¿Agenda legislativa para la paz? (Parte II)

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Mauricio Cárdenas Santamaría. Foto: ICP Colombia via photopin cc

Más allá de retóricas mediáticas está claro que el presupuesto de 2015 está lejos de ser el requerido para iniciar la construcción de la paz y que el esfuerzo fiscal no está enfocado a las verdaderas necesidades del pueblo colombiano.

Mauricio Cárdenas Santamaría. Foto: ICP Colombia via photopin cc
Mauricio Cárdenas Santamaría. Foto: ICP Colombia via photopin cc

Francisco Javier Toloza

Luego de que el joven Juan Manuel Santos, aspirando algún día seguir los pasos de su tío abuelo, se preparase para dirigir el estado colombiano estudiando en la Universidad de Kansas, ocupó su primer cargo “público” como representante de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en Londres ante la Organización Mundial del Café, en los prósperos años de la bonanza cafetera y la “ventanilla siniestra”.

Por aquella misma época se abría camino en el poderoso gremio Jorge Cárdenas Gutiérrez, quien, cuando asumió la presidencia de la FNC en 1981, terminó usufructuando las virtudes de lobista desplegadas previamente por el delfín de El Tiempo. Cárdenas I fue conocido como Míster Coffee III por su gran poder para la especulación económica y política nacional e internacional sobre el mercado del grano que en aquel entonces prácticamente regía la economía del país, a grado tal que los medios zalameros en Bogotá –incluido el periódico familiar del ex pupilo de la FNC- lo llegaron a llamar rimbombantemente el “Kissinger del Café”.

La historia da muchas vueltas, dice el adagio popular, pero para la oligarquía colombiana siempre sobre su mismo eje: el hijo de Mr. Coffee, Cárdenas II, también maneja ahora la economía del país, ya no desde el gremio de su padre venido a menos por las políticas neoliberales en que él mismo fue adiestrado en Berkeley y Harvard, sino fungiendo como ministro de Hacienda de aquel hábil representante de la Federación de Cafeteros ante la banca británica.

Desde los tiempos del senil presidente Barco la política económica colombiana es dirigida impertérritamente por los feligreses de la más ortodoxa escuela neoclásica, pero que en el medio local ha producido una curiosa especie endémica de “delfines tecnócratas” donde herencia política y dogma neoliberal son antepuestos como aura de infalibilidad a sus despropósitos.

Llegada su hora después de ser ministro de tres gobiernos, Mauricio Cárdenas Santamaría ha presentado su proyecto de Presupuesto General de la Nación, PGN 2015, preñado de una ley de financiamiento ante el hueco fiscal de $12.5 billones, todo en medio de los vítores de la misma prensa áulica que nos presenta como la “economía más sólida de la región”. Las cuentas de Cárdenas expresan la continuidad absoluta del modelo económico expoliador y abre objetivamente pocas esperanzas para el desarrollo de los acuerdos de paz, ratificando que la tecnocracia hace parte del poder constituido que hoy es óbice para construir una solución política a nuestra extensa guerra.

El presupuesto a trazos gruesos, y salvo pequeñas modificaciones con el retoque clientelista del parlamento, será de 216 billones de pesos, con un crecimiento del 6.4% con relación al de este año, aumento de entrada inferior al incremento esperado de la economía en su conjunto para este año y el próximo. Aunque el gobierno quiere publicitar el presupuesto de 2015 como el más progresista de la historia, la verdad es que los tecnócratas que lo elaboraron y lo propagandizan solo saben mentir con las cifras.

Una mirada fuera de los sortilegios estadísticos con los que pretenden velar la realidad nos muestra un panorama bastante crítico: el presupuesto de inversión decrece aunque el vicepresidente Vargas Lleras refunfuñe, el gasto social no logra atender las necesidades del pueblo ni por sus montos ni por sus políticas y seguimos cargando con la misma cruz presupuestal de hace más dos décadas: deuda y guerra.

Los dos cánceres

La atadura constitucionalizada de la regla fiscal (Acto Legislativo 03 de 2011) hace que de entrada 48.9 billones se destinen al pago de deuda, siendo de lejos el renglón más cuantioso y subiendo un 15% con respecto al mismo rubro de 2014. El segundo gran cáncer presupuestal sigue siendo el gasto militar, cuya partida más grande queda asignada al MinDefensa y las FFMM con 28.2 billones de pesos. Cualquier modificación que mantenga estructuralmente inalterados estos dos rubros es realmente anodina. De igual forma, cualquier cambio político, social y económico trascendente, como la construcción de la paz, debe indefectiblemente desvertebrar este par de lastres presupuestales y políticos.

La sostenida preeminencia de la deuda en el presupuesto público representa una práctica recurrente en el proceso de financiarización de los recursos estatales tanto en términos de ingresos, fundamentalmente través de la emisión de bonos, como en la pesada carga sobre el gasto total. Las finanzas públicas están sometidas a los azares del mercado financiero global para lucro y plácemes de los grandes capitales que especulan con los TES de un país tan obsecuente que por Constitución se compromete a pagarles.

En buen castellano, este año se destinarán 48.9 billones al pago del servicio de deuda de los que más de 19 billones serán intereses. Así que para amortizar algo menos de 30 billones nos endeudaremos en 44.5 billones más, que habrá que pagar con su respectivo interés. Solo a manera de ejemplo del significativo lastre que representa este desangre a favor de la usura transnacional, de los 13 billones de aumento general del presupuesto de 2014 a 2015, 6.4 billones irán directamente al servicio de la deuda, para que quede claro quiénes son los beneficiarios del esfuerzo fiscal de los colombianos.

Los debates son políticos: cuando existen mecanismos como auditorías técnicas y moratorias parciales, entre otras, ¿por qué la obsesión de los tecnócratas colombianos de privilegiar la deuda por encima de cualquier derecho fundamental? ¿Por qué se arguye siempre el débil argumento de la confianza inversionista para estos onerosos pagos cuando se supone además que la economía del país está rozagante y vigorosa, gozando de poderosos socios?

¿Alguien cree que atando las finanzas públicas a este avatar de especulación financiera, fondos buitres y capitalismo de casino, habrá disponibilidad presupuestal para el gasto social necesario para la paz? ¿Desde qué poder constituyente se definió la sostenibilidad fiscal como fin de la nación y se modificó la carta magna? Solo se puede concluir que, si los tecnócratas quisieron blindar su regla fiscal encadenándola a la actual y maltrecha Constitución Política, no dejan opción distinta para desechar esta irracional norma que dar paso al poder constituyente que forje un nuevo orden constitucional acorde a la paz y no a la banca.

De otra parte, el complejo militar industrial colombiano se ha convertido en un insaciable devorador del presupuesto público que este siglo ha subido más de un 115%, solo en su asignación al Mindefensa. De hecho existe un debate sobre el mismo subregistro del verdadero gasto de guerra, tanto por los cuantiosos aportes internacionales como por la militarización de varias instituciones que cumplen tareas nítidamente de represión o bajo el control político o económico de los militares.

Piénsese sin ser extensivo en las unidades especializadas de la fiscalía, la inteligencia, aparato carcelario, entre otros, que son cuentas independientes en el presupuesto de la nación. En todo caso, solo el rubro de Defensa ascendió a los 28.2 billones en una constante insostenible de gastos de funcionamiento y pensionales, que no obstante no le alcanzan al locuaz ministro Pinzón, quien exige 2.2 billones más.

Las preguntas son obvias: cuando el gobierno mismo augura una pronta finalización del conflicto, ¿es lógico para un país en paz mantener el tamaño y costosa asignación de las FFMM? Inmediatamente el temor de los gobernantes civiles a sus cancerberos se disfraza del más prosaico patrioterismo y empiezan a decir que la milicia no se puede tocar en un acuerdo de paz. ¿Debe y puede el país seguir pagando una nómina de más de 480 mil hombres activos más 226 mil en retiro? ¿Podemos seguir amamantando sus emporios de abastecimiento logístico por la ausencia de voluntad del establecimiento para reformar unas FFMM cuestionadas por violación de DDHH y amaestradas en la antidemocrática Doctrina de Seguridad Nacional?

Aunque la sustancia del problema es política, pareciese que la hipertrofia militar colombiana estuviera produciendo síntomas similares a los ya presentados por el complejo militar industrial en la economía norteamericana. Nuestra versión de expansionismo económico desde el gasto militar logró inicialmente dinamizar un neoliberalismo en crisis, pero una vez pasado el efecto inicial se cebó un monstruo voraz en absorber recursos públicos, cuyo desmonte de igual forma implicaría graves contratiempos en el orden económico del deformado capitalismo colombiano, amén de los consabidos ruidos de sables políticos.

Muy diciente en este sentido las acrobacias políticas por llegar a acuerdos con la OTAN, con las fuerzas de paz de la ONU, y la potenciación de otros oficios militares, buscando mitigar lo que significaría para la economía colombiana la desmovilización del ingente pie de fuerza oficial e intentando autofinanciar el complejo militar por la vía de la venta de servicios.

No obstante, como lo demuestra cualquier progresión, su mantenimiento, además de ser un auténtico “raponazo” para el gasto social, se torna insostenible para el erario público en el mediano plazo, incluso en los más contraccionistas cálculos neoliberales. Sin una reforma estructural a las FFMM difícilmente se liberaran los necesarios recursos para los cambios que la paz del país requiere y el poderoso aparato seguirá consumiendo el presupuesto público y cargando al conjunto de la economía. El mismo Minhacienda reconoce que de los 12.5 billones de la ley de financiamiento adicional por lo menos 3.5 billones irán destinados a la Fuerza Pública.

Las falacias y falencias del gasto social

En una clara retórica demagógica el gobierno nacional pretende mostrar un gran salto en los rubros sociales para el próximo período. Un análisis más detallado de los principales sectores del gasto social permite desencantar las leyendas rosas gubernamentales, demostrando que todos palidecen ante el colosal despilfarro en guerra y deuda, solo crecen inercial y marginalmente al ritmo de inflación, mantienen sus ínfimas proporciones en el total del presupuesto y la distribución interna de cada partida no permite superar los problemas estructurales en cada área.

Tomemos solo dos sectores que el gobierno de Santos II ha escogido como emblema de su modelo de “posconflicto”, precisamente porque concentran expresiones significativas de movilización social y porque conflicto social es lo que los atraviesa: el agro y la educación.

Empecemos por el presupuesto para el sector agropecuario: 4.5 billones de pesos. El hijo de Mr. Coffee destina para el campo menos de la décima parte de lo que le paga a sus acreedores de la banca transnacional. El aumento no es nada significativo, máxime cuando la verborrea oficial ha catalogado la inversión en el campo como la “cuota inicial para la paz”.

Solo a manera de ejemplo: los acuerdos ya firmados entre gobierno e insurgencia incluyen la reducción en un 50% de los niveles de pobreza en el campo en diez años, que según el informe preliminar de la misma Misión Rural asciende al 90% en este sector. ¿Este magno objetivo, junto a tantos otros loables y necesarios, serán posibles con estos magros recursos que representan apenas cerca del 2% del PGN y del 0.05% del PIB?

A la cuantía de por sí nefanda, se suma la asignación del menudo recurso a erráticas y equivocadas políticas: la mayor parte del presupuesto está destinada a subsidios de corto plazo y de claro manejo clientelar. Adolece la iniciativa gubernamental de un auténtico plan para el desarrollo rural con enfoque territorial de largo plazo, por no decir que está de espaldas a los importantes avances realizados en esta temática en la mesa de La Habana.

Más allá del monto, mientras las políticas actuales para el agro sean meros paliativos inmediatistas, como subsidios de corto plazo o promoción de microempresas, cuando se impulsa a la par el modelo de financiarización del agro y los TLC, se está objetivamente dilapidando los recursos públicos. La destinación presupuestal de los recursos del campo a estrategias que acentúan la expropiación campesina y profundizan la crisis social del sector como las Alianzas Productivas, la especulación forestal o el proyecto de las Zidre, son otra forma de invertir ahondando el problema real.

Sin reformas económicas estructurales no se solucionan las problemáticas del sector que son parte de los causales y combustibles sustanciales del presente conflicto armado. Se requieren más recursos, otras políticas más acertadas, pero sobre todo el cambio del modelo excluyente de agronegocios, latifundio y libre comercio, que sigue a pie juntillas el presente gobierno a pesar del paro agrario y los debates en La Habana, olvidando que un campo en crisis no puede ser tierra fértil para la paz.

En tanto, en el sector educación el gobierno ha querido implementar un agresivo lavado de imagen, teniendo en cuenta los prominentes fracasos del país en pruebas internacionales como las PISA, o el rechazo generalizado de su fallido proyecto de contrarreforma universitaria en 2011.

Anunciando planes grandilocuentes de hacer de Colombia el país más educado de Latinoamérica, tiene en la tecnócrata Gina Parody la fachada remozada para aparentar grandes cambios, sin desarrollar verdaderamente las transformaciones que requiere el conjunto del sistema educativo; las políticas nuevas servirán para proyectar las maquilladas cifras requeridas para el ingreso del país en la OCDE, mientras se profundiza el anclaje donde financiación y contenidos de la educación están al servicio del capital financiero.

El gobierno se pavonea diciendo que en 2015 el presupuesto de educación supera al gasto militar. Esto solo sería cierto si tomamos únicamente el rubro de Defensa, y sin la “cooperación internacional” no incluida en el PGN. Desconociendo que, como ya se afirmó, el gasto de guerra se canaliza también en otros partidas, el monto global de educación supera en 0.3% del PGN al de Defensa.

Gran logro para el país más educado. Ahora bien esto no esconde que la asignación de educación está destinada casi que exclusivamente a funcionamiento, no a expansión ni cualificación: de los 28.9 billones de pesos, 26.5 serán para pago de nómina y otros gastos requeridos de la actual infraestructura educativa y solo 2.3 billones para inversión de la que dependería la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad, en la que la ministra proyectas cifras astronómicas sin mayor peso presupuestal.

Solo 3.3 billones están destinados a la educación superior –menos del 0.4% del PIB- y 19 de las 32 universidades públicas recibirán aportes por debajo de 50 mil millones de pesos en un país que gasta en su complejo carcelario más de 1.6 billones. Así que las cuentas no son tan alegres como las pregona el gobierno.

Pese a tan solo crecer el 5.7% el presupuesto de educación, es decir por debajo no solo del crecimiento de la economía sino del mismo incremento general del PGN, el gobierno administra el Ministerio con titulares de prensa que suenan halagüeños a los oídos del colombiano de a pie, como el denominado “Acuerdo por lo Superior”, creaciones mágicas de cupos y becas o la implantación de la jornada única escolar, pero que son propuestas claramente cargadas de políticas nocivas para la educación como derecho y van en claro detrimento de su calidad por su sentido y desfinanciación.

La bancada de la Alianza Verde, en su debate de control político, calcula un desfase de por lo menos 10.5 billones de pesos para el 2015, en aras de iniciar el largo trayecto hacia la plena cobertura educativa en los distintos niveles con mínimos grados de calidad, cifra que de seguro podría ser más alta al desarrollarse la necesaria construcción democrática de la política educativa con maestros, estudiantes, trabajadores del sector y comunidad en general.

Más allá de retóricas mediáticas está claro que el presupuesto de 2015 está lejos de ser el requerido para iniciar la construcción de la paz y que el esfuerzo fiscal no está enfocado a las verdaderas necesidades del pueblo colombiano. Ministro Cárdenas: sus cálculos no sirven para la paz. Hagamos bien las cuentas, pero democráticamente, no de forma tecnocrática como hasta ahora.

El debate del pueblo soberano es sobre los rubros para resolver el conflicto social y no sobre esquirlas presupuestales para aceitar el clientelismo, como lo tiene acostumbrado el actual legislativo. El presupuesto y la economía para el fin del conflicto la tenemos que construir entre todos y no de espaldas al poder constituyente, en ese marchito e ilegítimo poder constituido.

Nos vemos en la Constituyente