El 29 de octubre, cuando la senadora Aida Quilcué Vivas se desplazaba por la vía entre los municipios de Páez, Cauca, y La Plata, Huila, fue víctima de un atentado. Dos hombres armados que se movilizaban en moto le propinaron seis disparos a la camioneta de su esquema de protección. Ella y sus acompañantes salieron ilesos
Redacción DDHH
Este grave atentado se da en medio de una aguda situación de conflicto armado en el departamento del Cauca y de la sistemática persecución contra la lideresa y hoy senadora por la circunscripción especial de los pueblos indígenas y quien hace parte de la coalición del gobierno de Gustavo Petro.
Luego de conocidos los hechos, los pronunciamientos de preocupación y solidaridad no se hicieron esperar. La Comisión de DDHH y Audiencias del Senado rechazó el atentado y por medio de un comunicado contundente, expresó: “hacemos un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estos graves hechos, a la Unidad de Protección Nacional para que revise y refuerce el esquema de protección de la senadora, y a los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado para que asuman con la mayor diligencia las investigaciones profundas, que lleven a la identificación de las causas y de los autores intelectuales de este grave atentado”.
Antecedentes de una persecución
Es necesario resaltar que la senadora es beneficiaria de medidas cautelares solicitadas con el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y ordenadas en favor del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- desde 2009. Esta decisión se dio luego de que asesinaran Edwin Legarda, el compañero sentimental de Quilcué, y para ese entonces consejera del CRIC, quien había liderado masivas movilizaciones en el marco de la Minga Indígena de 2008 y quien para entonces había presentado en Ginebra, Suiza, las denuncias por la persecución a los pueblos indígenas.
Frente a estos hechos en los que perdió la vida su compañero sentimental, en el 2011, fueron condenados seis integrantes del Ejército Nacional involucrados en el homicidio de Edwin Legarda, y en 2015 el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, condenó al Estado -Ministerio de Defensa Nacional- por el homicidio de Legarda y le ordenó entre otras medidas de reparación, la realización de un acto de desagravio y perdón.
Desde la Unidad Nacional de Protección, a través de su cuenta en twitter, expresaron que dos hombres armados dispararon contra la senadora y que la UNP disponía de un esquema que protegía a la dirigente y a su familia, a lo que la senadora respondió: “A pesar de contar con un esquema de seguridad, el mismo es ineficiente, los vehículos asignados no están en condiciones y son inoperantes. En vez de decir que tengo esquema, cumplan el Fallo de Tutela 092-2022 del Tribunal Superior de Bogotá”.
Este atentado del que se desconocen los móviles pone en alerta al gobierno nacional, no solo por la grave crisis humanitaria en las regiones, también porque los hechos se dan en el marco de la actual coyuntura política de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, de la entrega de tierras a las comunidades étnicas, entre otros.
Ante la gravedad del caso, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se pronunció extendiendo su solidaridad con la líder: “Mi solidaridad profunda con la senadora Aida Quilcué. Rechazo el atentado del que fue víctima hace unas horas en territorio caucano. Acompaño y respaldo su mensaje: Seguiremos trabajando por la paz de Colombia y por la garantía de la vida y la seguridad de todas las personas”.
