Aunque la propuesta sí afectará a los grandes capitales y altos ingresos, falta mucho para lograr una estructura tributaria justa
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
La propuesta de ley de financiamiento presentada al Congreso de la República, que aspira a recaudar más de 26,2 billones de pesos para financiar parte del presupuesto de la nación de 2026, ha provocado discusiones en redes sociales, medios de comunicación y pánico en sectores de la población, consecuencia de fake news y declaraciones de la oposición con intervención de los grandes medios de comunicación.
El objetivo del proyecto es garantizar el presupuesto del próximo año, cerrar la brecha fiscal y buscar estabilidad, como lo manifestó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien agregó que se parte de no golpear la canasta familiar, que quienes tengan mayores ingresos tributen más y, quienes tengan menores, paguen menos.
Hay que tener en cuenta que las finanzas públicas se afectaron porque el Gobierno debió atender el gran hueco fiscal, producto del desfinanciamiento de Iván Duque al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, FEPC.
Algunas mentiras
Por otro lado, para responder a la campaña de desinformación, la representante a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal, en la red social X aclaró varios puntos.
Acerca de que se cobraría el 19% por ir a restaurantes, la representante dijo que era falso, porque: “El proyecto no introduce modificaciones al Impuesto Nacional al Consumo para servicios de restaurante, que actualmente es del 8%, solo lo amplía a servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, pero no menciona ni altera la tributación”.
A la vez, la senadora de oposición, Angélica Lozano, publicó un video en el que expresó que Petro le ponía IVA a la cuota de administración de las viviendas, en los conjuntos residenciales.
El ministro Ávila aclaró que lo que se gravará son las cuotas en los clubes sociales y, la congresista Boreal desmintió: “El Artículo 3 establece explícitamente una exclusión del IVA para las cuotas de administración asociadas a la propiedad horizontal. El Artículo 4 establece que las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal de uso NO residencial son responsables del IVA por la prestación de servicios de parqueadero o la explotación económica de sus áreas comunes”.
El debate de los combustibles
Sin embargo, una de las propuestas que más ha provocado controversia es gravar los combustibles líquidos derivados del petróleo así: para 2026 la tarifa del ingreso al productor en la venta de gasolina será del 10% y desde el 1 de enero de 2027, la tarifa general del IVA. Para 2026 y 2027, “la tarifa del ingreso al productor en la venta de ACPM será del 10% y a partir del 1 de enero de 2028 aplicará la tarifa general”.
La proposición provocó polémicas acerca de la afectación o no en el costo de los productos de la canasta familiar.
El primer mandatario calentó la discusión cuando expresó en alocución presidencial que los pobres casi no usaban gasolina. El periódico El Colombiano, le respondió: “cálculos de expertos señalan que el 60% de los vehículos que circulan en el país pertenecen a los estratos bajos y medios (1, 2 y 3), mientras que en el caso de las motocicletas la proporción asciende al 95%”.
Carlos Fajardo, asesor en finanzas, mediante un video en redes sociales expresó: “En Bogotá hay 10 millones de habitantes, pero solamente hay 2,6 millones de vehículos, de los cuales 500 mil son motocicletas. De entrada, se puede decir que la mitad de los bogotanos no utiliza gasolina en un medio de transporte propio, la utilizan vía Transmilenio. Es la primera razón para decir que el presidente está en lo correcto”.
Los diferentes vehículos
Asimismo, Fajardo comentó que la mayoría de personas de estos estratos tienen motocicletas que consumen la décima parte de un carro y, que compran carros con motores más pequeños -1.000 o 1.200 centímetros cúbicos-; mientras que en los estratos altos se usan camionetas de más de 3.000 centímetros, que consumen el triple que un carro pequeño y 15 veces más que una motocicleta. También, que muchos empresarios o políticos usan varias camionetas porque llevan escoltas.
Acerca de los miles de mototaxistas, taxistas o conductores que viven del trabajo de su vehículo, anotó que están ejerciendo una actividad comercial que les paga el costo de la gasolina.
Por lo contrario, el investigador y analista económico, Camilo Rodríguez, señaló que el Ministerio de Hacienda calculó los impactos, “y dijo, ‘Oiga, la gente de ingresos más altos va a pagar un poco más de impuestos, porque una camioneta Prado consume más gasolina que una moto’. Obviamente, pero en términos proporcionales de su ingreso, pues lo que paga la persona por la gasolina de su moto respecto a su ingreso es muy alto”.
Para Rodríguez, esa medida sí es un golpe a los bolsillos de los colombianos: “El Ministerio de Hacienda calcula que, para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, el impacto puede estar en 0.4 puntos porcentuales de la inflación. Y, obviamente habrá un impacto sobre los alimentos a través de la ACPM”.
En cambio, Carlos Fajardo, indica que el aumento del IVA no es sobre el total del valor del galón, sino sobre un componente, “que es el precio del productor, que es un poco más del 50% del precio final”.
Además, que en la estructura de costos del combustible es apenas un componente: “Si lo miro en conjunto, el impacto del aumento del IVA en uno de los factores de la gasolina o del ACPM tiene un impacto menor en el precio final de los productos; calculo que es menos del 1%”.
Falta mucho
Ahora bien, el Gobierno busca corregir la práctica de pasados gobiernos, quienes mantuvieron una estructura tributaria en favor del gran capital, afectando a pequeñas empresas y personas de bajos ingresos; lo que también generó un hueco fiscal.
“Es una estructura diseñada por los partidos políticos tradicionales”, anota Camilo Rodríguez y agrega que, aunque la propuesta de Minhacienda sí afecta más a los altos capitales e ingresos, falta mucho.
El analista cree que se debe prohibir que empresarios tengan bienes de uso personal como carros, yates, aviones, fincas y apartamentos a nombre de las empresas, porque así evaden.
También propone ponerles la lupa a las zonas francas e instaurar medidas para usar menos dinero en efectivo, ya que así es fácil lavar dinero y evadir.
No obstante, para avanzar en ese sentido se debe fortalecer más a la DIAN, con más y mejores mecanismos de inspección y vigilancia: “El tema es que está cooptada por grupos políticos y hay gente que trabaja para otros lados…”
