Por: Gerardo Esteban Vargas*
La Constitución Política Nacional de Colombia cumplió 25 años de su promulgación,1 resultado de varios factores, entre otros, el movimiento juvenil de la Séptima Papeleta, los procesos de paz adelantados con las guerrillas del M-19, el Quintín Lame y el EPL. Por otro lado, el país estaba inmerso en un conflicto entre diferentes actores: el movimiento armado insurgente, el narcotráfico; paramilitares actuando en alianza con agentes del Estado, pagados y coordinados por ganaderos, grandes terratenientes y varios empresarios, y la delincuencia común, consecuencia de la descomposición e injusticia social. Otros dos factores internacionales fueron determinantes: uno de ellos el Consenso de Washington de 1989 –el cual fue la punta de lanza de la expansión neoliberal en América Latina– y el otro, la desaparición del “socialismo real” en Europa Oriental.
En teoría, con la nueva Carta Magna se ampliaron los derechos sociales, económicos y culturales, se constitucionalizaron los derechos colectivos y del medio ambiente, se estableció la figura del “bloque de constitucionalidad” ampliando el catálogo de los derechos humanos; se limitó la figura del estado de sitio, se creó un tribunal constitucional independiente y unos mecanismos para proteger los derechos como la tutela. Aun así, la materialización de muchos de esos aparentes logros sociales, un cuarto de siglo después sigue pendiente, lo que se explica por una razón: La batalla real, la que gira en torno a la economía, esa que condiciona el actuar político y por lo tanto el jurídico, la ganó en la constituyente el neoliberalismo.
Una característica neoliberal de la Constitución de 1991 consistió en el diseño que se le dio a la Banca Central como “entidades autónomas independientes”.
Por otro lado, al definir algunos derechos fundamentales como la educación, la salud y las pensiones con el calificativo de “servicio público”, se avaló su mercantilización.
Se estableció como “derecho fundamental” la institución de la “libre competencia económica”, figura que impide que el Estado pueda tener empresas como único propietario, incluso en sectores estratégicos de la economía.
Se fortaleció la descentralización administrativa territorial, se limitó la capacidad de que se creen empresas estatales fuertes en el sector público, dando lugar a figuras como la concesión y la contratación en general.
La arquitectura dada a los asuntos internacionales, dio vía libre para acordar todo tipo de tratados de libre comercio, a la par que se estableció que estos podrían entrar a regir en forma provisional sin haber sido aprobados por el Congreso, prerrogativa que ni siquiera los tratados de derechos humanos obtuvieron.
En conclusión, desde el punto de vista económico, la Constitución Política de 1991 ha sido el mayor logro que ha alcanzado el neoliberalismo en la historia de Colombia.
* Economista Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS).
1 http://www.las2orillas.co/la-constitucion-del-91-una-victoria-del-neoliberalismo-en-colombia (Consultado el 23 de octubre de 16).
