Latifundismo y paramilitares

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Le corresponde al gobierno hacer frente con entereza a esos enemigos ya no agazapados de la paz y facilitar los avances de la negociación con la insurgencia; abrir las compuertas a la supresión del latifundismo, sus aparatos armados y sus relaciones semifeudales remanentes de producción

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Alfonso Conde C.

“Los ganaderos no están dispuestos a ceder ni un palmo de sus fincas” dicen Ordóñez y Lafaurie ante el Congreso (El Heraldo, abril 14). Esa postura la han venido planteando los latifundistas por medio de paros armados desarrollados por organizaciones paramilitares, amenazas y asesinatos a líderes de procesos de restitución de tierras, movilizaciones, debates públicos, pronunciamientos altisonantes de dirigentes políticos incluidos los del precandidato de la extrema reacción, quien funge hoy como supuesto defensor de los derechos colectivos de la ciudadanía. Aplican, como lo han hecho desde comienzos del siglo pasado, la combinación de todas las formas de lucha contra la población, por la defensa de sus intereses de acumulación.

Quienes se han considerado siempre a sí mismos como ungidos por la providencia para ser beneficiarios de todos los derechos, aún en contra de la vida y los derechos de la inmensa mayoría, no están dispuestos a ceder sus privilegios. Hasta creen que tales privilegios son de origen divino.

Ellos no son los únicos opositores al proceso de paz que implica el cuestionamiento de las relaciones de propiedad de la tierra. Otros latifundistas dedicados a macrocultivos comparten con los ganaderos su oposición al proceso. Ambos grupos, que a veces se traslapan, han acrecentado sus propiedades apelando al mecanismo violento del desplazamiento forzado de campesinos a quienes ahora, por virtud del proceso en marcha entre las insurgencias y el gobierno, se les debe restituir su propiedad arrebatada.

Dicen entonces esos despojadores que no están dispuestos a devolver lo violentamente robado. Alegan que, después de las transacciones realizadas con esas tierras despojadas (proceso de lavado), sus últimos y actuales poseedores las adquirieron “de buena fe” y por tanto no están obligados a realizar la restitución. Se requiere ser imbécil o cómplice de los despojadores para comerse el cuento de transacciones ingenuas con paramilitares o con sus testaferros al servicio de los organizadores de esos grupos de asesinos, que por décadas se han apoderado de múltiples gobiernos locales y regionales y mantienen presencia notoria en los entes nacionales.

El punto sobre el latifundismo está aún por acordar en La Habana; es uno de los temas congelados que se retomarán al final de las negociaciones. También está sobre el tapete la eliminación del paramilitarismo que, a pesar de su existencia evidente, el gobierno insiste en desconocer. Son temas álgidos sin cuyo acuerdo difícilmente habrá desmovilización y dejación de las armas de los insurrectos.

Para el gobierno de Santos, adalid del neoliberalismo, el éxito del proceso de diálogos es un requisito para el mejoramiento del clima de los negocios que benefician al sector financiero. Al margen de su motivación se reconoce que el gobierno ha dedicado esfuerzos al logro de ese objetivo; ellos simplemente fracasarán si Santos continúa en su postura de hacer concesiones a los enemigos de la paz, si continúa en su posición negacionista de la realidad paramilitar, si continúa su tipo de respuesta ante las agresiones que también su gobierno recibe de parte de los anacrónicos señores de la tierra.

Le corresponde al gobierno hacer frente con entereza a esos enemigos ya no agazapados de la paz y facilitar los avances de la negociación con la insurgencia; abrir las compuertas a la supresión del latifundismo, sus aparatos armados y sus relaciones semifeudales remanentes de producción; eliminar los muros de las “cárceles a cielo abierto” que ese sector retrógrado quiere construir alrededor de los insurrectos; estimular la expresión y acción política de ellos y de todos los colombianos sin restricciones ideológicas, políticas ni geográficas; contribuir al avance hacia una democracia real.

Le corresponde a la población presionar al gobierno para el logro de esos objetivos. Le corresponde evidenciar con la movilización masiva por la paz el interés general de construir una sociedad con verdadera democracia y justicia social que aísle a los iluminados que se creen poseedores del falso derecho a dominar. El próximo primero de mayo la movilización de los trabajadores tendrá que enfatizar estos objetivos, vitales para la supervivencia de nuestra sociedad.