¿Agenda legislativa para la paz? (Parte III)

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Foto: Pueblos - Revista de Información y Debate via photopin cc

Aunque pretendan negarlo lo que empieza a hacer crisis es el modelo económico. Difícilmente una economía y unas finanzas públicas en esta situación pueden ser prenda de garantía para el proceso de terminación del conflicto armado. Las cuentas claras

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Francisco Javier Toloza

Para darle sustento a su proyecto de presupuesto del año 2015, desfinanciado en 12.5 billones de pesos, el gobierno nacional se ha visto obligado a presentar una Ley de Financiamiento Especial, que como presentaremos no es nada distinto a una reforma tributaria soterrada. Como pasa con las reformas políticas, el estado colombiano se ha tornado adicto a las reformas tributarias, precisamente por el enfoque equivocado de éstas y su incapacidad por generar transformaciones de fondo tanto de la estructura neoliberal de las finanzas públicas como del modelo económico del país como tal, auténticos causantes del actual déficit que bien puede ahondarse en perspectiva.

Al igual que la reforma política en curso, esta ley de financiamiento modelo 2015 es fundamentalmente deshacer otras reglamentaciones tributarias introducidas recientemente. El Minhacienda aspira tapar el hueco fiscal del próximo año equivalente al 1.5% del PIB, pero dada la prolongación en el tiempo de sus medidas, subiría las recaudaciones en más de 53 billones de pesos durante el cuatrienio.

Las fuentes serán específicamente en esta oportunidad una nueva prórroga a los impuestos “temporales” del cuatro por mil (Gravamen a Movimientos Financieros, GMF) y al patrimonio –ahora llamado impuesto a la riqueza-, la eliminación de la devolución del IVA y la modificación del recién creado impuesto a la renta para la equidad CREE, con una sobretasa que se vuelve permanente. Queda claro que algo falla en los cálculos de la tecnocracia, que produce esta volatilidad del régimen tributario. La sabiduría popular ya sintetizó la errática política impositiva del estado diciendo que nada dura más en Colombia que un impuesto temporal.

El yerro es el de siempre: el paradigma económico que guía el proceder de los supuestos técnicos de la política económica en Colombia. Esta nueva reforma tributaria está destinada como todas sus antecesoras al fracaso en el corto plazo, al igual que los futuros apretones fiscales, mientras no se vaya al fondo del problema económico: el modelo de desarrollo y el modelo de estado.

Aunque la magnitud de estos debates inmediatamente causa pavor a aquellos que creen que éstos son axiomas incontrovertibles y manejan de forma antidemocrática como logia neoliberal la economía del país desde hace más de un cuarto de siglo, son debates ineludibles a la hora de superar esta colcha de enmendaduras en que han convertido las finanzas públicas, que por demás están hoy lejanas de resolver los requerimientos de la mayoría de los colombianos.

Cárdenas, pensando en su precandidatura de 2018 busca quedar bien con todos: por eso la reforma es superficial y solo solventa el déficit de 2015, sin ninguna de las proyecciones de fondo que se requieren. La ortodoxia neoliberal es tozuda como ninguna y la fidelidad de clase al capital financiero aun más.

Mientras se garantiza la regla fiscal en términos del presupuesto, la Ley de financiamiento no toca ninguno de los privilegios y exenciones otorgadas a la inversión extranjera, ilusionados en una muy difícil continuación del boom minero-energético, no dispensa la pesada carga de tributación en impuestos regresivos como el IVA, evita entrar en debates con la industria o el comercio, y ni siquiera es capaz de incluir el capital en acciones en la base gravable de renta o poner impuestos a los dividendos de quienes se benefician en el mercado bursátil.

De fondo hay una insostenibilidad de las finanzas públicas, ante dos fenómenos simultáneos: el primero es el crecimiento continuado del PGN, de 148 billones en 2010 a 216 billones en 2015, derrumbando las ambiciones de “austeridad fiscal” con que los tecnócratas hacen sus cálculos, que proyectan aún una reducción del 2.5% del PIB a 2025. Para aquellos que tacharon de “populismo” el gasto social, valga recordar que las “locomotoras del incremento” siguen siendo los rubros de deuda y guerra, acompañados por el despilfarro en “mermelada” para alimentar la maquinaria clientelista del régimen político.

Ejemplos para sopesar esta afirmación: la reforma tributaria de 2011 aumentó el recaudo en 13 billones de pesos hacia 2014, pero hoy el monto a pagar del servicio de deuda es 15 billones más grande que en el momento de la reforma. El mismo ministro Cárdenas lo plantea sin empacho: el mayor rubro a cubrir con la Ley de Financiamiento adicional será la ampliación del pie de fuerza de las FFMM en la que se dilapidarán 3.5 billones/año.

Ahondan el problema para los neoliberales las exigencias mínimas en educación, reducción de la pobreza e infraestructura demandados por la OCDE, que obligarían a varias reformas tributarias estructurales para acercarnos al nivel estándar de los países del grupo. El estado colombiano recauda vía impuestos menos del 13% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE supera el 34% del PIB.

Tan solo acercarnos implicaría por lo menos duplicar la carga impositiva (113 billones más), para hacer posible solventar los mínimos gastos sociales propios de la pertenencia a este grupo de países con que Santos sueña. Pero este nivel de tributación no puede lograrse gravando a las capas medias, promoviendo los regresivos impuestos indirectos y exonerando a los grandes capitales y la inversión extranjera.

En un país donde el 1% de la población concentra el 39.7% de la riqueza y el quintil más alto apropiándose de 30 veces más ingreso que el quintil más pobre, es claro hacia dónde debiera estar dirigida la carga impositiva, buscando mitigar la alarmante desigualdad. Pero he aquí la segunda causalidad de lo insostenible de las finanzas públicas neoliberales en Colombia, prisioneras de su propio dogma. El esquema tributario colombiano se montó bajo el sofisma de que gravar a los más ricos desestimula la inversión, así que a diferencia de la riqueza, la tributación sí debe distribuirse en el conjunto de la sociedad.

Hoy todavía impuestos indirectos, pagados por la amplia mayoría de los colombianos como el IVA o el cuatro por mil, son grandes recaudadores de ingresos nacionales, en tanto el pequeño puñado de magnates paga proporcionalmente bastante poco. Mientras que las rentas provenientes del sector minero-energético, piedra angular de las actuales finanzas públicas, ascendieron en 2014 al 2.5% del PIB, el IVA significó este año ingresos al estado por el 3.5% del PIB; cuando el llamado impuesto a la riqueza aspira recaudar entre personas naturales 0.2 billones en 2015, el GMF gracias a la bancarización masiva le reportará 3.4 billones de pesos al fisco el año entrante, esquilmados a los millones de cuentahabientes.

El gobierno centra buena parte de su discurso en la lucha contra la evasión que, aunque incluye temas importantes como el flujo de capitales desde y hacia paraísos fiscales, o la impúdica subvaluación de los predios propiedad de los grandes terratenientes, ignora que estos fenómenos más que accidentes son parte de la esencia misma de la formación socioeconómica colombiana, donde la especulación financiera y de tierras son aspectos cardinales.

Al mismo tiempo, esta cortina de humo sobre la evasión desconoce que existen formas legales de librarse de la tributación, mucho más rentables económicamente hablando. ¿Para qué evadir el pago si legalmente existe todo un sistema de exenciones y estímulos mucho más lucrativo para el gran capital?

El torrente de inversión extranjera ha sido no solo permitido sino promovido desde un esquema de exención tributaria que conforma un catálogo de obsecuentes dádivas al gran capital transnacional. Prebendas de todo tipo que durante el “boom minero-energético” significaron realmente un detrimento para el erario público y que hoy, ante los atisbos de crisis, la imposición de una tributación acorde no está en la agenda gubernamental. Según la investigación de la Contraloría General de la Nación, las mineras pagaron entre 2005 y 2010 un promedio de 878 mil millones de pesos en impuesto a la renta anual, pero obtuvieron en ese mismo periodo descuentos, deducciones y exenciones por 1.78 billones de pesos al año.

Los cálculos dicen que por cada $100 que pagó el sector minero-energético por regalías, el Estado le hizo descuentos en impuestos por $132, incurriendo en la práctica en un gasto fiscal. Algo similar pasa con los propietarios de acciones de las grandes empresas, ya que increíblemente los dividendos recibidos por los accionistas no tienen ningún impuesto. Hablamos de una masa de capitales de más de 500 billones de pesos solo de las cien grandes empresas que, aunque hoy generan altos rendimientos anuales, se encuentran fuera del régimen tributario. O la increíble rebaja de 33% a 14% a los intereses con los que se lucran los conglomerados financieros transnacionales que compran deuda colombiana.

Así pues, de igual forma que el gobierno nacional deja intactos los cánceres presupuestales de deuda y guerra para 2015, se condena a una crisis tributaria permanente al mantener inalterado el inicuo régimen de impuestos y exenciones profundizado en el neoliberalismo. Pero los problemas de las finanzas públicas no paran aquí y tienden a agravarse dada la deformación económica generada por el actual modelo de desarrollo y su inminente agotamiento. No hay reforma tributaria ni presupuesto sostenible sin transformaciones estructurales en el modelo económico.

¿Problema fiscal o de modelo económico?

Introduciendo todas las variables como la caída del precio del petróleo, la devaluación del peso y la consecuente elevación del monto de la deuda, algunos expertos se atreven a calcular el déficit para 2015, no en los 12.5 billones que cubrirá la ley de financiamiento sino en 21 billones, cerca del 3% del PIB.

En otras palabras, las dificultades fiscales actuales por 12.5 billones no serían más que la puerta de entrada a la crisis global de la tan publicitada “economía más fuerte de América Latina”, teniendo en cuenta que detrás de este desacople presupuestal se hallan guarismos de mayor preocupación como el sostenido déficit en la balanza de pagos y el resurgimiento de déficit comercial. El crecimiento económico no es el único indicador, máxime cuando se discute la sostenibilidad del mismo y los posibles estragos de esta volatilidad. No olvidemos que todos los “milagros económicos” europeos crecieron a grandes tasas antes de colapsar.

Aciertan en quejarse varios renglones de la economía sobre las cargas impositivas, ya que objetivamente el actual grado de distorsión de la economía colombiana solo ha beneficiado a pequeños circuitos de la reprimarización financiarizada, que no casualmente se han favorecido del actual régimen tributario con auténticos subsidios a su inversión. Es difícil sostener ingresos e impuestos cuando sectores como la industria o buena parte de la agricultura, generadores de valor y demandantes de trabajo, se encuentran en crisis estructural desde el inicio del período neoliberal.

Con posteridad a la crisis neoliberal de 1999, la tecnocracia colombiana le jugó sus restos al modelo neoextractivista, convirtiendo la economía del país en dependiente plena del flujo de capitales transnacionales y del ciclo finito de la explotación minero-energética. Hoy el 21% de los ingresos del estado provienen directamente del petróleo y su principal activo es Ecopetrol que le genera utilidades y le permite la emisión de deuda. La economía colombiana se ha sostenido con base en el superávit de su cuenta de capitales, es decir gracias a la inversión extranjera que llegó en 2013 a su récord de 16.800 millones de dólares, de los que el sector minero-energético concentró el 81%.

Hoy, luego de más de seis años de mutación y desplazamiento de la crisis global capitalista, se fermenta una nueva ola recesiva mundial que toca fuertemente América Latina, incluido nuestro país. El petróleo, bordeando los 80 dólares, augura grandes convulsiones para la economía colombiana en el corto plazo.

La ralentización de los países emergentes incluidos los Brics, el agravamiento de la crisis europea que llega al centro de la zona euro, el alza del dólar gracias a las estrategias de la FED, el petróleo misteriosamente barato del EIIL y el aumento de la oferta de crudo gracias al suicidio ambiental llamado fracking, contribuyen al unísono a destrozar los halagüeños cálculos macroeconómicos de los tecnócratas de Planeación y Minhacienda que contaban con un barril a 98 dólares para 2015.

Parece que la política y la realidad no le caben en su sistema ideal de mercado perfecto a los neoclásicos. Más allá de errores de prospectiva hay un desaguisado político al anclar la economía colombiana al modelo extractivista de dependencia plena de las cuentas nacionales del sector minero-energético.

Elocuentes efectos ya se pueden apreciar. Los ingresos fiscales provenientes del sector minero-petrolero (dividendos de Ecopetrol e impuestos de las empresas del sector) pasarán de 24.3 billones de pesos en 2013 a 14.9 billones en 2015. Ecopetrol se cotizaba en 2012 en 125 mil millones de dólares y hoy se estima en 62 mil millones de dólares. Su acción que en 2013 superaba los $5600 este mes estuvo por debajo de los $3000, lo que implica pérdidas para el patrimonio estatal por encima de los 53 mil millones de dólares, más que las reservas internacionales.

Los límites físicos y ambientales del modelo se empiezan también a sentir: la Ronda Colombia 2014 asignó 26 áreas para explotación petrolera entre 19 compañías participantes de la subasta, contrastando con 2010 donde se otorgaron más de 76 áreas entre 40 firmas interesadas. Las reservas probadas a 2013 son de 1.458 millones de barriles que nos condenarían a la importación de crudo en poco más de un lustro.

Pero los asomos de crisis no se circunscriben al presupuesto del estado: durante el primer semestre de 2014 el déficit en la balanza de pagos ascendió a más de 8.100 millones de dólares, el 4.4% del PIB, aumentando más del 40% con el registrado en 2013. La caída de las exportaciones, acompañada de un repunte de importaciones aupadas por los TLC, arroja una cifra de -3.454 millones de dólares en la cuenta comercial, después de estar en superávit en 2013, lo que explica parte del déficit externo.

Otro factor negativo fue la llamada cuenta de factores que registra por la remisión de utilidades de la inversión extranjera y pago de interés de la deuda, un saldo negativo para el país de 6.594 millones de dólares. El índice Colcap de la bolsa de valores de Colombia cayó 7% el último mes, mientras el peso continúa su tendencia a la devaluación, lo que de seguro no atraerá muchos capitales foráneos. La economía puede seguir creciendo un par de años más, pero el modelo neoextractivista financiarizado muestra ya su agotamiento e insostenibilidad.

Aunque pretendan negarlo lo que empieza a hacer crisis es el modelo económico. Difícilmente una economía y unas finanzas públicas en esta situación pueden ser prenda de garantía para el proceso de terminación del conflicto armado. Ni el presupuesto nacional ni su ley de financiamiento son normas para construir paz. Ministro Cárdenas: abalanzar al país al colapso económico del neoextractivismo no permitirá avanzar en la solución política.

Más allá de muchos cálculos sobre el “posconflicto” hechos de espaldas a quienes debemos confluir en la transformación del país para este fin, es claro que en la actual agenda legislativa del gobierno nacional no contempla en los requerimientos reales y propios de la construcción de la paz que demandan importantes transformaciones en la estructura económica y social de Colombia y que necesitarían una reorientación plena del actual presupuesto de la nación carcomido por la deuda y la guerra, así como el recambio estructural del injusto régimen tributario que salvaguarda los intereses económicos de unos pocos.

Para la paz necesitamos una nueva estructura tributaria, unas nuevas finanzas públicas, un nuevo presupuesto, solo posibles en una nueva economía que busque alternativas reales a este capitalismo senil. Este nuevo ordenamiento económico no puede provenir de un parlamento que ha sido gestor de esta crisis económica con la insania de sus leyes. La economía para la paz la construye el pueblo soberano, ejerciendo el poder constituyente, artífice principal del anhelado fin del conflicto armado.

¡Nos vemos en la Constituyente!