Jaime Caycedo Turriago
El 83 aniversario coincide con un momento de tensiones severas y perspectivas de cambio en la vida nacional. En la coyuntura se destaca el avance de la inconformidad social que se ha manifestado en huelgas obreras pero también en paros como el cafetero, cacaotero, papero, en movimientos agrarios de alcance cívico regional, tomas de carreteras, marchas y bloqueos como el del Catatumbo, mientras se agitan nuevos capítulos de protesta entre los pequeños mineros en el Chocó, agredidos por la gran minería transnacional, el movimiento contra la privatización de la salud y el rechazo a la recientemente aprobada ley estatutaria, un nuevo paro nacional agrario y el anuncio de acciones de los estudiantes universitarios que exigen la gratuidad y el fortalecimiento de la educación pública.
El llamado modelo de la ‘prosperidad’ muestra todo menos armonía en el plano social. La inconformidad se está generalizando y muestra fallas críticas a lo largo de toda la estructura social. En vísperas de inaugurarse un nuevo período legislativo el régimen se atrinchera en sus mayorías parlamentarias, la única locomotora que le funciona. Si algo ha caracterizado al gobierno de Santos es la minuciosa constitucionalización de cuanto engendro neoliberal han recetado el Banco Mundial y los organismos multilaterales de crédito. Sostenibilidad fiscal y fuero militar simbolizan la santa alianza del gran capital, transnacional y nacional, con el militarismo como respuestas preventivas. Cuando todo muestra que ha sonado la hora de los cambios y de la apertura a la democracia el régimen se empeña en reforzar los engranajes más odiosos de un sistema agotado y decadente, que pretende sobrevivir a contrapelo de la realidad colombiana y latinoamericana.
Aquello que sintoniza a Colombia con el continente es justamente el variado insurgir de las problemáticas sociales convertidas en movimientos, reclamaciones colectivas y paros regionales que resumen el abandono, el olvido y el desprecio del régimen gobernante por las condiciones de vida del pueblo real. En el Catatumbo hace crisis una forma de existencia del Estado y de sus instituciones, que no responde a las necesidades duramente sentidas por los de abajo pero que replica con furia ante los levantamientos populares cargados de justicia.
El proceso de diálogo entre las FARC-EP y el gobierno que se desenvuelve en La Habana representa el fenómeno político de mayor trascendencia actual en el país. Es un avance con relación a las condiciones preexistentes de una guerra contrainsurgente devenida en política permanente del Estado.
La exigencia de una solución política, que había sido engavetada como opción desde 2002, ha abierto una compuerta de reflexión y de esperanza que ha puesto en debate al país. Mientras se ha alcanzado un acuerdo parcial sobre el primer punto: desarrollo rural y territorial, el abordaje del segundo punto revela la enorme inercia del régimen frente a la necesidad de transformar el modelo de la democracia restringida y militarizada.
Se hace evidente la ausencia de una actitud de apertura y compromiso del poder y de una agenda social vinculada al proceso de diálogo. La criminalización de la actuación popular agranda la agudeza del conflicto planteado por la ciudadanía. El tratamiento a las protestas exhibe un enconchamiento del régimen y de los gremios del gran capital para negarse a dialogar y resolver las demandas populares. No ha variado ni un ápice el viejo pretexto del orden público ni la represión con medios y métodos de guerra. En el Catatumbo, la fuerza pública utilizó armas largas y de alta velocidad, desproporcionadas para enfrentar los reclamos sociales según lo atestigua la comisión de la ONU.
La gran pregunta que irrumpe con fuerza es ¿cuál es la voluntad política que el régimen asocia a los dos temas cruciales de la vida nacional: la búsqueda de la paz y el agravamiento de la crisis social? Ambos están reclamando cambios inaplazables. El No, convertido en la única respuesta del poder solo preludia el agravamiento y profundización de la crisis.
Al conmemorar el 83 aniversario de la creación del Partido Comunista se hacen más exigentes los pasos hacia la unidad obrera y popular. La prioridad está en actuar en dirección al reagrupamiento de las fuerzas que se alinean en el campo de la defensa de proceso de paz, reconocen la necesidad de pagar la deuda social, reclaman verdad, justicia y reparación integrales y medidas para la democratización de la vida política.
La restitución de la personería jurídica de la Unión Patriótica es un importante reconocimiento a la lucha contra la exclusión y el marginamiento operado desde el Estado contra la oposición democrática con el pretexto de la combinación de las formas de lucha. En la batalla de ideas quedan en la picota pública todas las expresiones de discriminación selectiva en que se ha sustentado el poder para justificar, con una legislación cicatera y antidemocrática la persecución a la izquierda y la criminalización de la inconformidad social.
Pero la restitución formal de la personería no puede ocultar la mezquindad del gobierno que elude decisiones de reparación política, social e institucional plena que no admiten espera. La recepción positiva en la opinión de un acto elemental de justicia demuestra la amplitud del apoyo que gana la lucha por la paz, por el derecho de la oposición democrática para devenir en alternativa de cambio y para sepultar el pesado fardo de la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado.
En este aniversario marchamos a buscar la unidad con optimismo, favoreciendo las convergencias, actuando en todos los escenarios, construyendo nuevas formas de respeto, solidaridad y en acompañamiento a todas las luchas que emergen de la crisis en curso. Sin duda el régimen evade la pregunta de si el pueblo quiere seguir siendo gobernado como siempre. La unidad sin exclusiones ni prejuicios tiene todas las herramientas para crear la respuesta.
