Noches de miedo

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Plantón en contra del reclutamiento forzado en Bogotá.

El Ejército Nacional redobla las batidas ilegales para contrarrestar la tendencia de los jóvenes a no prestar el servicio militar

Carolina Tejada

En las horas de la noche, especialmente de los fines de semana, a los jóvenes que viven en barrios populares de la ciudad de Bogotá, les habita el temor al caminar por sus localidades, dado que pueden ser retenidos en contra de su voluntad por parte del Ejército Nacional, para ser reclutados y enviados a zonas de conflicto armado.

Son diversas las denuncias que familiares de estos jóvenes, y defensores de derechos humanos, adelantan ante la Defensoría del Pueblo, con el ánimo de frenar este tipo de arbitrariedad, después que la Corte Constitucional manifestó mediante los pronunciamientos C- 879 de 2011 y T-455 de 2014, la prohibición de las “redadas o batidas indiscriminadas, dirigidas a identificar a los ciudadanos que no han resuelto su situación militar, con el objeto de conducirlos a unidades militares u otros sitios de concentración, para que presten servicio militar”.

Edith Parada Caldas, edil de la localidad de San Cristóbal junto a Alirio Uribe, representante a la Cámara, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia, ACOCC, pusieron en conocimiento del Congreso y de la Fiscalía General de la Nación, ocho delitos documentados en los que el ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, junto a miembros de la cúpula militar incurrieron cuando sus unidades militares realizaron estas batidas y reclutamiento forzado.

La denuncia donde se relata cómo los jóvenes habían sido arbitrariamente sometidos por soldados, algunos de ellos golpeados e insultados al negarse a prestar el servicio militar, también cuenta cómo fueron enviados sin ninguna preparación militar a zonas rojas donde se vive a diario el conflicto armado. Se habla de jóvenes que en su mayoría no pasan de los 20 años. Quienes adelantaron estas denuncias esperaban que las batidas se frenaran. Sin embargo, lo que se ha visto en estos últimos meses es que las batidas no solo no cesaron, sino que, por el contrario, se incrementaron.

Las acciones

VOZ dialogó con Edith Parada, quien ha venido acompañando los casos de reclutamiento forzado, desde la localidad de San Cristóbal. Edith nos cuenta que han sido múltiples las jornadas en donde el Ejército interrumpe la tranquilidad de los barrios más populares de la ciudad para cumplir con el ejercicio anti constitucional de llevar jóvenes a la guerra.

En los primeros días del mes de agosto, se adelantaron algunas acciones con los padres de familias, para exigir su libertad. Edith comenta que: “Junto al Comité Permanente de DD.HH. y a Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia, adelantamos un hábeas corpus para exigir la libertad de varios jóvenes. Esta acción permitió la libertad de uno de los jóvenes, y esperamos que los otros chicos que fueron reclutados a la fuerza y enviados al departamento de San José de Guaviare, puedan estar pronto con sus familias”.

Edith comenta que son muy pocos los ciudadanos que conocen los derechos a objetar el servicio militar, y los mecanismos para garantizar que no sean enviados a la guerra. Para ella las acciones constitucionales son una garantía fundamental, aunque cuenta que también es necesario manifestarse públicamente. Por eso, han convocado varias jornadas de plantones frente al Batallón Distrital número dos, en el 20 de Julio, donde fueron enviados varios jóvenes. Ella menciona: “Después de dialogar con el Mayor Gómez del Distrito Militar número dos, este se negó a dejarlos en libertad pese a demostrar la inconstitucionalidad de estos hechos, lo que nos obligó a convocar un plantón junto a los padres de familia, gracias a estas jornadas de protesta logramos que uno de ellos, quien llevaba cuatro días retenido, a pesar de demostrar que era estudiante, quedara en libertad”.

Choques eléctricos

En una misiva, el pasado 10 de agosto, la Dirección de reclutamiento y control de reservas, Octava Zona de Reclutamiento, en representación del comandante de la Octava Brigada, el coronel Germán Puentes Aguilar, aseguran: “El Ejército Nacional cumple el procedimiento establecido en la Ley 48 de 1993 y en la Constitución Política de Colombia, y realiza las actividades de incorporación al servicio militar, respetando los derechos humanos y la condición de cada ciudadano para definir su situación. El Ejército no realiza “batidas ilegales”, lo que realiza son compelaciones, las cuales se encuentran respaldadas legalmente bajo la Sentencia C – 879 de 2011, que emitió la Corte Constitucional.

Pese a que aseguran cumplir con la ley y respetar los DD.HH. de los ciudadanos, otras situaciones que se suman a la cacería de jóvenes, son las de malos tratos y el sometimiento a choques eléctricos cuando estos se niegan al reclutamiento.

Es el caso de un menor de edad, quien a las nueve de la noche del domingo 16 de agosto, transitaba por el barrio San Blas, de la localidad de San Cristóbal. El ejército lo abordó y al negarse a subir al camión, argumentando que era menor de edad, los soldados le aplicaron choques eléctricos.

Estas medidas, usadas recientemente por el ejército, son catalogadas por los defensores de DD.HH. como acciones que atentan contra la integridad física de los ciudadanos, y que se debe determinar un protocolo que regule su uso. Un choque eléctrico indiscriminado también puede ocasionar la muerte. Y al igual que con las batidas, se espera que las autoridades distritales y nacionales, procedan y den cumplimento a la carta de derechos humanos y a lo demandado por la Corte Constitucional.

Para Edith, estas situaciones son un claro ejemplo de que “el Ejército está desesperado, hacen estas batidas para cumplir con las cuotas de soldados, porque los chicos ya no se presentan, nadie quiere prestar servicio militar”. Para esta líder social, es muy claro que: “El gobierno nacional no tiene interés en acabar la guerra, como objetores nos preguntamos por qué en Colombia hay más soldados que maestros. La paz de la que se habla en La Habana solo se materializara si en el país aumentan las plazas para maestros y médicos, y no fusiles para que jóvenes pobres los usen en la guerra”.