“Señor presidente, díganos si tenemos derecho a vivir y hacer política en nuestro propio país”
Carolina Tejada
“Milton Yesid Escobar Ramírez era hijo del dirigente del partido Unión Patriótica, Rigoberto Escobar que fue diputado en Arauca. Este joven de 30 años, había sido de la JUCO y cuando pasó a trabajar con el partido se vinculó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, con el ánimo de apoyar mi esquema de seguridad en Arauquita hace dos años”, asegura Martín Sandoval.
A Milton Yesid junto a su otro compañero del esquema de seguridad de Martín Sandoval, presidente de la UP en Arauca, le correspondía viajar junto con su protegido a la ciudad de Bogotá para acompañarlo en unas diligencias nacionales, pero la UNP, como en otras ocasiones les negó los pasajes para viajar. Milton se encontraba a pocos metros de la sede del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cuando fue asesinado por hombres armados que se desplazaban en moto, en las horas de la tarde del día jueves 10 de marzo.
Crímenes políticos
Para Martín Sandoval, este es un crimen político. “Desde que iniciaron los diálogos de La Habana y la declaratoria del cese al fuego unilateral por las FARC desde el 20 de julio, eso dio una tranquilidad de sosiego en la región. Pero con la muerte de Milton y el asesinato simultáneo de Gil de Jesús Silgado, dirigente campesino de la vereda Santa Ana, municipio de Arauquita, afiliado de la Asociación Campesina de Arauca-ACA, las muerte ascienden a 20 en 20 días, y nos sorprende que una región como esta que es una de las más militarizadas del país tengamos 20 muertes y las autoridades militares no hagan nada”.
Según menciona Martín, estas muertes hacen parte de una supuesta limpieza social adelantada por los paramilitares, las principales muertes han sido de jóvenes señalados de consumir drogas o jalar carros, “pero ninguno de esos motivos justifica el que les quiten la vida”.
Igualmente menciona que es increíble que “mientras el gobierno habla de paz, no existe voluntad para combatir a los paramilitares, que en el caso de Arauca son los mismos sectores de la fuerza pública porque allí, a diferencia de otras regiones el paramilitarismo no se logró encubar, el tejido social y las mismas condiciones sociales de la región impidieron que se articularan”.
Garantías para el ejercicio de la actividad política
La UP, a través de un comunicado público, ha exigido garantías plenas para el ejercicio de la actividad política y social, asegurando que “no se puede hablar de paz, mientras el gobierno no muestra voluntad política, ni acciones para combatir el crimen organizado, ni el fenómeno paramilitar, verdadero obstáculo para la terminación del conflicto armado. Exigimos además una pronta, ágil y veraz investigación que dé con los responsables de estos asesinatos y que se les aplique todo el peso de la ley, para que no queden en la impunidad como muchos otros”.
Estos crímenes se suman a las más de siete muertes de dirigentes sociales y políticos en menos de 15 días. El pasado siete de marzo también fue asesinado el líder social William Castillo, tesorero y fundador de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco, Aheramigua, integrante además del movimiento político y social Marcha Patriótica.
William Castillo, había recibido amenazas de grupos paramilitares y fue víctima de un atentado en el año 2011, situaciones que se suman al largo accionar paramilitar en Guamoco, quienes han generado masacres, desplazamiento forzado y quema de aldeas.
Esta semana en diferentes zonas del país están convocadas movilizaciones y plantones en donde el movimiento social y político junto a la UP, le exigirán al gobierno nacional garantías para ejercer su derecho a hacer política. En voz de la presidente de la UP cuando expresa: “Señor presidente, díganos si tenemos derecho a vivir y hacer política en nuestro propio país”