Las movilizaciones exigen el fin de la erradicación violenta de los cultivos de uso ilícito y el cumplimiento del Estado de los acuerdos territoriales, para implementar el programa de sustitución
Agencia Prensa Rural
Desde el 16 de marzo, campesinos cocaleros y campesinos beneficiarios del Programa Integral de Sustitución de Cultivos, PNIS, de los municipios de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo, ubicados en el sur del departamento de Bolívar, vienen movilizándose en protesta frente al incumplimiento del programa por parte del gobierno, y contra los operativos de erradicación violenta y forzada llevados a cabo por unidades de la Policía y el Ejército en la región.
También esta movilización corresponde al rechazo frente a la compleja situación de crisis humanitaria presentada en el territorio que se viene presentando desde el año pasado, que ha provocado desplazamientos de campesinos producto de la confrontación entre grupos armados, especialmente en la zona rural del municipio de Santa Rosa, además del inusitado aumento de homicidios de habitantes de los municipios de San Pablo, Cantagallo y Simití, producto de la disputa por el control territorial de los grupos armados; allí operan las llamadas disidencias, el ELN y el grupo paramilitar de Los Gaitanistas.
El campesinado movilizado está levantando la bandera de la exigencia de garantías, ya que no hay ninguna acción por parte del Estado para desarticular los grupos armados, ni se está resguardando la integridad y el derecho a la vida de las comunidades en esta convulsionada región del Magdalena medio.
Una ilusión
El incumplimiento del gobierno frente a los acuerdos campesinos ha sido la copa que rebasó el vaso, según afirmó el dirigente de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, del sur de Bolívar, Francisco González y ratificado en el comunicado público que dio a conocer esta organización campesina.
Los municipios de Santa Rosa, Cantagallo y San Pablo están priorizados en el programa de sustitución, pero el incumplimiento recurrente tiene al borde del hambre a las comunidades, denunció el líder: “Se implementó el componente de asistencia humanitaria frente a los recursos a las familias, pero no se implementaron los proyectos productivos de mediano y largo plazo que garantizan la sustitución, y mucho menos el Plan integral comunitario y municipal de sustitución y desarrollo alternativo, PISDA, para mejorar las condiciones económicas de la población cultivadora de hoja de coca, acordado con las familias campesinas”.
El Gobierno nacional en cabeza del alto consejero presidencial para la consolidación y la reincorporación, Emilio Archila, utiliza toda una estrategia de medios para posicionar el supuesto avance de un eje nodal de la implementación del Acuerdo de Paz que son los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, pero la realidad es que, en los territorios, y en especial en los municipios priorizados en el sur de Bolívar, junto a Yondó en Antioquia, son una ilusión.
Excesiva militarización
Los programas están desfinanciados y sin ejecuciones reales, afectando a la población que ha sido secularmente golpeada por el conflicto armado. Solo han hecho unas obras de construcción de placas huella en algunas veredas, pero nada más, además de recursos perdidos producto de contrataciones irregulares, aseguraron los líderes campesinos movilizados.
El campesinado del Sur de Bolívar también denuncia que además de estar en medio de las infracciones permanentes al Derecho Internacional Humanitario, DIH, por parte de los grupos armados, son víctimas de la erradicación en medio de la excesiva militarización y constreñimiento a las familias de la zona rural y el uso de glifosato por medio de fumigaciones manuales, situación que viola las decisiones de la Corte Constitucional frente al uso de este pesticida y presionados además, son objeto de lo que catalogan como extorsión por parte de las unidades militares conjuntas de Ejército y policía, que cobran a las familias de cultivadores en medio de los operativos gruesas sumas de dinero para no arrancar las matas de coca.
Los campesinos también rechazaron las acciones represivas y ataques con uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares, especialmente hacen mención a los hechos violentos contra la población civil en la vereda de Patio Bonito en San Pablo y Aguas Lindas en Simití. También las comunidades denuncian que el Ejército patrulla las zonas rurales con paramilitares, los mismos que caminan campantes en las calles de San Pablo, sin que las autoridades actúen.
Movilización
Este proceso de movilización parte de vocerías construidas desde las juntas de acción comunal que vienen expresando las inquietudes de la población frente a la situación que padece el campesinado, lo que se ha traducido en que las familias se empiezan a reunir en los cascos urbanos de los municipios y han establecido una comisión de trabajo en la ciudad de Barrancabermeja en la perspectiva de tener un espacio de aproximación con el Gobierno nacional.
El campesinado de esta extensa región está en pie de movilización, esta es su única herramienta, ellos luchan por su proyecto de vida y la permanencia en el territorio, han acudido a estas economías como única forma de subsistencia ya que son regiones marginadas, excluidas y victimizadas, donde el único destino que le han ofrecido a sus gentes ha sido la guerra.
Las mujeres y hombres del sur de Bolívar solo piden que se implemente el Acuerdo de Paz y que se garantice una transición por medio de los programas acordados para garantizar así la sustitución de cultivos y el fortalecimiento de las economías campesinas.
Penurias del campesino
El Estado tiene la obligación de mirar hacia las regiones, las claves están en el Acuerdo de Paz. El gobierno de Iván Duque vende la imagen de estar comprometido con el medio ambiente y la paz, pero entre tanto los campesinos padecen las penurias que provoca el uso del agrotóxico que enferma a sus niños y destruye sus cultivos de pancoger, y ven cómo el gobierno burla una y otra vez a sus expectativas frente a las inversiones que requieren los territorios para garantizar la subsistencia y dignidad de sus gentes.
En estas regiones rurales como en toda la periferia, la única presencia del Estado ha sido y sigue siendo el despliegue de contingentes militares, mientras la población requiere recursos, asistencia técnica, vías para comercializar sus productos, créditos blandos, escuelas, puestos de salud.
Los PDET no pueden seguir siendo una marca para maquillar la ineficiencia del gobierno en la atención a los territorios, deben ser una realidad y se deben cumplir los acuerdos que el campesinado ha firmado con voluntad y esperanza. “Si siguen mamándonos gallo, vamos a salir de nuestras parcelas y regiones, para que vea el gobierno que tenemos rostro y dignidad de exigir nuestros derechos”, advierten los campesinos, con altivez, decisión y dignidad.
