martes, abril 8, 2025
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35 años de la masacre en la casa de la JUCO

Se conmemora un año más de los hechos ocurridos en la sede de la Juventud Comunista en Medellín. El 24 de noviembre de 1987, un comando de hombres armados, asesinó a quemarropa a seis jóvenes integrantes de la organización. El caso sigue en la impunidad

Harold García-Pacanchique

Colombia acabó de enloquecer, tituló Pilar Lozano en su nota periodística en el diario El País de España tras conocer la trágica y amarga noticia. En la Calle 56 No. 49-70 de la ciudad de Medellín, un grupo de tres hombres armados ejecutaron a quema ropa a seis jóvenes de la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, el 24 de noviembre de 1987.

Por estos años la capital antioqueña vivía una cruenta violencia política. En tan solo dos meses el movimiento popular del departamento sufrió tres golpes. En un lapso de 10 horas, el 27 de agosto de 1987 fueron asesinados el líder sindical y maestro Luis Felipe Vélez, quien presidia la Asociación de Instructores de Antioquia, el defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez y el profesor y militante de la Unión Patriótica Leonardo Betancourt.

Los años ochentas

El ascenso del movimiento popular en el país, producto de la acumulación de fuerzas desatada tras el paro de septiembre de 1977, enriqueció el contexto político de la entrante década de 1980, periodo en el cual se realizó el XIII congreso del Partido Comunista Colombiano, PCC, donde se debatieron temas cruciales como la apertura democrática, la paz y la salida dialogada al conflicto político, social y armado que asolaba al país desde hacía más de tres décadas.

Pero mientras estos hechos ocurrían, también se fueron consolidando fuerzas reaccionarias de corte mafioso pertenecientes a la creciente economía subterránea que ganaba aceleradamente espacio territorial por medio del despojo a las comunidades campesinas. Se configuró una lógica política mediada por el narcotráfico y la imposición, lo que el profesor Renán Vega ha llamado la cultura traqueta.

La UP y su participación en Antioquia

La Unión Patriótica, UP, emergió en 1985 producto de los acuerdos políticos alcanzados en Uribe, Meta, entre el Gobierno nacional presidido por Belisario Betancur y las FARC-EP. Uno de los aspectos más relevantes de la naciente UP consistía en su composición campesina, obrera, indígena y negra, que agrupaba las voces y los rostros de los sectores populares, dándole una cara variopinta al nuevo momento. La UP representó una alternativa real de los sectores excluidos del bipartidismo liberal y el conservador que controlaban por aquel entonces la política nacional.

Es así que tras su primera participación electoral, la UP va a sorprender a la opinión pública. En Antioquia, como en el resto del país, los resultados fueron excelentes pues obtuvo 33.900 votos.

La respuesta del Establecimiento fue la represión. Las estructuras mafiosas del narcotráfico, en connivencia con los partidos tradicionales, las Fuerzas Armadas y los paramilitares iniciaron una política de exterminio contra la UP, el PCC y la JUCO en Antioquia.

En el periodo 1984-1987 fueron asesinadas 69 personas en el departamento, siendo 12  ejecutadas en la ciudad de Medellín. El año de 1987 fue el más sangriento en el país, dejando un saldo de 163 víctimas fatales, de las cuales 36 pertenecían al departamento antioqueño.

La JUCO, objetivo militar 

Sobre las 4:15 de la tarde del 24 de noviembre, se asestó un cruento golpe a la JUCO. Un grupo de sicarios asesinó a seis jóvenes en las instalaciones de dicha organización.

Rafael Bolívar, militante de la organización y uno de los sobrevivientes de este hecho, declara que en la casa de la JUCO siempre había amenazas: “Cuando yo contestaba se quedaban callados. Pero cuando contestaba mi mujer, decían: ‘¿Ya tienen el alma preparada? ¡Alístense, porque pronto vamos a aterrizar!’ Llamaban varias veces al día. A veces no contestaban. Querían saber quiénes estábamos en la casa. A veces llamaban tarde en la noche”.

Finalmente, las amenazas se concretaron la tarde de aquel martes 24 de noviembre de 1987. Un grupo de hombres armados irrumpió en la casa de la JUCO y consumó la tarea. El relato de Bolívar nos transmite la angustia del momento: “Rápidamente nos reunieron a todos los que estábamos en ese segundo piso y sin darnos tiempo nos llevaron a la cocina. –¿Dónde están los dólares y las joyas? Yo les contesté ¿cuáles dólares? Mi hermana me dijo: –No te subleves, sin saber que esas eran sus últimas palabras. –Bueno, bueno, ¡al suelo! Los otros compañeros no se alcanzaron ni a acostar, sino a quedar medio sentados y ahí, en cuestión de segundos, alcancé a ver un tubo largo como de ametralladora o subametralladora y se oyó el ¡rafagazo!”.

Allí perecerían quienes en la sede esperaban la reunión de informes sobre el primer Congreso de la Mujer Trabajadora, que se había realizado en Bogotá días antes. Estaban Orfelina Sánchez, su cuñada, María Concepción Bolívar, Irán Suaza, Luz Marina Rodríguez, Pedro Sandoval, Marlene Arango Rodríguez y Rafael Bolívar (quien sobrevivió).

Impunidad y complicidad institucional

Aunque han sido varias las audiencias sobre este caso, los desarrollos judiciales son limitados porque las investigaciones no avanzan. Pero lo que sí es claro es que los elementos probatorios demuestran que los policías que se encontraban en turno de vigilancia el día de los hechos actuaron de manera negligente, primero por encontrarse fuera de su espacio de guarda tras decidir, en el preciso momento del atentado, ir a tomar un café a unos cien metros de la casa de la JUCO, y segundo, por no actuar inmediatamente tras escuchar los disparos que estremecieron en la sede.

Manuel Cepeda Vargas, en entrevista con Bolívar, anotó lo siguiente: “El alcalde de Medellín, William Jaramillo Gómez, sostuvo que la pareja policial situada al frente de la casa de la JUCO no oyó los tiros porque las armas tenían «silenciadores». Al respecto dice Rafael Bolívar: sonaba duro, ¡muy duro! La gente de la calle escuchó los disparos. Personal de las peluquerías y salones de belleza que hay alrededor salía y eso se llenó de público afuera”.

Las investigaciones propias de la organización comunista advierten que existió complicidad por parte de los agentes de la policía, que hicieron oídos sordos mientras fusilaban a seis jóvenes de manera indiscriminada. Dice Bolívar que tras los disparos “solo se oían los chorros de sangre, eso fue fatídico, entonces esperamos a que todo quedara en silencio y me levanté, porque fui el único que quedó ileso y pues bañado en sangre, de la sangre de todos mis compañeros y empecé a gritar y a pedir auxilio”.

Prohibido olvidar

Se hace necesario que, luego de 35 años de estos sucesos, se vuelva sobre el recuerdo colectivo de las situaciones y actos que generaron este tipo de violencias en el país, buscando con ello reafirmar en la memoria de los colombianos las vidas de quienes perecieron en uno de los genocidios más impactantes de la historia reciente latinoamericana.

Debemos trabajar por impedir el olvido, a través del ejercicio colectivo de la memoria, permitiendo así que se propenda por seguir hallando las bases de una democracia solida, con justicia social y en paz, para que nunca más la violencia oficial vuelva a descargarse en contra de los pobres, los jóvenes y los excluidos. Por ello su memoria debe continuar  siendo parte del recuerdo activo, militante y rebelde que continúe forjando los sueños y las esperanzas de quienes hoy también trabajan por la causa del socialismo.

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