Los argumentos para mantener la personería jurídica de la UP son evidentes.
Hernán Camacho
“La Unión Patriótica no está esperando la personería para seguir haciendo política a diario por todo el país”, le dijo a VOZ su presidenta Aída Avella, justo el día en que era notificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la devolución de su personería jurídica tras haberla perdido en los comicios del pasado mes de marzo.
Aun cuando la dirección nacional de esa colectividad había advertido las dificultades para competir en las elecciones junto a los partidos tradicionales y con poderío económico, solamente ocho meses después el CNE le dio la razón con el sentido de la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo Assís: “El partido político -UP- se presentó a las elecciones pasadas sin un respaldo económico y sin ningún tipo de espacio en los medios de comunicación, lo que habría provocado una baja votación en las urnas con 99.414 votos cuando debió alcanzar los 350 mil”.
Y agrega que tal situación generó una consecuencia directa “ante la imposibilidad de inscribir suficientes candidatos al Congreso, de realizar en igualdad de condiciones una apropiada divulgación de su proyecto político, por hechos evidentemente ajenos a la UP, justifican el no ser contados para la verificación del umbral de votación establecido en la Constitución y evitar así la pérdida de su personería jurídica”.
Esas razones son parcialmente ciertas, consideran voceros de la UP, quienes también señalan al gobierno nacional de tener algún grado de responsabilidad en el tratamiento desigual a la UP en plena campaña a Congreso, por cuanto violó la orden constitucional de financiamiento a la actividad política y electoral por parte del Estado a los partidos políticos con personería jurídica reconocida por el CNE: “Los dineros por concepto de adelantos para el proselitismo que debían llegar al inicio de la campaña llegaron un día antes de la fecha de los comicios”, dijeron miembros de la comisión de finanzas de la UP.
En el resultado electoral obtenido por la UP pesó también la ausencia de garantías reales para su participación, las mismas por las que había salido del escenario político en el año 2002. “Las constantes amenazas venidas desde sectores de la ultraderecha colombiana fueron de conocimiento público, así como la animadversión de muchos sectores políticos por nuestra propuesta de paz con justicia social y la sólida concepción ideológica por una salida política al conflicto social y armado que padece el país, contribuyeron a una nueva andanada de estigmatización y señalamiento contra nuestros candidatos”, señalaron en un comunicado público sus voceros.
La responsabilidad del Estado
El reconocimiento del genocidio sigue ausente. El Estado colombiano se ha negado sistemáticamente a reconocer su responsabilidad en una política de exterminio contra la militancia del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica a lo largo de tres décadas y que tales crímenes aún no encuentran verdad, justicia y reparación. Solamente en algunos casos emblemáticos el gobierno nacional, como representante del Estado, ha reconocido su responsabilidad tras un juicio en tribunales internacionales, como en el caso del senador y exdirector de VOZ Manuel Cepeda Vargas.
Exigen reparación integral
Por ello la UP sigue insistiendo en que la reparación debe ser integral y que no permitirá que simplemente con la devolución de su personería sea suficiente para resarcir el daño causado a un grupo político en oposición al establecimiento.
Recuperar la identidad como partido político surgido de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional en 1984, su plataforma política que la convirtió en opción de poder, su labor parlamentaria, su gestión ejecutiva al frente de importantes municipios donde se postuló con votos como la primera fuerza política, los proyectos e iniciativas políticas para la profundización de la democracia, las reformas agraria y urbana dejadas a media marcha por el asesinato de sus militantes, son algunos aspectos del concepto de reparación integral.
Pero también la UP exige el reconocimiento de la responsabilidad de empresarios financiadores del paramilitarismo, jefes de partidos políticos que ordenaron masacres contra su militancia y de los perpetradores de los crímenes que en su inmensa mayoría corresponde a miembros de la Fuerza Pública. Sin ello, dicen, no se llega a la paz duradera y estable que se pretende acordar en La Habana.
Con la decisión del CNE, deja a la izquierda con dos partidos políticos para las contiendas locales de 2015: el Polo Democrático y la UP. Pero será el Frente Amplio por la Paz, del que hace parte la UP, el más beneficiado con la denominada sombrilla política para presentar candidatos de coalición de la izquierda bajo el aval de la UP. Una verdadera consolidación de fuerzas alternativas por el poder local.
