Las niñas del Carmen de Bolívar: no es “histeria colectiva”, es negligencia de las entidades de salud y el Estado colombiano
Renata Cabrales
Bastaría comprobar que los casos de las niñas afectadas por la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) son debido a una manipulación de la Iglesia, en cabeza del procurador Ordóñez, para que haya una movilización de feministas y ateas en contra de tal abuso de potestad. Sería un consuelo para quienes tienen hijas que han recibido, de manera irresponsable, la vacuna, probar que todo ha sido un montaje de la Iglesia católica. Pero no es así. Hay dinero de por medio y los intereses de las grandes instituciones de poder no se tocan: son sagrados.
Ante tantos casos de niñas padeciendo los efectos adversos de una vacuna cuya efectividad ni siquiera ha sido comprobada aún, es inaudita la negligencia del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ya que, según expertos que sí son médicos, que han hecho seguimiento al tema, al parecer no se hicieron los estudios necesarios para validar el hecho de que la aplicación de la vacuna conlleva efectos adversos para la salud.
Se tiene que el aluminio, utilizado como adyuvante para acrecentar la inmunogenicidad y eficacia de la vacuna, está asociado a cuadros similares a los presentados por las niñas enfermas en el municipio del Carmen de Bolívar después de haber sido vacunadas (parálisis, temblores, ansiedad o pérdida de las capacidades cognitivas y motrices, etc.). Pero se dice que estas padecen un caso de “histeria colectiva”, idea que viene de la desidia de las instituciones de salud a la hora de proteger la vida de las colombianas, con el fin preservar los intereses de la gran industria farmacéutica.
Entonces, no es un montaje de la Iglesia en aras de subyugar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues en otros países (Estados Unidos, Argentina, España, Nueva Zelanda y Francia), aunque en menor medida, también hay casos de niñas padeciendo los efectos adversos de la vacuna del VPH. En Francia, un tribunal médico reconoció la relación de causalidad entre la vacuna y los daños neurológicos padecidos por una joven que sufre encefalomielitis aguda, ceguera, parálisis facial y paraplejia, y por esta razón, se han creado organizaciones que buscan suspender los programas de vacunación.
Sería prudente, entonces, detener la vacuna hasta asegurarse de su efectividad, tarea que le corresponde a las autoridades de salud y al gobierno, a menos que los intereses de las multinacionales farmacéuticas estén por encima de la salud de nuestras niñas.
Por otro lado, si la vacuna posee efectos secundarios, es más triste la negligencia de algunos colegios, dónde existen casos de niñas que han sido obligadas a recibir la vacuna, “porque el Ministerio de Salud lo exige” y, además niñas que han recibido tres dosis con un mes de diferencia entre cada aplicación, lo cual, según expertos, las dosis recomendadas para Gardasil deben ser, la segunda a los dos meses y la tercera a los seis meses. Eso está establecido y no es decisión de cada médico o entidad.
Es, entonces, deber del Estado colombiano y de los organismos de salud garantizar los derechos a la salud y a una vida digna de las niñas y jóvenes colombianas cuyos derechos han sido históricamente vulnerados.
