José Ramón Llanos
Nada pone más de presente el carácter clasista del gobierno, en todos sus niveles, que las movilizaciones del pueblo para exigir sus derechos. Aún cuando las peticiones estén fundamentadas en leyes, decretos y en la Constitución misma, las declaraciones, las decisiones gubernamentales permiten vislumbrar los intereses de la burguesía, y aún de los latifundistas, opuestos a los anhelos y derechos de los reclamantes, sean campesinos, asalariados urbanos, miembros de las negritudes o aborígenes.
Los conflictos sociales también evidencian que las fuerzas armadas, policía y ejército, siempre reprimen al pueblo cuando se moviliza para reclamar sus derechos o denunciar cualquier atropello. La más reciente expresión de estas negaciones de los derechos del pueblo, la identificamos en el conflicto del Catatumbo, que cumple más de un mes, sin que el gobierno muestre el más mínimo interés en conceder la más importante petición de los campesinos: el reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina, cuestión que está debidamente fundamentada en la Ley 160 de 1994
El gobierno entregó a las fuerzas armadas plena autonomía para resolver el conflicto. Los distintos cuerpos armados cumplieron a cabalidad su misión, aplicaron aquello para lo cual están entrenados: la represión con armas contundentes, gases lacrimógenos y finalmente, uso de las armas de fuego. En este caso específico, francotiradores entrenados para matar a distancia y selectivamente. Estos homicidas cumplieron las órdenes: cuatro campesinos asesinados. Estos hechos bárbaros son tan evidentes, que el representante de la ONU, en Colombia denunció inmediatamente la sevicia de la tropa. Los videos que circulan por las redes sociales muestran la prueba reina de la eficacia homicida de los francotiradores: Un hombre de camiseta blanca, corre ligeramente, ninguna expresión de agresividad en su rostro, las manos no portan nada. De pronto la camiseta se tiñe de sangre, se oye: me dieron y se desangra en brazos de sus compañeros. Qué puede alegar el soldado o policía que lo mató para justificar su homicidio o asesinato. Solamente podría alegar en su defensa, lo más obvio, recibió órdenes.
Las movilizaciones del Catatumbo han desenmascarado la verdadera naturaleza del gobierno Santos: Antidemocrático, represivo y con el mismo pretexto de siempre para explicar su represión homicida, los movimientos sociales de protesta están infiltrados por la FARC-EP. Todas esas muertes pudieron evitarse, si el gobierno hubiera atendido con prontitud el petitorio de los campesinos, fundamentados en los derechos que debieron estar usufructuando desde hace mucho tiempo ya que constituyen recursos ineludibles para salir de las condiciones premodernas en que habitan.
