Nelson Lombana Silva
La destitución de Gustavo Petro Urrego de la alcaldía mayor de Bogotá obedece a un plan siniestro trazado por la derecha y la extrema derecha que trata de explotar electoralmente el presidente candidato Juan Manuel Santos Calderón. Cálculo aberrante que atenta contra la imagen del país en la arena internacional al sacrificar de un brutal plumazo los pactos internacionales suscritos por este país.
Coloca al desnudo una vez más la calaña de clase dirigente que tiene Colombia y, a su vez, la poca palabra que tiene el presidente Santos, quien había dicho públicamente que respetaría el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.
El país no puede colocarse de espaldas ante este terrible y vergonzoso suceso, por cuanto no puede concebirse como un simple caso aislado de Bogotá y que solo afecta a los capitalinos o quizás a un partido o movimiento político. Nada de eso. La repercusión es de calado nacional y así debemos entenderlo todos.
Por eso, el caso hay que contextualizarlo e interpretarlo crítica y autocríticamente desde distintos escenarios con suma amplitud y urgencia para asumir una posición consecuente y no ser simple espectador pasivo o de oficina. Se impone con urgencia la acción de masas. La movilización nacional bien organizada y bien dirigida con plena conciencia social y de clase.
A todas luces el fallo de la Procuraduría General de la Nación no fue un fallo en derecho. Fue un fallo político y de clase, el cual constituye una puñalada trapera a la débil democracia colombiana. Es una patada a la mesa de diálogo de La Habana (Cuba), un mensaje expreso: Nadie de la insurgencia podrá hacer parte de la conducción del Estado en la eventualidad de fructificar dichos diálogos. Es una afirmación terrible, en otras palabras: Solo los hijos de la oligarquía tienen derecho de gobernar a Colombia.
Retumba las tesis de Carlos Marx: la lucha de clases. Santos hace al parecer un cálculo tenebroso, un cálculo electorero de cara a su reelección: Respalda un uribista para esta alcaldía, garantizando el respaldo de este a su reelección y de paso se establece el compromiso que el negocio de las basuras volverá a manos de los hijos del ex presidente de los múltiples falsos positivos.
Petro no fue víctima de este fenomenal entramado por ladrón, incapaz o violador de la norma constitucional, resulta víctima porque se atrevió tímidamente a desafiar la oligarquía y la mafia de cuello blanco que ha existido en la capital de la república y en Colombia.
Además, porque fue coherente con lo propuesto en campaña: la defensa de lo público y la lucha contra la corrupción. Petro se puso al servicio del pueblo humilde, que fue lo que hizo al quitarles el negocio de las basuras a los ricos para entregarlo a los recicladores. Ese fue el pecado capital.
Bueno resulta entender también que la trama no es obra aislada del cavernario procurador Ordóñez; éste es apenas un alfil de un plan conspirativo liderado por la clase oligárquica, que como se ha dicho no maneja relaciones humanas sino intereses económicos.
Desconociendo los alcances de las medidas cautelares y exponiendo al país a las consecuencias internacionales, el presidente Santos, fiel monigote de los Estados Unidos y de sus apetitos personales, salta al vacío sin pensarlo dos veces.
El pueblo no puede ver semejante exabrupto cruzado de brazos. Debe asumir una posición consecuente y defender a capa y espada sus intereses de clase. La izquierda debe desarrollar creativamente la unidad a través del frente por la paz y la justicia social, un frente capaz de responder orgánica y políticamente a las prácticas vergonzantes de la derecha y de la extrema derecha.
El pleito no es solamente contra Petro y el movimiento Progresista, es contra todos los colombianos que luchan por la justicia social y la paz con reformas estructurales.
Hay que organizar en todo el país acciones unitarias, explicar el fondo de estas arbitrarias medidas que endulzan los medios de comunicación a través de la incomunicación, la tergiversación y la presentación de verdades a medias. A eso hay que salirle al paso en calles y veredas de Colombia.
La paz con justicia social, la defensa de los diálogos de La Habana, la defensa de lo público, la defensa del medio ambiente, la asamblea nacional constituyente, los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación deben enarbolarse con decisión y coraje. Es una batalla que hay que librar cuerpo a cuerpo, como bien lo señala la fórmula vicepresidencial Aída Avella Esquivel.
Hay que expresar la inconformidad en toda la nación e internacionalmente con organización y acción de masas. Colombia necesita urgentemente ser gobernada por la izquierda, indudablemente. No hay otro camino.
