El 31 de julio se radicó en el Congreso una propuesta legislativa que busca regular la actuación de las empresas para proteger los derechos humanos en el país
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
La iniciativa se creó a través de varias organizaciones territoriales y nacionales que hacen parte de la Mesa de lucha contra el poder empresarial. Estas organizaciones han documentado que en estos procesos judiciales no ocurría nada más allá de las sentencias, y las empresas continúan operando con impunidad.
Así pues, las organizaciones convocantes exigen la regulación en derechos humanos para las empresas, mineras, agroindustriales o de ultraprocesados y bebidas azucaradas; reparación integral a las víctimas y justicia efectiva, sin impunidad.
“Hace cinco años comenzamos a pensar en algo para detener lo que estaba pasando, así fue como se constituyó un pequeño comité de impulso que buscó qué hacer con la captura corporativa del Estado, puesto que las empresas han puesto funcionarios, modificado normas y financiado políticos”, señala Jenny Paola Ortiz, coordinadora del programa de derechos humanos, movilización social e interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz, Cinep, PPP.
De esta manera, bajo el liderazgo del Centro Socio Jurídico Siembra ─organización que defiende la autonomía de procesos territoriales contra el avance del extractivismo─, se diseñaron dos estrategias, “la primera, un proyecto legislativo, que lo llamamos el Proyecto del Siglo, ya que, hay cien años de impunidad empresarial, como United Fruit Company que violó derechos humanos hace cien años y hasta ahora es que están en proceso judicial por sus delitos. La segunda, comenzamos a hacer juntanzas colectivas y procesos pedagógicos que nos permitan posicionar esta discusión”, explicó Ortiz.
Estos procesos pedagógicos se han realizado en cinco talleres regionales presentando el proyecto de ley, asimismo, en tres foros nacionales donde se ha empezado a discutir, “buscamos que se centre en las comunidades y algunos sectores sindicales, por otro lado, estamos moviendo una galería de la memoria que hicimos sobre cien años de impunidad y cien años de resistencia de las comunidades y trabajadores. El camino es largo, pero vamos avanzando poco a poco”.
La radicación en el Congreso
Ahora bien, el proyecto fue firmado por veintidós congresistas de distintos partidos políticos, “de entrada es un escenario favorable, sin embargo, sabemos que las empresas financian campañas de congresistas, y eso va a generar algunas tensiones al interior del Congreso.
»Igualmente, el logro es llegar al primer debate, y esto depende de la agenda legislativa, debemos pensar en una estrategia porque hay unos congresistas que no pueden declarar por conflictos de intereses”, puntualiza Jenny Ortiz.
Por otro lado, se ha evidenciado una campaña de desinformación sobre el proyecto y las empresas, “si una empresa no viola derechos humanos no se debe preocupar, porque el proyecto lo que busca regular es que las empresas no los violen.
»Lo que estamos haciendo es el primer esfuerzo, y tal vez no pase en los debates en el Congreso, pero seguiremos, hasta la victoria”, finaliza Ortiz.
La arena internacional
La iniciativa está relacionada con el debate internacional sobre empresas y derechos humanos, impulsado en espacios como las Naciones Unidas. Según Rosa María Mateus, vicepresidenta del Colectivo de Abogadas y Abogadas José Alvear Restrepo, Cajar, “estos debates llevaron a una debida diligencia y a una normatividad en Europa que se empezó a desarrollar junto a las discusiones sobre el Tratado Vinculante, que demostraron que no basta que los instrumentos de derechos humanos sean voluntarios, y debe haber un marco de obligatoriedad.
»Estas reflexiones fueron avanzando, puesto que los borradores que se iban presentando en Naciones Unidas los veíamos también la sociedad civil. Así fue como llegó esta discusión a Colombia para darnos cuenta que era necesario un propio borrador de un tratado vinculante”.
Así pues, para las organizaciones que impulsan el proyecto es importante que se empiece a discutir sobre los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas, “sobre todo de las transnacionales, que han logrado en nuestro país empobrecer mentes y conciencias, y hacer ver que sin ellas no hay desarrollo, y es todo lo contrario, han acabado con economías que permitían que pueblos y comunidades enteras subsistieran bajo sus lógicas y formas.
»Nosotros no estamos atacando a ninguna empresa, solo queremos que se cumplan con los derechos humanos y las responsabilidades que tienen”, concluye Mateus.
Urge un Tratado Vinculante
Ahora bien, existen los planes de acción frente a derechos humanos y empresas, no obstante, son ineficientes, “no son herramientas reales para las comunidades ni para las organizaciones que enfrentan los casos contra las empresas que vulneran derechos humanos. Por eso, el Tratado Vinculantes, aunque ha disminuido el estándar de protección de derechos humanos, para nosotras sigue siendo ese horizonte político sobre las discusiones que planteamos”, puntualiza María Camila Moreno, del Centro Socio Jurídico Siembra, que lidera la iniciativa del proyecto.
También se contrarresta la tendencia de la debida diligencia, “sabemos que esta ley de debida diligencia no es suficiente en un país que ha tenido un siglo de impunidad.
»El proyecto de ley es un esfuerzo muy grande, en construcción, socialización, retroalimentación con diferentes actores hasta llegar al texto final. Por eso, la apuesta va más allá, queremos que el proyecto ponga en debate que las empresas violan derechos humanos, y deben responder ante la justicia como cualquier otro actor”, finaliza con contundencia María Camila Moreno.
