La UP fue ejemplo de gobiernos eficaces y sin corrupción. Por eso el establecimiento reaccionó asesinando alcaldes, forzándolos a abandonar sus cargos, y propiciando el terror contra el electorado, a través de asesinatos selectivos y masacres con sevicia y crueldad.
Ómer Calderón
Desde el surgimiento de la Unión Patriótica, el horizonte de una solución política al conflicto interno obtuvo amplio respaldo. La correlación de fuerzas fue favorable al movimiento popular y ante esta situación desde mediados de la década de los años 80 desde el establecimiento se desató una política de exterminio contra las fuerzas populares. La Corporación Reiniciar ha documentado 6.528 víctimas del genocidio contra la UP en el período comprendido entre 1984 y 2006, entre las que se cuentan 3.136 asesinatos y 514 desaparecidos, ocurridos en todo el país, sobresaliendo en estos fatídicos guarismos los departamentos de Antioquia, Meta, Cundinamarca, Tolima y Santander, y registrando los más altos índices criminales en los años 1996 y 1997.
Así fue la respuesta del militarismo a la perspectiva democratizadora que representaba la UP, por lo que significó como viraje en el modo de dirigir los asuntos públicos de los gobiernos municipales. La UP fue expresión de la insurgencia de nuevos gobiernos de origen popular, que significaron un nuevo rasgo del régimen político: la apertura al gobierno local de nuevas fuerzas ajenas a las prácticas corruptas que han prevalecido en las alcaldías. Fue así como los gobiernos locales de la UP y en coalición con otras fuerzas democráticas, pusieron de presente dos importantes experiencias de nuevo poder:
En primer lugar, la UP alcanzó a dirigir gobiernos locales en territorios de importancia estratégica para el país. Gobernó la mayoría de los municipios de la región de Urabá, donde existe un enclave de empresas extranjeras explotadoras del cultivo de banano. Gobernó en municipios del departamento de Arauca, donde se extraen importantes cantidades de petróleo. Gobernó en Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, en una región de gran explotación de oro.
Gobernó en la despensa agrícola del país, representada en los llanos orientales. También gobernó en otros municipios de vocación agrícola marginados de los centros de producción e intercambio mercantil. En todos estos gobiernos locales, se administró en coalición con otras fuerzas con las cuales se compartía la idea de administrar los bienes públicos en función del bienestar de la población.
Así, el país asistió a la presencia de nuevos gobernantes, con alcaldes venidos de las entrañas del pueblo, con profesionales vinculados a las luchas populares, y con gente interesada en dirigir bien para el beneficio de todos. Se demostró que la gente del pueblo sí sabe administrar los asuntos públicos. La UP fue ejemplo de gobiernos eficaces y sin corrupción. Por eso el establecimiento reaccionó asesinando alcaldes, forzándolos a abandonar sus cargos, y propiciando el terror contra el electorado, a través de asesinatos selectivos y masacres con sevicia y crueldad.
Lo que surgió como una esperanza de nuevos gobiernos de signo popular, representados en las alcaldías de la UP y en coalición, se transformó en la extensión del control político de fuerzas de derecha representativas de los intereses del latifundio, de los grandes grupos financieros y del capital extranjero. Este poder soportado en la estrategia paramilitar llegó a dominar casi la mitad del Congreso de la República. Puso en la presidencia a uno de sus exponentes y aseguró la lealtad de la Fuerza Pública con el aumento desmedido del presupuesto de guerra y los recursos provenientes del imperio a través del Plan Colombia.
En segundo término, la experiencia de gobierno en las alcaldías de la UP puso de presente las realizaciones en materia de inversión social. Estos poderes locales se caracterizaron por gobernar con planes de desarrollo realistas dirigidos a garantizar las inversiones en las principales necesidades de la población. También tuvieron una política fiscal enfocada en lograr que las grandes empresas ancladas en sus territorios tributaran como les correspondía y no evadieran más impuestos. Así mismo, las experiencias deliberativas propias de la UP, donde la elección de candidatos y directivas del partido se sometía a un amplio escrutinio en asambleas populares, se extendió a la discusión con las organizaciones sociales de las prioridades en los presupuestos municipales.
Por esta razón las administraciones municipales de la UP tienen aún hoy en día mucho que mostrar en cuanto a sus realizaciones. Se construyeron escuelas, puestos de salud, parques, casas de la cultura, escenarios deportivos, y se desarrollaron proyectos culturales, recreativos y de diversa índole con el concurso de la gente, entre otras muchas realizaciones. Los problemas de desviaciones en la conducción de los asuntos públicos fueron controlados con transparencia en las decisiones gubernativas y el control ciudadano, a través de asambleas populares, o en las instancias de control de la UP. En términos generales, se implementó un modo distinto de gobierno local.
De esta forma, gobernando bien y en función de los intereses populares, y en zonas estratégicas de la geografía nacional, se configuró para las elites gobernantes una amenaza a su permanencia en el poder. Las fuerzas predominantes en el orden local impulsaron entonces el exterminio de nuestros dirigentes, militantes y simpatizantes, y el terror hacia el conjunto de la ciudadanía.
Estos poderes se articularon con estructuras de la Fuerza Pública signadas por la lucha contra el enemigo interno que veían en los ciudadanos que optaban por una perspectiva política distinta a la dominante, con el financiamiento de los empresarios del narcotráfico y la presencia oculta de las agencias militares extranjeras, ejecutando varios planes para colocar las armas contra las urnas. Para sacar del ambiente político a las fuerzas que ejercieron gobierno con una agenda social y disidente de la impulsada por el gobierno nacional.
La persecución sistemática contra la UP redujo sustancialmente su participación en la vida política nacional, lo que a su vez le permitió al establecimiento lanzar una gran ofensiva de despojo del campesinado, entre los años 1995 y 2005, en lo que significó una extensión de la política de sometimiento por la violencia a las fuerzas populares.
El carácter de esta política de exterminio se vio reflejado en la condena contra el político liberal César Pérez García por su responsabilidad penal como determinador de la masacre de 43 personas en Segovia (Antioquia), indicando la corte que “una nueva fuerza que bajo el nombre de Unión Patriótica irrumpió en el quehacer político nacional, (…) A organizaciones de ultraderecha no les agradó ese nuevo escenario y (…) en la noche del 11 de noviembre de 1988 un ejército privado bajo el mando de Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, segó la vida a varias personas y afectó la integridad personal de otras, en un acto demencial de retaliación política contra los habitantes de ese municipio”
Desde mediados de los años 90, con el impulso de la Corporación Reiniciar se gestó un movimiento de víctimas del genocidio contra la UP. Su lucha se ha articulado a las de otros familiares de compañeros asesinados, que han logrado que las altas cortes no puedan negar que en Colombia se ha llevado a cabo una política de exterminio contra las fuerzas que luchan por el fin de la guerra interna y la apertura democrática que cimiente un nuevo país en condiciones dignas para todos.
Sobre esta experiencia, la restitución de la personería jurídica de la UP ha servido para que retorne la esperanza de cambios de fondo, teniendo como una ventana que nos acerca al futuro el proceso de diálogos para la terminación de la confrontación armada, que actualmente se adelanta en La Habana.
