Acuerdo sobre tercer punto, un salto adelante

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Ricardo Téllez, Iván Márquez y Pablo Catatumbo, integrantes del Secretariado de las FARC-EP y de la Delegación de Paz en La Habana, explican la importancia del acuerdo sobre el punto de “Solución al problema de las drogas ilícitas”.

El acuerdo, así sea parcial, sobre el tercer punto en discusión: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, refuerza el optimismo en el futuro de los diálogos de La Habana

Ricardo Téllez, Iván Márquez y Pablo Catatumbo, integrantes del Secretariado de las FARC-EP y de la Delegación de Paz en La Habana, explican la importancia del acuerdo sobre el punto de “Solución al problema de las drogas ilícitas”.
Ricardo Téllez, Iván Márquez y Pablo Catatumbo, integrantes del Secretariado de las FARC-EP y de la Delegación de Paz en La Habana, explican la importancia del acuerdo sobre el punto de “Solución al problema de las drogas ilícitas”.

Hernando López

Mientras la campaña electoral transcurría en un verdadero batiburrillo de insultos y escándalos entre los principales candidatos presidenciales del establecimiento, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, se conocían en La Habana (Cuba), la declaración unilateral de cese de fuegos de los comandantes del ELN y las FARC-EP, Nicolás Bautista Rodríguez y Timoleón Jiménez, a partir del 20 de mayo y hasta el 28 del mismo mes; y el acuerdo sobre el tercer punto en discusión de la agenda: “Solución al problema de las drogas ilícitas”.

El ritmo perezoso de la campaña presidencial, carente de ideas y de debate constructivo de programas, fue sacudido por los dos anuncios en la capital de la isla del Caribe. Al lado de las escandalosas denuncias que salpican las dos campañas que aparecen adelante en las encuestas, los medios y analistas celebraban la decisión unilateral de las guerrillas y el acuerdo sobre un tema tan complejo como el de las drogas ilícitas, cuya discusión se tomó más tiempo del previsto en los cálculos gubernamentales.

El acuerdo en tres de los seis puntos (no cinco como dicen el Gobierno Nacional y los grandes medios de comunicación) coloca el consenso, aunque parcial, en la mitad de la agenda, en un proceso que cuenta con el respaldo de la mayoría de los colombianos, aunque también es visto con pesimismo porque es complejo y contradictorio.

Lo acordado

Entre los acuerdos más significativos están la puesta en marcha de un nuevo programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, mediante erradicación manual y planificada, sin la aspersión que contamina el medio ambiente y causa daño en las personas, los animales y la flora.

“El programa –dice el comunicado conjunto- debe contribuir también al cierre de la frontera agrícola, la recuperación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible. No se trata de tener solamente territorios sin coca, sino también dar garantías plenas a las comunidades para el ejercicio de sus derechos y libertades”. El programa acordado hace parte de la reforma rural integral, aprobada en el primer punto de la agenda. El principio fundamental es la sustitución voluntaria y por ende debe hacerse de acuerdo con las comunidades.

“En cuanto al consumo, según está consignado en la declaración conjunta, este constituye una preocupación creciente de las familias colombianas y un desafío de la sociedad. Se acordó que requiere un tratamiento prioritario sobre la base del compromiso y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la familia en torno a una política de Estado, más comprometida con la promoción en salud, prevención, reducción del daño, atención integral e inclusión social de los consumidores que debe tener un enfoque diferencial y de género con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes”. Se reconoce como un asunto de derechos humanos y de salud.

Quedó planteada la lucha contra la producción y comercialización, asociada a una política consecuente contra la corrupción. Quedó establecido “el compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones, causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública”.

Como también, “el compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión y en razón del conflicto, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Conferencia internacional

El Gobierno Nacional promoverá en la Organización de las Naciones Unidas la realización de una Conferencia Internacional sobre el tema de las drogas ilícitas, en el entendido de que es un problema universal y que afecta a los países más desarrollados, no solo por el consumo, sino porque desde allí sale el contrabando de químicos y de otros insumos y están radicadas las mafias de distribución internacional.

El comunicado conjunto de los delegados gubernamentales e insurgentes finaliza reconociendo que “la construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país”.

Iván Márquez, en nombre de la delegación de las FARC-EP, destacó los acuerdos alcanzados y, aunque reconoció que quedaron algunos puntos pendientes, estos no pueden ser un obstáculo para la firma de un acuerdo de paz que debe ser refrendado por una constituyente. Según Márquez, “el flagelo del narcotráfico se ha perpetuado por el miedo del gobierno de turno a poner en marcha políticas que no cuentan con el apoyo de Estados Unidos, por las fumigaciones con glifosato, la intervención de la CIA que ha utilizado el negocio para financiar campañas encubiertas, el lavado de activos por parte de bancos de norteamericanos y de Europa y la inyección de narcodineros en algunos eslabones de la economía”.

Para Humberto de la Calle Lombana, cabeza de la delegación gubernamental, son tres los aspectos fundamentales: El primero, que Gobierno y FARC reconocen que el fenómeno del narcotráfico ha alimentado el conflicto y ambas partes contribuirán al esclarecimiento de la relación entre conflicto, cultivo y comercialización de drogas ilícitas. Dos, las FARC se comprometen a contribuir de manera efectiva con la solución de este fenómeno y a poner fin a cualquier relación con estas actividades ilícitas. Tres, una estrategia integral que garantice la plena vigencia de los derechos de las comunidades asentadas en los territorios afectados.

El Gobierno, tras la firma del acuerdo de paz, pondrá en marcha un programa de limpieza de minas con la colaboración de la guerrilla para la ubicación de los campos minados.

Pendientes

Entre los puntos no acordados, pendientes para el final, sobresalen la necesidad de una política criminal, la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de las víctimas, transformación estructural del sistema de salud pública, y la necesidad de convocar una conferencia nacional sobre el tema. También, por supuesto, la espada de Damocles de la extradición, aunque no se ha debatido en profundidad, sigue siendo una amenaza para el acuerdo definitivo.

Con relación a lo primero, las FARC-EP insisten en la creación de una comisión para el diseño de la política antidrogas, democrática y participativa; deben identificarse las víctimas de las fumigaciones, la reparación integral de las mismas y el establecimiento de un fondo para la reparación; la conferencia nacional tendrá como objetivo “fijar una política soberana de lucha contra las drogas, a fin de avanzar, también, en la concreción de los ajustes y adecuaciones normativas y de las acciones que requiere esta lucha, considerando las nuevas tendencias internacionales que enfatizan en el enfoque en derechos humanos, al momento de enfrentar el fenómeno de producción, consumo y comercialización de drogas ilícitas”.

Según la opinión de los entendidos es un paso significativo, saludado en el exterior por gobiernos, la UE y la ONU. Faltan los puntos mencionados pero no atenúa el significado del acuerdo. Tampoco el hecho de que la mitad de la agenda está evacuada, aunque “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. El Gobierno no puede excluir el sexto punto de la agenda, que comprende aspectos medulares como la implementación, la verificación y la refrendación, ni más ni menos.