Redacción juvenil
La Universidad Nacional de Colombia, la universidad pública más importante del país, la encargada constitucionalmente de encabezar la construcción de un proyecto de nación, atraviesa por una de las crisis más profundas en sus casi 150 años de historia.
El desfinanciamiento estructural al que el Gobierno Nacional ha sometido a las universidades públicas desde la aprobación de la ley 30 de 1992 tiene a la Universidad Nacional funcionando en un 50 por ciento con presupuesto gestionado de forma propia a partir del cobro de matrículas, inscripciones, creación de programas de postgrado, proyectos de investigación, etc.
Para el año 2013, el presupuesto de funcionamiento de la universidad fue de 1.084.580 mil millones de pesos, de los cuales tan sólo 518 mil millones fueron aportados por el Estado, dinero que le alcanza a la universidad únicamente para gastos de personal. Es así, que los proyectos de inversión (infraestructura, investigación, creación y fortalecimiento de programas académicos, etc.) quedan supeditados principalmente a la capacidad del establecimiento de seguir generando recursos propios.
Para el año 2014, la situación presupuestal es tan grave que la universidad tiene un déficit de cerca de 50.000 mil millones de pesos para sus gastos básicos. El desfinanciamiento estructural al que ha estado sometida por más de 20 años está poniendo en riesgo su capacidad para cumplir con sus funciones misionales: investigación, docencia y extensión.
Adicionalmente, la sede Bogotá atraviesa por una profunda crisis de infraestructura evidenciada en el deplorable estado de su planta física e inclusive en las emergencias que se han presentado en algunas edificaciones como la de la Facultad de Enfermería y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales.
Así mismo, se viene erigiendo una democracia restringida y autoritaria que evita de forma sistemática la participación de la comunidad universitaria en las decisiones fundamentales y permite la intrusión del gobierno en los órganos de gobierno y en la elección de sus directivas. Ejemplo de ello es la composición del Consejo Superior Universitario, máximo escenario de decisión, en el que sólo dos consejeros, el representante estudiantil y el profesoral, son elegidos de forma democrática por la comunidad universitaria. El resto son impuestos de forma directa o indirecta por el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Educación.
Por último, en la Universidad Nacional se alzan cada vez más amenazantes las violaciones de derechos humanos y las infracciones al DIH. La presencia permanente de redes de tráfico de sustancias psicoactivas al interior del campus, la incursión de grupos armados ilegales de corte paramilitar y la desidia y desinterés con el que las directivas han tratado dicha situación, parecen marcar el curso próximo de la universidad: la militarización y paramilitarización del campus como ya sucedió en la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander.
En consecuencia, a la Nacional sólo le quedan dos alternativas: ver pasivamente como se impone un impío proyecto de Universidad Nacional para la guerra y el libre comercio, o desatar un proceso constituyente en el que la comunidad universitaria se empodere de la universidad y construya un nuevo proyecto de universidad para la paz, la soberanía y la democracia.
