Las mujeres: Víctimas dentro y fuera del conflicto

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Las mujeres participaron en la marcha de víctimas del Estado, convocada por Andas

Las mujeres son víctimas del conflicto. En este sentido, se hicieron presentes en la marcha del pasado jueves 24 de octubre, convocada por Andas. VOZ habló con ellas

Las mujeres participaron en la marcha de víctimas del Estado, convocada por Andas
Las mujeres participaron en la marcha de víctimas del Estado, convocada por Andas

Luz Mireya Gallo

El pasado jueves se llevó a cabo la movilización de las víctimas del conflicto armado. VOZ la acompañó desde distintos ángulos y escuchó, en este caso, a las mujeres, que se hicieron presentes con su clamor de justicia.

Durante varios años el conflicto armado en Colombia ha implicado la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de la mayoría de los habitantes de este país, tal como ha sido analizado por diversas instancias nacionales e internacionales, entre ellas la Corte Constitucional, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Reconocen estas instancias que las mujeres han vivido con mayor intensidad las consecuencias del conflicto armado. Que han sido víctimas de humillaciones, violaciones, esclavitud sexual, desmembramientos, empalamientos y persecución, por razón de género y su actividad política. La Corporación Sisma Mujer, junto con otras organizaciones, ha liderado esta lucha por la defensa de los derechos de las mujeres.

El enfrentamiento de la guerra se perpetúa de manera más cruel en los cuerpos de las mujeres. Las muertes, asesinatos y masacres revelan la forma de sometimiento y crueldad aplicada a las mujeres antes de morir. Lo más cruel para ellas es la vida después del desalojo de sus tierras, del desplazamiento o asesinato del cónyuge, padres e hijos.

Familias numerosas

Según informes de Alto Comisionado para la Paz, más del 58% de la población en desplazamiento que llega a las ciudades son mujeres madres solteras, cuyos núcleos familiares están compuestos por seis o más personas a su cargo. La subsistencia de estas mujeres está sometida a la indiferencia del gobierno, responsable de generar garantías de bienestar y mejoras en la calidad de vida, planes y políticas públicas que solucionen los problemas y necesidades de las mujeres y niños menores de edad.

En vista de esta problemática que tiene muchos años y muchas víctimas, las mujeres en acompañamiento de diferentes organizaciones sociales de derechos humanos, presentaron una tutela ante la Corte Suprema de Justicia en 2008. En respuesta se produce la sentencia T-025 de la cual se hace seguimiento por diferentes ONG. La Corte emite el auto 092 del año 2008, en realidad un programa con 13 planes de protección a las mujeres víctimas del conflicto armado, que hasta el momento se ha cumplido en un 40% o menos de sus metas. Así lo manifiesta Astrid Ortiz, miembro del grupo distrital.

El gobierno de Juan Manuel Santos no ha cumplido con la pactado en la ley de víctimas, ni en el auto 092, puesto que se han presentando muchas deficiencias en la realización y aplicación de estos programas.

Despojo

Una de las quejas permanentes de las mujeres es el poco acceso y la falta de un enfoque diferencial para las mujeres, etnias y discapacitados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Verificación realizada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado. Menos del 3% de las mujeres tenían títulos de propiedad sobre los predios que habitaban y de los cuales fueron despojadas. En este momento las mujeres desplazadas afrontan dificultades al momento de demostrar la propiedad sobre estos terrenos y que, en muchas ocasiones, tenían la escritura a nombre de su cónyuge o compañero desaparecido o asesinado.

VOZ realizó una lectura de los informes de diferentes ONG, quienes han hecho un riguroso seguimiento a la ley de víctimas del conflicto armado. Encontramos que el gobierno le concede garantías a las grandes mafias y emporios del terrorismo. Durante el año 2005, el gobierno expidió la ley 975 que da inicio al proceso de desmovilización de paramilitares, en ella se ejecutan 489 mil millones de pesos del presupuesto nacional invertido en el proceso de desmovilización paramilitar y que aún hoy nueve mil paramilitares armados siguen activos, según datos de la Policía Nacional.

Este es un hecho que debemos recordar a todos los colombianos, el gobierno no tiene ningún interés en generar una paz y menos proyectos de ley con presupuesto para ofrecer garantías de no repetición.