Redacción Internacional
En conferencia de prensa celebrada el pasado primero de septiembre, junto a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, el mandatario triunfante en los pasados comicios electorales, Bernardo Arévalo denunció las “acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias destinadas a impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente, la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al Congreso de la República”.
Arévalo acusó directamente a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, al fiscal Rafael Curruchiche, al juez penal Fredy Orellana, así como a la junta directiva del Congreso y a “otros actores corruptos” de promover este presunto golpe. “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar el resultado de las urnas y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, precisó el candidato ganador.
Conocida la grave denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reaccionó urgiendo a las autoridades guatemaltecas a convalidar los resultados del balotaje.
Cuatro meses de tensión
“El Estado de Guatemala debe respetar el resultado de las elecciones celebradas de manera libre y justa, las cuales constituyen la máxima expresión de la voluntad soberana y uno de los fundamentos principales de la democracia representativa”, precisó la CIDH en un comunicado de prensa.
Arévalo argumentó además que faltan cuatro meses para la toma de posesión, un plazo en el que “estas mafias políticas intentarán consumar el golpe de Estado”.
Un elemento importante de este entramado desestabilizador es que el congreso de la República desconoció a la bancada del movimiento Semilla, que llevó a Arévalo a ganar la presidencia. Pero a su vez, el legislativo se apoyó en una decisión judicial mediante la cual al grupo político le quitaron su personería jurídica.
“Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de Justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular, expresada libremente en las urnas el 20 de agosto”, puntualizó Arévalo. El mandatario electo llamó a la sociedad en general a “unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular”.
Fiscalía sancionada
El panorama se ensombreció después de la sorpresiva victoria de Arévalo en la segunda vuelta y de la reacción de los sectores más retardatarios de la derecha política guatemalteca. Las autoridades electorales suspendieron al movimiento Semilla, pero oficializaron a Arévalo como vencedor de los comicios.
Esta es una situación inédita en Guatemala, que ha desatado el repudio internacional por la trama orquestada por la Fiscalía, cuya cúpula está sancionada por corrupción por el Departamento de Estado de los Estrados Unidos.
Arévalo, quien deberá convertirse en el primer presidente progresista de Guatemala en 70 años, anunció que emprenderá acciones legales, entre ellas el recurso de nulidad contra la medida, que considera parte de la “persecución judicial encabezada por la Fiscalía” y que es, a su juicio, un “golpe de Estado técnico”.
