El derecho a reconocer

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Nixon Padilla

El camino para que las parejas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio igualitario, ha pasado a una nueva etapa.

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Ante la negativa de la mayoría santista de la Unidad Nacional en el Congreso de la República de legislar para superar la desigualdad de derechos que la Corte Constitucional encontró entre las parejas heterosexuales y homosexuales a la hora de legalizar sus uniones, el tema pasa a partir del pasado 20 de junio, de acuerdo a la Sentencia C-577 de 2011, a manos de notarios y jueces competentes, ante los cuales las parejas del mismo sexo podrán acudir para “formalizar y solemnizar su vínculo contractual”.

En este debate que ha polarizado al país, con argumentos religiosos y groseros, se han puesto en juego elementos fundamentales de la Carta de Derechos de la Constitución de 1991.

Una amenaza constante es que en la práctica Colombia deje de ser un estado laico y aconfesional para ser un estado teocrático cuya legislación se base en las creencias religiosas de congresistas y gobernantes de turno, que, por muy mayoritarias que éstas sean, no pueden ser el marco para el reconocimiento de derechos en nuestra sociedad.

El papel de las cúpulas de las iglesias católicas y de otras denominaciones es francamente contrario al del espíritu de nuestra Constitución. Peor aun cuando se observa que las mismas cúpulas de las iglesias, que en los batallones bendicen las armas bajo las cuales miles de colombianos se hunden en una orgía de sangre en nuestro país, ahora llaman a la objeción de conciencia a notarios y jueces para que no protejan legalmente el amor y la solidaridad que se prodigan dos personas, por el hecho de ser del mismo sexo. Al interior de sus cultos ellas son libres de establecer o no el tipo de sacramentos que deseen, pero no imponernos sus criterios como normas legales.

Esta cruzada medieval la encabeza, paradójicamente, el Procurador General de la Nación. Es decir, quien constitucionalmente debe defender los derechos de todos y todas en el país ha convertido a esta institución en el baluarte de la inquisición moderna. Desde las murallas feudales de la Procuraduría la ha emprendido contra importantes referentes de la izquierda, como Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez, Jaime Caycedo y ahora contra el alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Ha hecho del ataque a los derechos de las mujeres su deporte favorito y por supuesto ha dictado medidas para evitar el reconocimiento del matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo, amedrantando a notarios y jueces con lo que pareciera ser un poder sancionatorio omnipresente. Mientras tanto libera a sus amigos de cargos por sus vínculos con la parapolítica, en contravía con lo demostrado por la Fiscalía.

Por su parte, el Gobierno Nacional ha guardado un silencio cobarde. Mientras desde el Ministerio del Interior llama a un diálogo social a los sectores LGBTI con la promesa de una política pública, en la práctica avala la postura atrasada de sus correligionarios en el Congreso de la República.

Lamentable ha sido el papel de la Unión Colegiada de Notarios que, con el fin de escamotear los derechos de las parejas homosexuales, se inventó la “unión solemne” como fórmula de vínculo contractual. Ésta fórmula jurídica única para parejas del mismo sexo, lo que hace es crear un nuevo apartheid por orientación sexual, perpetúa la discriminación y no ofrece protección legal alguna a estas uniones.

Las parejas homosexuales son familia, no solamente porque lo reconozca la Corte Constitucional, sino porque en la práctica se organizan de manera solidaria para darse apoyo mutuo con deberes y derechos que deben ser reconocidos por el matrimonio civil, al igual que las parejas heterosexuales.

Lo que está demostrado es el carácter cerrado y anquilosado de la democracia colombiana, que no reconoce las realidades que existen en nuestra sociedad y expulsa de la protección del Estado a miles de compatriotas por su orientación sexual e identidad de géneros.

La acción del movimiento en defensa del matrimonio igualitario ha permitido sacar este tema al debate público y confrontar las explicaciones llenas de prejuicios y mojigatería del poder en Colombia con argumentos basados en la defensa de derechos para todos y todas. La movilización de la opinión y de las fuerzas progresistas es de gran importancia en esta batalla por abrir reales espacios democráticos en nuestro país.

El próximo domingo 30 de junio a partir de las 12 del día en el Parque Nacional de Bogotá, los y las comunistas, en compañía de la Marcha Patriótica participaremos activamente en la Marcha por la Ciudadanía Plena de las personas LGBTI, que saldrá nuevamente a exigir el reconocimiento de derechos y de apertura democrática en nuestro país.