Los partidos de la izquierda, los sindicatos de la ciudad y del campo, las organizaciones sociales y populares que serán el blanco de los atropellos en la aplicación del nuevo Código de Policía deben cerrar filas para exigir su derogatoria y apoyar las demandas anunciadas de inconstitucionalidad.
Editorial del Semanario VOZ
El nuevo Código de Policía fue aprobado en la Cámara de Representantes, el pasado jueves 16 de junio en la agonía del periodo de sesiones del Congreso de la República. Son 244 artículos del Código de Policía, elaborado por policías y a la medida de la crisis que padece la institución. Las normas son punitivas y como lo declaró el representante Alirio Uribe, pone a la policía a pelear con todo el mundo. El titular de El Tiempo del viernes 17 de junio es muy diciente: “Hasta colarse en bus tendrá multa(…)”. Como también orinar en la calle, hacer ruido en las vías públicas y otras situaciones obvias que pueden ser parte de la acción preventiva o punitiva pero sin tantas arandelas y licencias que recibe la entidad para actuar sin control judicial.
No se niega la necesidad de un Código de Policía moderno. El anterior data de los años setenta del siglo pasado y fue elaborado en el espíritu de la Constitución de 1886. Las normas apuntaban a reforzar el régimen de estado de sitio y de excepcionalidad permanente, así parezca una contradicción.
Pero la reforma, en las condiciones de hoy de cara a los procesos exitosos de paz con la insurgencia, debe ser democrática y participativa. El país requiere de un Código de Policía para el posacuerdo, para reforzar la democracia y la participación ciudadana. Más que un sistema de normas punitivas, se requiere es el acercamiento de la desprestigiada institución con la ciudadanía para construir la paz estable y duradera.
Antes que en un catálogo de normas coercitivas que lo prohíbe y sanciona todo, hay que pensar en la reforma estructural de la policía que debe dejar de ser un cuerpo militar (o militarizado) para convertirlo en un aparato civil para la preservación del orden público a través de mecanismos democráticos. No se puede concebir en el posacuerdo un instrumento bestial como el escuadrón Esmad para reprimir las movilizaciones sociales y las protestas democráticas de los ciudadanos.
Menos aun con organismos de inteligencia dedicados a perseguir ciudadanos, a chuzar a los opositores y a montajes judiciales contra dirigentes y militantes de izquierda, sindicales y sociales. Se habla bastante de las “chuzadas” del DAS durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que llevaron a la cárcel a dos ex directores y a otros altos y medianos funcionarios, pero con ellos colaboraron la Sijín y otros organismos de inteligencia que pasaron de agache en las investigaciones judiciales.
Son temores reales que tienen las organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo entregarles en bandeja de plata el derecho de hacer allanamientos sin orden de autoridad competente? Si cometen atropellos existiendo normas que limitan esa posibilidad, ¿cómo será en el futuro cuando los asiste la libertad de hacerlo? Para el representante Alirio Uribe el nuevo Código atenta contra varios derechos fundamentales. Roberto de Bernardi, representante de la Unicef en Colombia, dijo que “es un retroceso para los derechos de los niños”, pues el esperpento antidemocrático les concede el derecho de sancionar a los menores.
La Policía Nacional tiene altos niveles de corrupción en todas las esferas. Hace pocas semanas el nuevo Director anunció la destitución de más de 3.000 uniformados y está fresco en la memoria el escándalo que llevó al retiro del general Palomino bajo investigaciones judicial y disciplinaria.
El régimen colombiano cuando avanza en dirección al posacuerdo debe acomodarse a las nuevas condiciones y romper en definitiva con la pesada herencia del estado de sitio, de los estatutos de seguridad y de la seguridad democrática que lesionan las libertades y eliminan las garantías a los ciudadanos y las ciudadanas.
Los partidos de la izquierda, los sindicatos de la ciudad y del campo, las organizaciones sociales y populares que serán el blanco de los atropellos en la aplicación del nuevo Código de Policía deben cerrar filas para exigir su derogatoria y apoyar las demandas anunciadas de inconstitucionalidad porque atropella los derechos fundamentales y las garantías legales.
