No se puede pensar en que el camino hacia la paz estable y duradera está despejado mientras la guerra sucia continúe contra los luchadores populares.
Editorial del Semanario VOZ
Cuando están en desarrollo las conversaciones del Gobierno y las FARC-EP para definir el mecanismo de refrendación del nuevo Acuerdo de La Habana y su rápida implementación, se encuentran en Bogotá los miembros del Secretariado, encabezados por Timoleón Jiménez, y se realizan actos y movilizaciones sociales y populares de apoyo a la paz, se multiplicaron los crímenes y atentados contra dirigentes agrarios, varios de ellos miembros del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.
Incluyendo la muerte violenta de los guerrilleros de las FARC-EP, Joaco y Mónica, en hechos que son materia de investigación por el Mecanismo Tripartito de Verificación del Cese Bilateral y Definitivo de Fuegos, que el Ejército los reporta como “dados de baja en combate”, mientras que testigos civiles y vecinos de la región del Sur de Bolívar aseguran que ambos fueron asesinados y fusilados por la tropa.
En los últimos días se conocieron los asesinatos y atentados contra Argemiro Lora de la finca La Europa, en Sucre; Hannier Hurtado el 31 de octubre, secuestrado en Valle del Cauca; John Rodríguez el 1 de noviembre, asesinado en Cauca; José Velásquez el 11 de noviembre, asesinado en Cauca; Erley Monroy el 18 de noviembre, asesinado en Caquetá; Didier Losada Barreto el 18 de noviembre, asesinado en Meta; Rodrigo Cabrera el 19 de noviembre, asesinado en Nariño; Danilo Bolaños el 19 de noviembre, víctima de un atentado en Nariño; Hugo Cuéllar el 19 de noviembre, herido en el Meta; y Rodrigo Cabrera Cabrera el 20 de noviembre, asesinado en Nariño. Fueron hechos, en cadena, ocurridos la semana pasada, que recuerdan los peores momentos del genocidio de la Unión Patriótica.
Son parte de una escalada reciente, de varios meses, anunciada por grupos paramilitares, subestimada y hasta negada por los voceros del Gobierno nacional. En varios casos, como el atentado a Imelda Daza en Cartagena, son presentados como atracos de la delincuencia común y otros atribuidos a venganzas personales o riñas callejeras. Es la misma impunidad que recuerda el genocidio de la Unión Patriótica que todavía es atribuido por algunos delirantes a las FARC-EP como lo hizo hace pocos días en España el inefable senador Álvaro Uribe Vélez, quien conoce muy bien las interioridades de la guerra sucia y del terrorismo de Estado contra la izquierda.
Lo peor es que estos crímenes se cometen en la más completa impunidad y en total estado de indefensión de las víctimas. Hace pocos días lo hacía notar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y cuando la Unidad Nacional de Protección (UNP) argumenta no tener presupuesto para atender todas las obligaciones y demandas de la población víctima de amenazas y persecuciones. Si no hay los recursos que se requieren para el próximo año los programas se verán afectados en su cobertura integral.
Desde 2011 son 123 los militantes de Marcha Patriótica asesinados en el país y en lo corrido del año van 17. Además de los numerosos activistas y miembros de organizaciones humanitarias y de restitución de tierras, acribillados en varias regiones.
Esta campaña criminal enrarece el clima de paz y convoca a las organizaciones sociales y populares a reaccionar de forma serena y firme para exigir medidas gubernamentales de protección y de garantía para actuar en el escenario político y social. No se puede pensar en que el camino hacia la paz estable y duradera está despejado mientras la guerra sucia continúe contra los luchadores populares.
Preocupa que las regiones en donde hacían presencia las FARC están siendo ocupadas por la Fuerza Pública, que sigue actuando bajo los rigores de la doctrina anticomunista de la seguridad nacional y de los operativos de orden público.
El Gobierno nacional debe entregar los recursos que se requieren para garantizar la seguridad y la protección de los dirigentes populares. Ningún apretón fiscal justifica dejar inermes a quienes defienden la democracia y la paz frente a los planes siniestros de los enemigos de la paz.
Las organizaciones sindicales, sociales, democráticas y populares deben cerrar filas para enfrentar a este enemigo común que insiste en la guerra para continuar sus prácticas criminales. La movilización y la protesta masiva constituyen la mejor respuesta para impedir que avancen los enemigos de la paz y de los cambios democráticos.
