José Ramón Llanos
A ninguna persona o institución beneficiaria de las múltiples formas de violencia, le conviene la paz. Quienes han estudiado el problema de la tierra en Colombia saben que la gran mayoría de los poseedores de grandes latifundios rurales en nuestro país, lo han adquirido mediante fraude y trampas a la ley o con el boleteo y las amenazas directas de grupos armados al servicio de los geófagos nacionales. La prueba de este aserto la encontramos en los numerosos libros que se han ocupado de la historia de la violencia en nuestro país. A una buena parte de los miembros de Fedegán no les conviene un acuerdo político que incluya la revisión de títulos de la propiedad agraria.
Por esas circunstancias, los lectores de una columna aparecida en el diario El Nuevo Siglo titulada Fedegán es Colombia, están desconcertados. Unos están creyendo que hace parte de las bromas que suelen publicarse en las fechas próximas al día de los Inocentes. Otros por el contrario consideramos que el tal politólogo ignora la historia de Colombia. Le hubiera bastado leer La Violencia en Colombia, de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Monseñor Germán Guzmán Campos para que hubiera corregido la supina ignorancia sobre la problemática de la tierra que acusa, dada la naturaleza del contenido del artículo referenciado. Claro, existe otra posibilidad, sencillamente que el objeto del artículo sea una consciente manipulación para tratar de entorpecer el hasta ahora esperanzador proceso de paz que se realiza en La Habana.
Toda vez que se ha iniciado un proceso de paz en el país, los latifundistas no solo han expresado su oposición, sino que han iniciado una labor manipuladora de la opinión pública con la intención de movilizar a los sectores populares y a los grupos de presión, en contra de posibles salidas al conflicto social-armado que lastra el desarrollo nacional e impide que sectores auténticamente democráticos que se vieron obligados a empuñar las armas para proteger sus vidas, puedan participar en la lucha política legal. En esta forma iniciaríamos la verdadera senda democrática.
Entonces, los cuerpos colegiados remozados con líderes progresistas, diseñarían el marco jurídico-político reformatorio del entramado legal que auspicia y sustenta el latifundio improductivo y el poder violento de los terratenientes agremiados en Fedegán, únicos beneficiarios de más de 200 años de una legalidad e institucionalidad excluyente y antidemocrática. Ese día la tierra sería puesta al servicio del desarrollo humano y económico de los trabajadores rurales y sus familias, con lo cual se empezarían a crear las condiciones para una convivencia sólida en el campo colombiano. Con este proceso, nuevos gremios de pequeños y medianos propietarios rurales, sembrarían de paz a Colombia.
