Dirigentes sindicales reconocen en el actual Gobierno un interlocutor que permite la negociación colectiva, así como avances en estabilidad laboral
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
William Reyes Morales, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, Fenaltrase, con cerca de 32 mil empleados públicos afiliados, pertenecientes a instituciones del orden nacional y departamental, habló con VOZ acerca de las negociaciones de los trabajadores estatales con representantes del Gobierno.
¿Cuántos trabajadores hay en el Estado y cómo están divididos?
En el Estado hay aproximadamente un millón 300 mil empleados públicos. Tenemos empleados públicos inscritos en carrera administrativa, de orden provisional y tercerizados a través de contratos de prestación de servicios.
También trabajadores oficiales que son aquellos que corresponden a una vinculación por contrato de trabajo.
¿Cómo ha avanzado la negociación de los trabajadores estatales?
Venimos en un experimento de negociación en derecho hace 13 años. Hemos transitado por cuatro decretos reglamentarios de la negociación colectiva, a partir de uno que la negaba, el 535 de 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Después, vino el 1092 en 2012 que permitió iniciar la negociación en 2013, que fue la primera; luego el decreto 160 de 2014 que se negoció en esa primera negociación para reformarlo; y luego, el decreto 0243, expedido por este gobierno en 2024 y que ha permitido reorganizar la negociación nacional estatal y establecer una negociación multinivel a partir de lo nacional, lo sectorial, lo territorial y lo singular en cada entidad.
Avances en estabilidad
¿En qué se ha avanzado en este Gobierno para ganar estabilidad?
Hemos avanzado, en estos 13 años, en una serie de aspectos relacionados con el factor económico, el factor prestacional y la manera de formalizar el empleo público.
Hoy por cada empleado público en carrera administrativa, hay 10 provisionales y por cada empleado público de carrera y 10 provisionales, hay 100 contratos de prestación de servicios.
Con este gobierno iniciamos la primera gran discusión sobre estabilidad laboral, cuando hace dos años en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo incluimos el Artículo 82, que habla de la formalización del empleo público para empezar a reducir las plantas paralelas. Eso es lo primero en lo que hemos avanzado.
¿Qué acordaron en la negociación que terminó en junio?
En este acuerdo 2025 – 2026, el Gobierno nacional se compromete a reducir la existencia de plantas de contratistas, donde se confirmen, a través de los estudios técnicos que están cumpliendo con funciones permanentes, a reducirlas en un 30%.
Es un presupuesto que ya existe, en vez de ser presupuesto de inversión pasa a ser presupuesto de funcionamiento y los cargos que se amplíen serán ocupados por personal en provisionalidad, que por supuesto, deberían ser los contratistas más antiguos y los que están en condición de mayor precariedad laboral, y luego asumirían la vinculación a través del contrato para que queden inscritos en carrera administrativa.
Los negociadores
Me quedó sonando algo que dijo, ¿los contratistas por prestación de servicios se pagan con gastos de inversión?
Correcto, aquí hay una normalidad absoluta, el presupuesto de inversión que debería ser destinado para otros quehaceres de la administración pública, lo están utilizando para pagar personal. Están cometiendo un peculado porque se están gastando el presupuesto de inversión para pagar personal.
¿Cuándo terminó la negociación?
Es la primera vez que no tuvimos que prorrogar 20 días y terminamos la negociación en junio. Desde el Estado, firmó el presidente de la República y nombró a la comisión negociadora integrada por el Ministerio del Trabajo, el Departamento de Administración de la Función Pública, del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, entre otros.
Por otra parte, se hicieron presentes nueve centrales sindicales y 37 federaciones estatales.
¿Qué logros hay en términos económicos?
Hace 13 años nos ofrecían el 0.5% de incremento salarial, por encima de inflación. Este año rompimos el 1.5 y el 1.6% que se negoció en 2023 y en 2024 con el gobierno de Gustavo Petro. Y en 2025 – 2026 hemos logrado el IPC más el 1.8% y el 1.9.
Vigilancia de los acuerdos
¿Y cuándo se paga la retroactividad para este año?
Ya se pagó la retroactividad y ya lo están aplicando. También se logró que primera vez una bonificación por servicios prestados, que fue negociada en 1984 por Fenaltrase con un paro nacional estatal en donde Aída Avella era la presidenta y Jaime Pardo Leal el vicepresidente, y que está entre el 50% para salarios de hasta cuatro mínimos, y de ahí hacia adelante en el 35%, logramos reajustarla en tres puntos para 2026 y cuatro para 2027.
¿Cómo vigilar el cumplimiento de los acuerdos?
Nosotros sí creemos que el Ministerio del Trabajo tiene que jugar el papel que le corresponde como policía laboral para el propio Estado, y el Estado tiene que dar ejemplo de ser un patrón, pero, desafortunadamente, el patrón Estado aquí es el principal violador de los derechos laborales.
Baja sindicalización
¿Qué pasa que no crece significativamente el número de afiliados a los sindicatos?
En el sector público el movimiento sindical sigue siendo minoría. Las minorías están negociando para la mayoría de empleados públicos, pero como el empleado público por ser beneficiario de un acuerdo colectivo no se le aplica la norma de las convenciones colectivas, y al ser beneficiario debe aportar el mismo porcentaje que el afiliado al sindicato, entonces los trabajadores se acomodan y no le aportan a la organización.
También, hay una lucha canibalesca entre las organizaciones sindicales orientadas desde los sectores patronalistas y de la propia derecha, para evitar que la unidad del movimiento sindical estatal se consolide, se fortalezca y podamos avanzar en una perspectiva del cambio.
Se ha impuesto una política de canibalismo entre las organizaciones sindicales, una desideologización y despolitización del movimiento sindical, que significa perder el criterio y la identidad de clase.
