El centenario es un evento que nos recuerda que la clase obrera durante mucho tiempo luchó sin ningún tipo de garantías, solo amparada en su acción colectiva organizada. Las conquistas del proletariado han contribuido a la construcción de una nación libre
Beatriz Guerrero – Alejandro Cifuentes
Este año la Unión Sindical Obrera, USO, cumplió cien años de existencia. Este hecho reviste una gran importancia tanto por su significación histórica en las luchas de la clase obrera colombiana, así como por la situación actual del movimiento sindical.
Hoy el sindicalismo está sumido en una crisis configurada, en buena medida, por la violencia y el avance de las contrarreformas neoliberales. Sin embargo, quienes desde hace más de tres décadas vienen declarando caducos al proletariado y al sindicalismo, chocan contra la tozuda realidad, donde organizaciones como la USO siguen enfrentando las prácticas de explotación y depredación del capital.
El centenario de la USO es un evento que nos recuerda que la clase obrera durante mucho tiempo luchó sin ningún tipo de garantías, solo amparada en su acción colectiva organizada, y que así logró conquistar los derechos que hoy la burguesía pretende cercenar sin más. Igualmente, esta efeméride es un buen momento para traer a la memoria que muchas de esas conquistas del proletariado han contribuido decisivamente a la construcción de una nación soberana y libre.
Las concesiones petroleras
La USO, desde sus primeras batallas, aportó a la conquista de derechos sociales para el grueso de la población colombiana, tales como la regulación de la jornada laboral y el derecho a huelga y sindicalización. Pero, además, el sindicato se empecinó en una reivindicación cuya relevancia trascendía el interés gremial: la nacionalización de los petróleos.
Aunque desde un inicio la vida de la organización estuvo ligada a la lucha abierta contra los intereses imperialistas en el país, en la década de 1940 la USO se propuso impedir que la vergonzosa concesión petrolera, entregada treinta años antes por la oligarquía bipartidista al monopolio norteamericano de Rockefeller, fuera renovada. La brega del sindicato finalmente hizo posible un mayor control de la nación sobre el crucial recurso.
A principios del siglo XX el gobierno colombiano quiso sacar provecho del petróleo, pero no sería la nación la primera beneficiada. En 1905, Rafael Reyes, quien por ese entonces había cerrado el Congreso y ejercía poderes excepcionales, le entregó a su ahijado Roberto de Mares y a su compinche Virgilio Barco, el privilegio de explotación de los pozos de Barrancabermeja.
A Barco se le entregó una concesión de 186 mil hectáreas en el Catatumbo por un lapso de 50 años y a de Mares sobre un área de 512 mil hectáreas en la zona conocida como “Las Infantas” por 30 años. En ambos casos el Estado tenía una participación de apenas 15% sobre el producto neto.
No obstante, ni Barco ni de Mares contaban con los recursos o las capacidades para extraer petróleo. Por eso no pudieron cumplir con los plazos que les imponía la ley para iniciar la explotación del crudo. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ambos beneficiarios mantuvieran el control sobre las concesiones. Para sacar provecho de las mismas, fueron en busca de compañías que sí pudieran extraer el oro negro.
De Mares cedió sus derechos en 1916 a la Tropical Oil Company, compañía subsidiaria de la Standard Oil Company, el emporio del magnate norteamericano John Rockefeller, mientras que los derechos de la concesión Barco terminaron en manos de una empresa subsidiara de la Gulf Oil Company, propiedad de los hermanos Mellon, poderosos banqueros de Pittsburg.
Luchas obreras y represión conservadora
La concesión de Mares iba a caducar en 1951 y desde la llegada del conservador Mariano Ospina Pérez al poder en 1946, los norteamericanos empezaron a presionar para lograr una prórroga de la misma. Ospina, además, había desatado una persecución antisindical en el país que se conjugó con La Violencia, la cual debilitó al movimiento sindical y su capacidad de respuesta. Sin embargo, los trabajadores petroleros mantuvieron una posición beligerante. En marzo de 1947, la USO intentó desarrollar un movimiento reivindicativo.
Las continuas demoras a las peticiones previamente pactadas, los despidos injustificados y la represión sindical se sumaron a la decisión de la Tropical de destituir a 40 trabajadores, ante lo cual la USO decidió convocar a una huelga indefinida el 11 de marzo.
Sin embargo, el gobierno conservador intentó disuadir a los trabajadores por medio de la Tropical, señalando supuestos reintegros de sus trabajadores en otras zonas del país. Pero dichas medidas eran insuficientes, pues los salarios serían inferiores y los reintegros temporales. Este desafío al orden conservador en medio de la violencia creciente fue el preludio de la movilización obrera que reivindicó la soberanía nacional.
A pesar del movimiento de marzo, en octubre de 1947 la Tropical informó a la USO su intención de reducir el personal, argumentando una expiración del contrato sobre la concesión de Mares. Esto implicaba un despido de más de 1.500 trabajadores, comenzando con 107 obreros.
La Tropical quería usar los despidos y la subsiguiente huelga, que sabían que se desataría como respuesta, para chantajear al gobierno y poder lograr la prórroga de la concesión de Mares. La Tropical no contaba con que las reivindicaciones labores de los trabajadores se conjugasen con una postura nacionalista.
Marcha hacia la nacionalización
La USO preparó la huelga para el 7 de enero de 1948. Pero este movimiento no perseguía solamente la petición de mejores condiciones laborales, sino que se trazó objetivos políticos al oponerse explícitamente a la explotación extranjera del petróleo. Los obreros demandaron el cese inmediato de la concesión de Mares y la nacionalización de la industria del petróleo colombiano.
Más de 10 mil trabajadores, liderados por Diego Montaña Cuellar, Víctor Julio Silva, Jaime Rubio, Tulio Echeverry y Pedro J. Avella, cesaron actividades; argumentaban que su demanda de reintegro de los trabajadores injustamente despedidos se sustentaba en la defensa de la soberanía nacional.
Aunque el gobierno declaró legal la huelga, desplegó a la fuerza pública para reprimir a los trabajadores, mientras que la prensa, encabezada por El Siglo y El Tiempo, afirmaban falsamente que lo que el sindicato perseguía era que la concesión de Mares pasara a manos de otra empresa extranjera. Pero la USO logró neutralizar las mentiras y gracias a la acción de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, pudo desplegar huelgas de solidaridad.
A finales de febrero, la Corte Suprema creó un tribunal de arbitramento para poner fin al conflicto. En este, la USO logró el grueso de sus reivindicaciones sobre despidos, aunque el gobierno impidió que en el tribunal se discutiera el punto referente a la reversión de la concesión de Mares. Pese a ello, este movimiento huelguístico creó un ambiente de debate sobre el problema de los petróleos, y generó una posición favorable en la opinión pública frente a la nacionalización de los hidrocarburos.
La USO dio una dura batalla más en 1948 tras el asesinato de Gaitán. Por algunos días el proletariado petrolero asumió el gobierno de Barrancabermeja y aunque sufrió posteriormente una dura represión por su osadía, siguió asumiendo una posición nacionalista frente al asunto de la concesión de Mares.
Cuando esta llegó a su fin en 1951, a pesar de la cercanía del gobierno conservador liderado por Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, no fue renovada, y de hecho, en agosto de ese año, se vieron forzados a reversar la concesión.
Lo anterior dio pie a la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, concretando así la lucha de la USO iniciada en enero de 1948.
