Agenda de paz para el nuevo gobierno

Las organizaciones sociales le presentaron una agenda nacional al gobierno entrante, en la que se expresa que la construcción de paz territorial es el punto de partida para es humanizar el conflicto

Carolina Tejada

Alrededor de 200 líderes y lideresas sociales le entregaron el 27 de julio al presidente electo, Gustavo Petro, una Agenda Nacional con una propuesta humanitaria con enfoque en los territorios más afectados por el conflicto.

Estas proposiciones se dieron en el marco de la Cumbre Humanitaria que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, en La Plaza de los Artesanos y que reunió a delegaciones de 13 regiones del país, entre esas Arauca, Buenaventura, Catatumbo, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Costa Pacífica caucana, Guaviare, Nariño, Putumayo, entre otras, dentro de las más afectadas por la violencia, y que fue el punto de partida para instaurar Agenda Humanitaria.

Tres fueron los puntos claves del encuentro: el respeto a la vida, el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y la reactivación de los diálogos con el ELN.

La Agenda Humanitaria que de manera conjunta e incluyendo las demandas de los territorios se construyó, tiene que ver con la necesidad de humanizar el conflicto que se ha venido agudizando tras la firma del acuerdo de paz hace cinco años y el incumplimiento de lo pactado por parte del gobierno nacional que ha desencadenado el rearme de los grupos armados y de las disputas territoriales por el tráfico de drogas, entre otros.

Los retos territoriales en la nueva era de paz

Uno de los grandes retos del nuevo gobierno es poder darle salida a los diversos conflictos territoriales que se presentan en el país, los cuales han volcado las cifras de la población víctima y turbado la calma que se había logrado con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. Y, si bien, cada territorio presenta su particularidad, el común denominador es la población civil afectada por las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, líderes sociales, menores de edad, mujeres etc.

Uno de esos casos particulares es el del departamento de Arauca, en donde las personas participantes de la Cumbre hablaron de un riesgo inminente en la medida en que la población civil, aproximadamente 4.782 habitantes estarían siendo violentadas en sus derechos, principalmente niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes y lideresas sociales, dirigentes políticos, campesinos, firmantes de paz, población migrante, autoridades indígenas.

Igualmente, se habla de un total de 254 casos de homicidios hasta el 30 de junio del 2022, en donde el mes de enero se presenta como el más violento, con un total de 65 homicidios. El conflicto, que se agudizó como lo indican las cifras, en enero, ha estado bajo las acciones de varios grupos armados en confrontación, entre esos, el ELN, las disidencias de las Farc, Ejército y grupos paramilitares.

Otro de los territorios en condición de alta vulnerabilidad es Buenaventura, en el Valle del Cauca. Según la Cumbre, durante el primer semestre del 2022 se han registrado ocho desplazamientos forzados masivos, afectando a más de 3.400 personas, principalmente afrodescendientes. Los desplazamientos se han incrementado gracias a las confrontaciones armadas por el control del territorio, la vía marítima, etc.

Entre el 14 y el 22 de mayo, se presentó el desplazamiento masivo del Consejo Comunitario del Río Cajambre, vereda Guayabo, de Buenaventura, donde al menos 41 familias (150 personas) abandonaron sus predios. En la zona hacen presencia actores armados como el ELN, el Clan del Golfo y grupos rearmados de las Farc.

Otro caso particular es el del departamento del Cauca. Según informes relacionados en la Cumbre, en lo que va del año se han registrado 14.423 personas víctimas del conflicto, 11.000 afectaciones por restricciones a la movilidad y obstrucción de acceso a servicios y asistencia, 1.154 afectaciones por desplazamiento masivo interno y, según OCHA, Monitor Sala Humanitaria, Mapa de Afectados, van cuatro firmantes de paz y 15 líderes, lideresas sociales y defensores de DD.HH. asesinados, entre los que hay liderazgos indígenas, ambientalistas, campesinos y comunales.

Aquí, los temas ambientales cobran gran interés, según las comunidades se presentan megaproyectos extractivos los cuales han generado un aumento en la militarización de la zona, sumado a la disputa de los armados por las actividades extractivas ilegales como la del oro, además de la tala de árboles y los cultivos de uso ilícito de hoja de coca y marihuana.

Además de la brega por la tenencia de la tierra en donde empresas nacionales, internacionales, y las organizaciones criminales, les disputan a las comunidades campesinas, indígenas y afro su control, siendo la población civil la más afectada. Los grupos armados más representativos son, según las comunidades, las Farc y la delincuencia organizada ligada a economías ilegales, además de las disidencias y el ELN.

El desplazamiento forzado, el despojo de tierras, confinamientos, homicidios en persona protegida, masacres, atentados, amenazas, desapariciones forzadas, retenciones, reclutamientos forzados, violencia basada en género, entre otras violencias, son las que hoy sufren las poblaciones afectadas.

El mapa de los grupos rearmados es el siguiente; las denominadas FARC-EP hacen presencia en Arauca, Buenaventura, Cauca, Catatumbo, Chocó, Magdalena Medio, Nariño y Putumayo. Las AGC/Clan del Golfo en Buenaventura, Caribe, Catatumbo, Chocó, Córdoba, Magdalena Medio y Nariño.

No seguir normalizando la violencia

“La gente que vive en los cascos urbanos desconoce las situaciones reales que se ven en los territorios, no sean indolentes con lo que pasa. La sociedad en general ha normalizado la violencia en los territorios…” afirmó José David Ortega Ruiz, líder que hace parte del proceso humanitario de Córdoba.

Diversos, pero no imposibles, son los retos que demandan la Cumbre y las organizaciones sociales para el nuevo gobierno, pues Colombia es un país multicultural, con diversidad territorial en lo económico y social y cuyos conflictos locales también responden a su composición geografía. En este sentido, las demandas construidas dentro de la línea de trabajo de la Agenda Nacional, pasan por la exigencia de la implementación del acuerdo de paz y reanudar los diálogos con el ELN y otros actores armados en los territorios.

Humanizar el conflicto pasa, como afirman desde la Cumbre, por una salida y negociada al conflicto. Desde un enfoque territorial y diferencial identificaron nueve líneas temáticas comunes a los diferentes territorios:

1. Distinción entre combatientes y no combatientes. Defensa y respeto de la vida.
   Respeto al ejercicio de los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos.
2. Respeto y protección de bienes civiles, sociales, religiones, sagrados, comunitarios y fuentes de supervivencia económica, cultural y ambiental.
3. Prevención, abstención, erradicación y no repetición de todas las formas de violencia basada en género, violencia sexual y comunidad LGBTIQ+. El cuerpo no es territorio de guerra.
4. Respeto a la autonomía territorial, gobernabilidad, jurisdicción, derecho propio de las comunidades y patrimonio étnico y cultural.
5. Respeto y garantía a la movilidad de personas y libre locomoción.
6. Respeto a misiones humanitarias, médicas, sanitarias, institucionales, organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales.
7. Prevención y erradicación en el uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos.
8. No incurrir y erradicar prácticas de reclutamiento forzado de la población civil especialmente de niños, niñas y adolescentes. Garantías para la participación en el ejercicio de la democracia de la población civil.

En su exposición el expresidente Ernesto Samper, quien ayudó a impulsar la iniciativa, expresó que “la agenda de paz debe empezar por un cese al fuego humanitario…”. Así mismo que los diálogos regionales, impulsados para dar inicio al nuevo gobierno del cambio, “deben incorporar el tema humanitario y que la paz se lance desde los territorios más afectados, no se nos olvide que el conflicto inició por los territorios más olvidados por el Estado colombiano. Si quieren la paz que se inicie desde los territorios en donde existe una metástasis de la guerra”.

También llamó a poner en función el Consejo Nacional de Paz y que se convierta en un instrumento con recursos para operativizar los diálogos regionales desde los consejos regionales de paz.

El canciller, Álvaro Leyva, expresó: “la paz total va más allá de nuestras fronteras” la paz con las regiones y los vecinos. “Con los elenos no vamos a iniciar un diálogo de paz, vamos a continuar el dialogo” haciendo alusión a que no se va a continuar con el discurso de que “nada está acordado hasta que todo este acordado. Con los señores elenos en la medida en que se vaya acordando se va aplicando”.

Ya hay un camino, afirmó, pero la paz total que el nuevo gobierno llama, está ligada a la solución al narcotráfico, al hambre territorial, entre otros. Y realizó un llamo a las comunidades a fortalecer los diálogos en las regiones, a seguir siendo la fuerza de estos espacios y comentó: “los diálogos humanitarios hay que ponerlos inmediatamente en movimiento. A partir de esa aceptación, de parte de ellos (ELN), que son los diálogos humanitarios, iniciaremos ya, en el Chocó”.