En 1999 se firmaron 25 contratos de concesión educativa, en la alcaldía de Enrique Peñalosa y Cecilia María Vélez como secretaria de Educación. Ahora, Gustavo Petro quiere continuar con algunos de ellos. Otro negocio con la educación de los bogotanos
William Agudelo
Los colegios en concesión son alianzas público-privadas que favorecen más al capital privado. Estos megacolegios fueron construidos y dotados con los impuestos de los bogotanos y su administración se les dio a concesionarios como Don Bosco; Colsubsidio; Cafam; la alianza educativa conformada por la Uniandes, Colegios Refous y Gimnasio Moderno; Calasanz; Fe y Alegría; que durante 15 años prestaron lo que para ellos es el servicio educativo a cerca de 40 mil estudiantes en jornada única. La Secretaría de Educación por cada estudiante les paga cerca de dos millones de pesos anuales.
El negocio está en atender el número mayor de estudiantes posible, por eso en algunas instituciones se presenta hacinamiento con más de 40 niños en preescolar y primaria; colegios con pico y placa; y doble y triple jornada. No se les paga a los docentes los salarios que les corresponden de acuerdo con su categoría en el escalafón, y son contratos solo por 10 meses. Los profesores ganan según el escalafón siete, independientemente que sus estudios de posgrado y experiencia los pongan en un escalafón mayor.
En estos la gratuidad de la educación no existe porque los padres de familia deben asumir algunos costos académicos. A los estudiantes no se les da comida caliente, solamente refrigerios.
En cuanto a la famosa calidad educativa, el secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, hizo un listado comparativo de los 25 en concesión con los colegios públicos, contrastando dos modelos totalmente diferentes. Los concesionados con jornada única u horario de siete de la mañana a tres de la tarde y con procesos de “selección” de estudiantes, los confrontó con los 325 colegios públicos y escolares donde asisten los estudiantes que quieran -tal como debe ser por derecho-, con horarios de siete de la mañana a 12 del mediodía.
Cuando se impusieron estos colegios hace 15 años, se vendió la idea de que iban a ser de excelencia académica y que los modelos educativos de los colegios matrices llevarían a que la educación fuera la mejor del país. Ahora, tienen que inventar evaluaciones para demostrar algo que no es notorio.
Se les olvidó a los concesionarios que en el proceso educativo también influyen los factores sociales y las condiciones de los estudiantes y sus familias. En otros términos, que no son las mismas condiciones las de los estudiantes del Gimnasio Moderno, del Refous o de la Universidad de los Andes, a los niños y jóvenes de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y San Cristóbal; que algunos viven en extrema pobreza. La transferibilidad del conocimiento no se hace de manera mecánica y por fuera de las condiciones socioeconómicas.
Según el estudio hecho por pulzo.com, de los 22 colegios que más ponen estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, siete son colegios distritales y ninguno de la educación concesionada. Estos últimos preparan a los estudiantes para que continúen educación técnica, no superior. ¿Entonces adónde van los bachilleres de los colegios de concesión? ¿Por qué está el debate ahora?
Porque los contratos de concesión regidos por la ley 80 estaban pactados a 15 años y terminan el 20 de diciembre, y los concesionarios quieren continuarlos. Para su financiación se requiere aprobar por el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo 235, radicado por el alcalde mayor, Gustavo Petro; el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el secretario de Educación, Óscar Sánchez. El proyecto no fue aprobado en la Comisión de Hacienda porque no está contemplado en el Plan de Desarrollo de Bogotá.
Es ilegal la aprobación de vigencias futuras de acuerdo con la ley 1483 y el decreto 2787, que dice expresamente: “Queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno”, argumento que fue sustentado por varios concejales de manera clara. Pero el presidente Juan Manuel Santos llamó a que los concejales lo aprueben. Es un llamado a que se incumpla la ley.
La Asociación Distrital de Educadores (ADE), desde hace más de dos años le ha planteado al secretario de Educación que inicie el proceso de reversión de los colegios de concesión para que pasen a la administración de la Secretaría, con los mismos estudiantes y docentes, en mejores condiciones de bienestar escolar, y mejores condiciones laborales y salariales para los educadores.
También le ha exigido al alcalde Gustavo Petro que sea coherente con el Plan de Desarrollo donde planteó en el eje tres la defensa del patrimonio público, así como lo prometió en múltiples intervenciones en la plaza pública.
