Una sentencia histórica

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Homenaje a las víctimas de la masacre de Segovia

Después de 25 años de la masacre de Segovia, la Corte Suprema de Justicia profiere sentencia condenatoria contra el criminal César Pérez García, ex presidente liberal de la Cámara de Representantes, por su responsabilidad penal como determinador del asesinato de 43 personas y 38 heridos.

Homenaje a las víctimas de la masacre de Segovia
Homenaje a las víctimas de la masacre de Segovia

Así introduce su sentencia la Corte:

“En el año de 1988 se celebró por primera vez la elección popular de alcaldes. Una nueva fuerza que bajo el nombre de Unión Patriótica irrumpió en el quehacer político nacional, logró con Rita Ivonne Tobón Areiza y siete de 13 concejales, constituirse en la fuerza electoral mayoritaria del municipio de Segovia, localidad del nordeste antioqueño, en donde por años habían dominado los partidos tradicionales como consecuencia de un sistema de designación de la primera autoridad local sin participación popular”.

“A organizaciones de ultraderecha no les agradó ese nuevo escenario y muy pronto se notificó a los segovianos de la aparición de un movimiento autodenominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste, que restauraría el orden en el municipio. En medio de esa confrontación, irrumpió en la noche del 11 de noviembre de 1988 un ejército privado que bajo el mando de Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, segó la vida a varias personas y afectó la integridad personal de otras, en un acto demencial de retaliación política contra los habitantes de ese municipio”.

Con esta condena se da un paso para hacer justicia, establecer verdad y reparar parcialmente a los millares de víctimas del genocidio por razones políticas contra la Unión Patriótica, en medio de la persistente impunidad oficial. Con la sentencia queda claro que las causas del asesinato de más de 3.500 hombres y mujeres de la UP nada tienen que ver con las argucias para estigmatizar y justificar su exterminio.

La UP ha sido víctima de la persecución porque ejerció gobiernos exitosos en más de 23 municipios vitales para la economía del país, y porque con centenares de concejales, decenas de diputados y congresistas recuperó, para los intereses populares, la representación que estaba en manos de gamonales y empresarios de la contratación fraudulenta. Fue perseguida porque la población por primera vez vio la inversión de los prepuestos oficiales en la solución de crecientes necesidades de la gente. Fue la retaliación por las iniciativas y la firmeza de parlamentarios elegidos en representación de caros intereses populares.

Fue la contención criminal del ascenso electoral y la vocación de poder de la UP, que tuvo en Bernardo Jaramillo a un fuerte aspirante a ser elegido presidente de Colombia. El genocidio contra la UP, como lo pone de presente la sentencia, es consecuencia de la política sistemática y continua de liquidación, mediante el crimen, de una fuerza política, que ejerció gobierno con transparencia y que representó cambios de fondo en el país, que desde entonces se reclaman para consolidar los acuerdos de paz a que aspiramos los colombianos y las colombianas.

Esta histórica sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia alienta nuestro empeño para proseguir en la lucha contra la impunidad, por el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de los millares de víctimas, y por medidas de satisfacción, de no repetición y de reparación colectiva a la Unión Patriótica.

Unión Patriótica

Comité Ejecutivo Nacional

Ómer Calderón, presidente
Aida Avella, ex constituyente
Hernán Motta, ex senador