Lo que tenemos entre nosotros es un complejo campo de clientelas políticas, dentro de las cuales cada gamonal adopta decisiones unipersonales como si fueran las del conjunto que dirige, al que rimbombantemente llama partido.
Rodrigo López Oviedo
Uno de los aspectos que más necesitamos en nuestro país para que al actual período de violencia lo reemplace una paz estable y duradera es el de garantizar a las masas su más amplia participación política.
Esta es una demanda que para muchos ya puede estar resuelta, y de manera significativa, pero no hay tal. Lo que tenemos entre nosotros es un complejo campo de clientelas políticas, dentro de las cuales cada gamonal adopta decisiones unipersonales como si fueran las del conjunto que dirige, al que rimbombantemente llama partido.
Lo que reina entre quienes están aglomerados en esos dichosos partidos no es propiamente el derecho a desempeñarse como actores políticos, sino, meramente, el deber de actuar como miembros de una recua, dentro de la cual se creen protagonistas, y sin saber que solo sirven a unos intereses contrarios a los suyos.
Eso no es participación política, ni con la existencia de tal tipo de partidos se les está garantizando a las masas tan fundamental derecho. De la única manera que puede cumplirse este prerrequisito democrático para la paz estable y duradera es permitiéndoles conformar verdaderas organizaciones partidarias que sirvan a sus particulares intereses -que son muy distintos de los de los dueños de los actuales partidos-, y sin el riesgo de verse sometidas a la suerte que tuvo que padecer la Unión Patriótica.
Cosas como estas son las que se han venido discutiendo en La Habana, pero son las que deberían imperar en un Estado verdaderamente democrático. La incertidumbre de que se pongan en aplicación es la evidencia más clara de la mala calaña de nuestra clase dirigente, que dice tener una de las democracias más antiguas del continente, pero que se niega a comprometerse en este importante aspecto mientras no concluyan satisfactoriamente los diálogos con la insurgencia, en los cuales nada está acordado hasta que no se acuerde todo.
De lo dicho no debe deducirse que con la conformación de partidos que representen los intereses de las masas sea suficiente. También se requiere de cambios profundos al sistema electoral para que garantice una democracia cerrada al fraude, a la manipulación de los electores, a la supremacía electoral de los caciques, y abierta a la transparencia, al equilibrio económico de las diferentes opciones políticas en sus campañas electorales, en el acceso a los medios de comunicación públicos y privados, en fin, a la participación verdaderamente informada de todos y cada uno de los ciudadanos.
De todo esto se discute en La Habana. De allí la importancia de evitar que los diálogos se rompan y de hacer irreversible lo que en cada momento se vaya acordando.
