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UP en el Nororiente colombiano: Participación electoral dependerá de las garantías efectivas

Declaración política del Reencuentro Regional Nororiental por la Memoria de la Unión Patriótica, llevado a cabo en Bucaramanga el lunes 4 de noviembre 4 de 2013.

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El Reencuentro Regional por la Memoria de la Unión Patriótica (UP) en el nororiente colombiano, que contó con la presencia de casi 200 delegados del Magdalena Medio, Norte de Santander y Santander, saludó con alborozo la orden de restablecimiento de la personería jurídica a la UP, dada en el marco de la legislación nacional por el Consejo de Estado, pero presionada por las exigencias de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, y por las presiones a nivel internacional para la reparación del movimiento político, siendo el reintegro de su reconocimiento jurídico apenas la primera parte, pero faltando el resto de las garantías.

El encuentro balanceó positivamente el proceso de diálogo que se adelanta en La Habana entre el Estado colombiano y las FARC-EP, viendo con optimismo el posible alcance de una solución política definitiva al conflicto social-armado interno que permita una paz estable y duradera y con justicia social, saludando por ende las conversaciones y pidiendo de las partes empeñar todo su esfuerzo, para lograr un acuerdo definitivo.

Asiste sin embargo la preocupación de que, en el caso de llegarse a un acuerdo para poner término al conflicto y facilitar la reincorporación de los actuales alzados en armas a la vida política, no vayan a correr la misma suerte que enlutó a la UP (que aún sigue victimizada) y la que corrieron, hace ya 60 años, los principales jefes liberales de base y del pueblo de las guerrillas de los Llanos Orientales. Por eso para lograr y consolidar una solución política, se tiene que partir del compromiso efectivo y de cumplimiento por parte del Estado y el gobierno para que no se repita un genocidio como el perpetrado contra la UP, entre otros.

Pero además es indispensable la reparación integral de las víctimas, sus familias y el propio movimiento. Es una obligación del Estado, con la verificación de la comunidad internacional, asegurar que una vez los actuales alzados en armas se reincorporen a la civilidad puedan ejercer sus derechos políticos, sociales, culturales y económicos con sus procesos de autogestión y autonomía, sin que corran al riesgo de ser asesinados, que es lo que en el país desgraciadamente ha ocurrido casi desde su inicio como Estado.

Los opositores, quienes intentan hacer política fuera de los marcos de los partidos que representan los intereses de las clases en el poder, han sido hostigados, acribillados, desplazados y despojados, siendo esa la causal para la existencia del conflicto.

Un llamado urgente es al gobierno para que con el proceso muestre visos de superación de los orígenes del conflicto, escuchando las justas reclamaciones de vastos sectores sociales –comenzando por el campesinado y las minorías indígenas y étnicas– que recaban soluciones a problemas postergados, y a darle un trato civilizado y no solo de fuerza bruta. En tal sentido expresamos la solidaridad irrestricta con las luchas del campesinado, los indígenas y afrodescendientes, y con las exigencias de todos los desprotegidos para que se supere la ruina que los amenaza.

Reclamamos la recuperación de la soberanía perdida con la firma de los tratados de libre comercio, al entregar partes completas de territorio como enclaves coloniales, y al privilegiar importaciones de toda suerte de productos desamparando la producción nacional y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria. Es hora de que la clase en el poder privilegie los intereses de la nación entera y no solo los de sus socios nacionales y extranjeros.

La UP expresa que su participación del proceso electoral del 2014 dependerá de las garantías efectivas; de la no aplicación de normas tramposas y excluyentes –aunque barnizadas de democráticas– y de las condiciones que se presenten en especial con el proceso de La Habana, pues no caeremos en la trampa de jugar en un proceso de entrada plagado de ventajismo para que el Estado y su gobierno pueden justificar luego la nueva pérdida del reconocimiento, por la supuesta falta de apoyo ciudadano y popular en las urnas.

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