11 años de un infierno: ¡Guantánamo sigue ahí!

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Aspecto de la prisión de Guantánamo.

Alberto Acevedo

Las recientes declaraciones de un prisionero de origen yemenita, que permanece prácticamente enjaulado desde hace algo más de 11 años, sin que hasta la fecha se le haya formulado cargo criminal alguno y mucho menos se hayan aportado pruebas que lo sindiquen de algún delito, y por lo tanto en ese tiempo no ha sido sometido a juicio con acceso a un debido proceso, puso de nuevo sobre el tapete el tema de la existencia de la prisión de Guantánamo.

Aspecto de la prisión de Guantánamo.
Aspecto de la prisión de Guantánamo.

Samir Naji al-Hasan Moqbel es un yemenita que en el año 2000 viajó de su país a Afganistán en busca de una mejor oportunidad de trabajo. Durante la invasión norteamericana a este último país, Samir se trasladó a Pakistán, donde fue detenido por tropas norteamericanas y trasladado secretamente a una cárcel que Estados Unidos mantiene en la bahía de Guantánamo.

El testimonio de este ciudadano yemenita fue publicado el pasado 15 de abril en The New York Times y su relato ha estremecido a miles de lectores que lo siguen difundiendo a través de la redes de internet. “Dos veces al día me amarran a una silla en mi celda”, en un esfuerzo de los guardas por alimentarlo a la fuerza.

“Mis manos, mi cuello y mi cabeza sangran constantemente por los enormes sufrimientos a que soy sometido. No hay día en que algún prisionero no se desmaye. A veces tienen vómito de sangre”, dice al-Hassan, quien desde el 10 de febrero pasado inició una huelga de hambre en la que actualmente, de acuerdo a información confirmada por el Pentágono, participan 43 huelguistas más, especialmente de los denominados campos 5 y 6 del centro de reclusión.

La huelga de hambre, dicen voces llegadas desde la prisión, no es sólo para protestar por las horribles condiciones de encarcelamiento, sino ante todo para denunciar la enorme injusticia de permanecer enjaulados, durante años, sin que se haya presentado prueba alguna en su contra, y por ende se les haya permitido impugnar las acusaciones formuladas. La huelga de hambre se intensificó la semana pasada cuando algunos guardianes dispararon balas de goma contra varios detenidos.

En el caso de al-Hassan, ni siquiera se la ha considerado un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. “Tengo 35 años, y Guantánamo me está matando”, dice. “Lo que quiero es ver a mi familia de nuevo y fundar mi propia familia”.

La base naval de Guantánamo es un enclave colonial que los Estados Unidos usurparon a Cuba desde 1903. En desarrollo de la llamada “guerra contra el terrorismo”, después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono norteamericano construyó allí una prisión, que inicialmente mantuvo en secreto. Hasta allá fueron llevados casi 600 detenidos, de los cuales hoy permanecen en el centro carcelario 166, la mitad de ellos yemenitas.

Barack Obama, respondiendo a las demandas de la comunidad internacional, incluyó dentro de su plataforma electoral la promesa de que cerraría la prisión de Guantánamo. Así lo consignó además en su discurso de posesión para su primer mandato. Sin embargo, hasta ahora no ha cumplido ese compromiso.

Hay quienes opinan que la Cámara de Representantes y el Senado norteamericanos son factores que inciden en la negativa del presidente de asumir una decisión en este sentido. Pero eso no es del todo cierto. El Ejecutivo norteamericano tiene facultades suficientes para clausurar el centro carcelario.

Recientemente, Navy Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la “detención indefinida” en que permanecen los prisioneros de Guantánamo viola el derecho internacional humanitario, y reclamó el cierre inmediato de la prisión. Esta actitud contrasta con la asumida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que guarda silencio cómplice frente tamaña monstruosidad, y en cambio saca a Colombia de la lista de violadores de derechos humanos, no obstante ser este país paraíso de grupos paramilitares y de “falsos positivos” de agentes del Estado.