Hallazgos por malversación de recursos parafiscales y llamados a juicio por el caso de las chuzadas son los temas que preocupan al uribismo por estos días
Redacción Política
El Secretario Jurídico de Presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe, Edmundo del Castillo, y el exsecretario de Prensa, de la misma época César Mauricio Velásquez, fueron llamados a juicio luego que la Fiscalía le formulara acusación formal por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y peculado fruto de la reunión que los exfuncionarios tuvieron con el paramilitar, alias Job, en la Casa de Nariño en 2007.
De acuerdo con el ente investigador, los funcionarios son acusados de aliarse con las Autodefensa Unidas de Colombia al mando de Carlos Castaño para elaborar un plan de desestabilización y saboteo a las decisiones que emanarán de la Corte Suprema de Justicia, que para la época estaba adelantando investigaciones en contra de miembros de la cúpula política cercana al expresidente Uribe, en especial a su primo Mario Uribe por vínculos con el paramilitarismo.
Para la Fiscalía, la reunión entre los funcionarios y el paramilitar dio luz verde al plan de persecución a la justicia y los opositores desde el gobierno de Uribe. A César Mauricio Velásquez lo conocían en la Casa de Nariño como “el curita”, por su pertenencia al grupo católico Opus Dei, y fue así como el paramilitar Pedro Antonio López Jiménez, alias Job informaba sobre la reunión a miembros de la cúpula de las Autodefensas. Además de Job, Velázquez recibió a uno de los abogados del también paramilitar Diego Álvarez, por la puerta del sótano del despacho presidencial. Expresa la acusación formal que se preparaba un golpe certero a la credibilidad de la justicia dejándola sin legitimidad para acusar a investigadores de la parapolítica, en especial al magistrado auxiliar Iván Velázquez.
Condenados
La Fiscalía tomó la decisión de llevarlos a juicio y hacerles una acusación formal después de casi ocho años de investigaciones en las que ha podido recaudar, entre otros, una serie de testimonios entregados por paramilitares cercanos al Bloque Nutibara, que fue dispuesto por los paramilitares para llevar acabo las operaciones de sabotaje y amenazas, como de exfuncionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, condenados y que han insistido en colaborar con la justicia para aclarar los hechos.
Hallazgos fiscales
Pero las decisiones penales no son las únicas en las que personalidades del uribismo se ven involucrados. El ejecutivo decidió no avalar la administración del Fondo Nacional del Ganado y de la empresa Friogán a la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, en cabeza de José Félix Lafaurie, del círculo más cercano al expresidente, por manejos presupuestales incorrectos. De acuerdo a las advertencias hechas por la Contraloría General desde el pasado mes de junio, Friogán tiene un pasivo de 46 mil millones de pesos sumado a 2.709 millones de deuda al Fondo Nacional del Ganado.
El Ministerio de Agricultura tomó cartas en el asunto y decidió no seguir encargándole la administración de recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado a Fedegán. Ante esa decisión administrativa que abrió la puerta para una investigación de orden fiscal, el uribismo expresó que están sometidos a una persecución política por su oposición al proceso de paz.
Una semana después que el ejecutivo tomara la decisión, de manera sorpresiva, apareció un supuesto panfleto amenazante en contra del dirigente ganadero con la autoría de las FARC-EP. Un hecho que fue desmentido categóricamente desde la delegación de paz de esa guerrilla, advirtiendo que lo que estaba detrás de las difamadoras amenazas es la intención de construir una cortina de humo que desviara la investigación fiscal y penal a la que se acerca el presidente de Fedegán. “No podrá Lafaurie encubrir los manejos turbios del fondo con el cuento que le están cobrando su oposición al proceso de paz”, expresó Iván Márquez desde su cuenta de twiter.
A este hecho se suma el pronunciamiento dado por el Vice Fiscal General de la Nación José Fernando Perdomo, desestimando una petición de la defensa del ex vicepresidente Francisco Santos, para declarar prescrita la investigación en su contra por conformar grupos paramilitares en partícula el Bloque Capital. La investigación surge de las declaraciones del paramilitar Carlos Castaño quien confesó que le ofreció a Santos la dirección de ese bloque.
Pendientes por resolverse se encuentran las decisiones judiciales sobre Santiago Uribe, hermano del exmandatario y a quien se le señala de conformación de grupos paramilitares desde la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe a mitad de la década de los noventa, justo cuando era Álvaro Uribe gobernador del departamento. De acuerdo a las declaraciones de jefes paramilitares las acciones paramilitares en el departamento dieron inicio en la propiedad de los Uribe Vélez.
A la espera está el desarrollo de las investigaciones penales y fiscales sobre dirigentes políticos del Centro Democrático y colaboradores de Uribe, mientras éste desestima las condenas, juicios e investigaciones catalogándolas de persecución política.
