El país espera que el pronunciamiento sea una real apertura al reconocimiento de los derechos políticos de la oposición política y social y que ante la Corte Interamericana haga el presidente Santos el mismo reconocimiento y acoja y cumpla la sentencia que este alto tribunal ha de proferir.
Jaime Cedano
Resultaba impensable que se pudiera llegar a la firma final de un acuerdo de paz sin que se produjera un claro pronunciamiento del Gobierno sobre el genocidio de la UP. El exterminio de carácter político más grave de América Latina en todos los tiempos. Miles de hombres y mujeres condenados por su militancia política. Los enemigos de la vida y la libertad ahogaron en sangre y fuego un proceso de paz y apertura democrática y le dijeron un no violento y criminal a la paz.
No es secreto ni novedad que los gobiernos no hicieron nada para impedir el exterminio, tampoco que sectores muy importantes del mismo lo estimularon y fueron copartícipes y que desde la presidencia de Álvaro Uribe se justificó. La historia y la justicia nos contarán luego las verdades y mostrarán que fue mucho más que eso. Aún los enemigos de la paz pretenden justificar el genocidio con grave ofensa a la verdad y sobre todo a las víctimas.
El pronunciamiento del presidente Santos es muy importante. Aunque limitado por el no reconocimiento de responsabilidad por la participación directa de agentes y estructuras del Estado en el genocidio y por permitir prácticas de terrorismo de estado y guerra sucia amparadas en doctrinas militaristas impuestas por el Pentágono. El país espera que el pronunciamiento sea una real apertura al reconocimiento de los derechos políticos de la oposición política y social y que ante la Corte Interamericana haga el presidente Santos el mismo reconocimiento y acoja y cumpla la sentencia que este alto tribunal ha de proferir.
