Ni siquiera los partidos de oposición al régimen de Erdogan, que en forma unánime rechazaron la intentona golpista de un sector del ejército, escapan a las retaliaciones, que apuntan a consolidar un régimen totalitario, similar al sultanato que anteriormente gobernó ese país
Ricardo Arenales
Definitivamente, resulta prematuro alegrarse del triunfo de la “democracia” en Turquía, tras el fracaso de la intentona golpista de un sector el ejército de ese país, que no solo mostró divido al estamento militar en su aventura, sino que fue incapaz de convocar a sectores importantes de la sociedad en respaldo a un hecho político que pretendieron presentar como intento por salvar el orden constitucional y democrático.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se sobrepuso al intento de golpe militar del pasado 15 de julio, llegó a decir que la aventura fue “una bendición de Dios”, que le permitió elaborar sobre la marcha una serie de disposiciones, que consolidan el carácter autoritario de su gobierno, que para muchos va por el camino de instaurar una especie de sultanato, que le permitirá al nuevo monarca perpetuarse en el poder, arrasando con el carácter laico y moderno que consagra la actual carta constitucional.
Estas medidas, de corte draconiano, han llamado la atención de los gobiernos occidentales y de las organizaciones de derechos humanos, tanto turcas como del exterior, en una preocupación que involucra inclusive a países tradicionalmente aliados de Turquía, como Alemania, Francia y Estados Unidos.
La arremetida ha sido brutal. En poco menos de dos semanas, tras un balance de los hechos, que dejó 290 muertos, incluidos unos 100 golpistas, y casi 1.500 heridos, se ha producido una racha de despidos y detenciones, que respondiendo a un libreto a todas luces preparado con antelación, conduce a separar del poder a cualquier expresión de disidencia política y a entronizar a una corte de sirvientes del mandatario, que no oculta su intención de reformar la constitución, que proclama un Estado laico, e institucionalizar un proyecto islamista, sectario, autoritario y excluyente.
Contra todo signo progresista
En menos de quince días, han sido detenidas 7.500 personas, de las cuales 6.000 son militares, incluyendo entre estos a unos 100 generales y almirantes, lo que constituye una tercera parte del alto mando militar de las Fuerzas Armadas. Han sido destituidos cinco generales y 29 coroneles, en tanto que otros 70 generales y almirantes figuran en una “lista negra”, como probable objeto de una ‘limpieza’ dentro del estamento militar. Además, 7.899 policías fueron suspendidos de sus funciones.
Las retaliaciones no paran ahí. El gobierno Erdogan ha dirigido sus baterías contra el poder judicial y la prensa. Han sido destituidos, hasta ahora, 3.700 magistrados y jueces de todos los tribunales a nivel nacional, incluido un magistrado de la Corte Constitucional. Se han expedido órdenes de arresto contra 3.000 jueces y fiscales, 500 de los cuales ya fueron privados de la libertad.
Han sido clausurados por orden del ejecutivo un total de 24 medios de comunicación, incluidos 20 diarios online, que en el pasado habían criticado hechos de corrupción. Antes de este cierre masivo, el gobierno había intervenido el periódico Zaman, el más importante diario de la oposición en ese país.
Cualquier otro sector social que insinúe sospecha siquiera de disidencia, ha sido objeto de represalias. El gobierno presionó la renuncia de 1.577 decanos universitarios, despidió a 15.200 empleados del Ministerio de Educación y suspendió la licencia para enseñar a 21.000 maestros de colegios privados.
30 de los 81 gobernadores regionales y alrededor de 60 grandes empresarios, fueron también privados de la libertad, según informaron diversos medios de prensa, en lo que puede calificarse como una purga generalizada, que incluyó no solo a potenciales enemigos sino a opositores y disidentes.
Miedo
Casi nueve mil funcionarios públicos de la rama central, han sido despedidos. Pero a todos los funcionarios del Estado se les prohibió salir del país y se suspendieron las vacaciones a quienes estaban haciendo uso de ellas. Incluso el régimen de derechos fundamentales se vio afectado, al suspenderse la vigencia de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la cual Turquía es Estado parte.
En los hogares hay miedo generalizado. Los ciudadanos temen ser los siguientes en la lista, y que antes del amanecer un carro oficial los espere, bien para ser detenidos, o para notificarles cualquier tipo de sanción. Incluso el presidente no descarta la posibilidad de restablecer la pena de muerte, prohibida por la actual carta constitucional.
Es claro, por las dimensiones de las retaliaciones, que las listas de purgados estaban elaboradas de antemano por el círculo más cercano de colaboradores del presidente. A tal punto, que hay sectores que hablan de ‘autogolpe’, porque se trató de una aventura militar que cayó como anillo al dedo a los planes de reforzamiento del poder autoritario de Erdogan, que ya había sido señalado por sus tendencias autoritarias y diversos hechos de corrupción.
Reconocidos analistas descartan, sin embargo, la idea del autogolpe, y explican el hecho en una actitud de un sector minoritario del ejército, que aunque fracasó, muestra de todas maneras las dimensiones de la crisis política que envuelve a la administración turca.
