de la organización que representa.
Solo un ejemplo
A sus 64 años, Vilma Gutiérrez Méndez recuerda que el día del crimen hubo una asamblea en el barrio porque había problemas políticos. “Luego, las esposas de los dirigentes compartimos en una tienda, y como a las 10 y media me vine para la casa. Ellos se quedaron tomando. Empecé a escuchar voces y que la gente subía y bajaba. Al rato dijeron que a Humberto lo habían matado. Fui al lugar, pero ya lo habían recogido. Me fui para el hospital pensando que lo iba a encontrar con vida, pero no fue así. Tenía impactos de bala en la cabeza. Fue un día terrible”.
Se refiere al asesinato de su esposo, Humberto Morales Sánchez, quien tenía 23 años y era integrante de la dirección regional Meta del Partido Comunista Colombiano, PCC, directivo de la Central Nacional Provivienda, Cenaprov, candidato a la Asamblea del Meta por el Frente Democrático y fundador del barrio Las Américas. Dejó a su esposa con dos hijos, uno de dos años y otro de uno. A Humberto lo asesinaron el 5 de febrero de 1984.
Este es uno de los 1.200 casos que recibió la JEP en el informe presentado por el PCC a la Sala de Reconocimiento, dentro del Caso 06 ‘Victimización de Miembros de la Unión Patriótica.
En este, las víctimas solicitaron al tribunal el reconocimiento del delito de genocidio político y que el caso de la Unión Patriótica se ampliara con el del PCC, lo que fue aceptado por la Jurisdicción.
El abogado Rubiel Vargas comentó que durante un año 14 investigadores recolectaron y sistematizaron la información. Utilizaron una metodología inductiva, partiendo de lo particular a lo general y se planteó la hipótesis de la existencia de un genocidio político continuado y extendido, porque determinaron patrones de macrocriminalidad, sistematicidad del delito, perfiles de las víctimas y los posibles responsables.
“Siguen asesinando comunistas en todas partes donde este partido y su Juventud Comunista ha tenido presencia. Para demostrar esto se ubicaron las regiones de Urabá, Magdalena Medio y el Meta, y se buscaron 120 casos representativos y un universo de víctimas de 1.200”, señaló Vargas.
El tejido social, otra víctima
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el primer abogado del proceso de Humberto Morales Sánchez fue Pedro Nel Jiménez, quien fue asesinado en 1986, cuando era senador por la Unión Patriótica: “Lo último que me dijo es que en el crimen había cuatro implicados, pero que a dos los habían dejado libres porque no había pruebas, aunque les decomisaron armas de dotación oficial porque eran del Ejército. Luego que mataron a Pedro Nel nunca volví a saber nada”, comenta Vilma Gutiérrez, quien trabaja con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice.
La viuda de Morales Sánchez también expresa que hubo una persecución contra la Central Nacional porque tenía influencia de los comunistas y sus líderes constantemente eran encarcelados: “De los que trabajaron en estos barrios fueron asesinados cinco de sus presidentes y desaparecieron a otro. En el 86 asesinaron a Gabriel Briceño, luego a Rubén Lazo, a James Barrero, a Orlando Rueda lo desaparecieron y asesinaron a Pedro Nel, el senador que también era nuestro asesor jurídico. Todo eso le hizo mucho daño a la organización porque se dejaron de recibir auxilios para los barrios, para educación”.
Las ayudas que recibieron los beneficiarios de los planes de Cenaprov fueron afectadas, porque dependían en gran parte de la gestión que hicieran en los concejos y las asambleas departamentales los líderes políticos del PCC, que fueron cayendo asesinados paulatinamente.
“Nos ayudaron a tener escuelas, jardines infantiles o a conseguir dineros para proyectos. A mí me dieron mi lote por sorteo y compré los materiales. Decidíamos todos hacer un sancocho y con la orientación de maestros entre todos levantábamos, en uno o dos días, una casa. Al no haber luz, los vecinos nos reuníamos a jugar cartas, parqués. Con trabajo comunitario logramos acueducto y electricidad”, explica Vilma. De esta manera, en Villavicencio se construyeron siete barrios, entre los cuales están Portales del Llano, Las Américas, El Alcaraván y La María.
La familia como víctima
Ahora, Vilma espera la revisión del caso y que se conozca a los implicados en el crimen. “Recuerdo que un teniente de la Policía citó a mi esposo varias veces a la central de la Policía y lo amenazó de muerte. Eso fue en agosto del 83”.
La ausencia de Humberto fue muy grande en su familia. Ella asegura que hubo un gran sufrimiento en sus niños y que no pudo darles universidad, que seguramente con la presencia del padre la situación hubiera sido diferente. “Con el papá seríamos dos trabajando y armando un proyecto de vida. Hizo falta la parte moral, el ejemplo”.
En varias oportunidades Vilma debió recurrir a los tíos de sus niños para que los acompañaran en actividades en las que debían asistir con el papá. Su hijo mayor, quien hoy tiene 40 años, trabaja como taxista en la capital de Meta. Su mamá cuenta que cuando niño manifestó muchas veces la falta que le hacía su papá. Su segundo hijo trabaja en Bogotá en una empresa de sistemas antincendios.
Esta familia exige penas restaurativas para los responsables: “Que ellos digan quién ordenó y cómo pueden restaurar todo el daño que hicieron a una familia, a una organización y a la sociedad. Afectaron mucho a la Central Nacional, por ejemplo, han pasado tantos años y hasta hace poquito nos entregaron las escrituras de la casa”, reclama esta líder de derechos humanos.
Por sus aportes a la democracia, a las luchas sociales y por la violencia de la que ha sido víctima, el Partido Comunista espera que con la búsqueda de la verdad plena se logre su reparación y que la JEP sea el primer tribunal en el mundo que tipifique y condene a los perpetradores de este delito. “También consideramos que con la presentación de los informes se ayude a fortalecer la justicia restaurativa que es el eje de la Jurisdicción”, concluyó el abogado Rubiel Vargas.
