“Ha de haber algo putrefacto en la médula misma de un sistema social que aumenta su opulencia sin reducir su miseria, y aumenta en crímenes aún más rápidamente que en números”, Marx (1859)
Bryan Roa
Partamos del hecho de que el crimen es la expresión más visceral de la lucha de clases, y expresa una contradicción fundamental: que algunos que tienen mucho se apropian del trabajo de los muchos que no tienen nada.
Dicho esto, en Bogotá la violencia es un tema recurrente en la discusión pública y representa un reto para las administraciones locales. Sobre esto, Eduardo Moncada (2016) reconoce dos formas en las que un gobierno puede palear esta situación
los proyectos de política participativa que combinan el control de la violencia y medidas e instituciones preventivas de esta, que apuntan a arrebatarle la “mano de obra” a las redes criminales de los barrios periféricos, y los proyectos políticos reaccionarios que aplican la “mano dura” con actores institucionales, no institucionales y parainstitucionales, imponiendo una lógica militar en las periferias urbanas. Los últimos cinco gobiernos oscilaron entre ambas formas de gobernar, siendo Galán quien ha exacerbado la contradicción que causa la violencia.
La era de la Seguridad Humana
El primer avance para atenuar la contradicción se dio en la alcaldía de Lucho Garzón (2004-2007) quien implementó el programa Bogotá sin Hambre que creaba redes de abastecimiento entre comerciantes con el campesinado y dejó la primera política de seguridad alimentaria de la ciudad.
Sin embargo, en la alcaldía de Samuel Moreno (2008-2011) se presentó la crisis del PDA con la acusación y luego condena de Moreno por los escándalos de corrupción que mancharon su gestión. Las metas en torno a la seguridad no fueron cumplidas y no se lograron ampliar los programas sociales que Bogotá Positiva había prometido, registrando un aumento en los hurtos y las lesiones personales (FIP,2015), pero si dejó el programa SOFIA, enfocado en el fortalecimiento de política pública sobre las mujeres (Fierro, 2024).
Petro construyó sobre el legado de sus predecesores en materia de seguridad humana, generando pactos con la sociedad civil y dejó el programa piloto de los CAMAD, que apuntaba a la prevención y tratamiento de las personas predispuestas a consumir sustancias y a las drogodependientes (TNI, 2012).
La era de los proyectos reaccionarios
Debido a un holgado presupuesto, Peñalosa tuvo la oportunidad de invertir en infraestructura sin hacer recortes de los programas sociales (Razón Publica, 2015) pero solamente puso el 46.8% en esta materia, a diferencia de sus antecesores que habían invertido el 60%.
Mas bien, invirtió el 38% del presupuesto en movilidad y recortó los programas de salud pública y la secretaria de la mujer, imponiéndole a la entidad la carga de la prevención de la violencia sexual y la violencia intrafamiliar y la mayoría del presupuesto de seguridad se destinó al fortalecimiento del aparato policial combinándolo con una fuerte represión a la movilización social (FIP, 2019). En su mandato, un agente del ESMAD asesinó a Dilan Cruz en una manifestación pacífica.
Cuatro años más tarde, la secretaria de la mujer con la carga de la prevención de los delitos sexuales y violencia intrafamiliar sufrió más recortes con Claudia López, quien le destinó solamente el 0.01% del presupuesto distrital y un billón más en seguridad que fue a parar al fortalecimiento de la tecnología policial. Su política represiva desembocó en la masacre del 9S, donde la policía asesinó al menos a 14 jóvenes de manera indiscriminada.
Gráfico 1.
| Año | Hurtos | Lesiones Personales | Homicidios | Violencia
Intrafamiliar |
Delitos Sexuales |
| 2010 | 16.531 | 9.243 | 1.321 | 3.865 | 1.055 |
| 2023 | 158.763 | 20.060 | 1.084 | 36.549 | 6.782 |
Las medidas populistas de Galán
Con su campaña Bogotá Camina Segura, Galán logró llegar a la alcaldía de Bogotá con un proyecto de seguridad que prometía acabar con la violencia, pero se quedó en el discurso y su administración se ha centrado en disminuir los delitos contra la propiedad.
Según el informe de Probogotá, el atraco, el robo a vivienda y el hurto a comercios son los indicadores que más disminuyeron durante su primer año de gestión con respecto al año anterior. Resalta que estos mismos indicadores siguen una tendencia de disminución en el país mientras que Bogotá quedó debajo del promedio nacional.
El único indicador que no se acompasó con el nacional fue el de los homicidios, aumentando de 1.084 a 1.204 casos en 2024, siendo el más alto en 8 años. Este y otros indicadores relacionados con los delitos sexuales que se triplicaron, pasando de 3.027 a 9.107, mientras que la violencia intrafamiliar pasó de 13.410 a 42.372. Mientras tanto, los habitantes de calle, el grupo social que ha registrado el mayor aumento desde hace 28 años, es el más perseguido por su administración.
Galán retrocede aún más que sus predecesores en el manejo del consumo de drogas. En el informe de la Corporación de Asistencia Técnica social, la Oficina de Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC) abiertamente prohibicionista, encontró en Galán un aliado en su fracasada guerra contra las drogas y estableció un convenio de esta naturaleza con la alcaldía.
Siguiendo la tradición del desfase entre el gobierno nacional y el distrital, Galán va en contravía de los intentos de Petro de entablar negociaciones con los distintos “señores de la guerra” (Duncan, 2004), criminalizando a los consumidores de sustancias psicoactivas y continuando con la agenda de Uribe, y Duque, quienes construyeron un entramado medidas policivas y prohibicionistas en torno a las SPA.
Mientras tanto, las redes criminales se siguen fortaleciendo, en 2023 se contaban alrededor de 196 organizaciones ilegales que controlan los barrios periféricos de la ciudad que se disputan el control de la ciudad (Suarez, 2024) pero Galán centra sus esfuerzos en la persecución de los consumidores de SPA, los habitantes de calle y los ladrones de a pie, habitando los lugares comunes de las políticas represivas de sus antecesores con operativos tipo redada, estrategia ya de por si obsoleta e ineficiente (Bergman, 2023).
Para palear la contradicción fundamental de la lucha de clases, es necesario avanzar en una política de seguridad que se desligue de la perspectiva represiva hacia la población y avance sobre el desmantelamiento de las redes criminales.
Es necesaria la colaboración entre el gobierno nacional y el distrital para generar una política de seguridad humana, que fortalezca el tejido social de los barrios periféricos, y devolver los programas sociales que prioricen a los sectores históricamente marginados, como las mujeres, los jóvenes y los habitantes de calle.
