“La educación superior debe ser un derecho garantizado, no un privilegio”: Gabriel Becerra. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, explica por qué la reforma a la Ley 30 de 1992 es clave para garantizar la financiación de las universidades públicas y convertir la educación superior en un derecho real para todos los colombianos
Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
En el Congreso de la República se discute uno de los proyectos más relevantes para el futuro educativo de Colombia: la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. El debate no es nuevo. Desde hace más de tres décadas, rectores, profesores y estudiantes vienen reclamando un cambio estructural en el financiamiento de las universidades públicas, sometidas a un déficit histórico que ha puesto en riesgo su capacidad de responder a las demandas de calidad, investigación y cobertura.
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, ha sido uno de los más firmes defensores de esta reforma, contenida en el Proyecto de Ley 212 de 2024. Para él, el asunto es claro: “Durante más de treinta años las universidades públicas han tenido que sobrevivir con un modelo de financiación que nunca acompañó su crecimiento. Eso ha generado desigualdades profundas entre regiones, ha debilitado la investigación y ha puesto en cuestión el carácter incluyente de la educación superior. Lo que estamos haciendo hoy es corregir una deuda histórica”.
Cambios de fondo en la Ley 30
El proyecto plantea tres transformaciones centrales. La primera es la creación del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), que reemplaza al IPC como referente para el ajuste anual de los recursos. A diferencia del índice de precios al consumidor, el ICES mide los gastos reales de las universidades: desde laboratorios y bibliotecas hasta nómina docente y costos de investigación. “Esto significa que la financiación dejará de depender de un indicador ajeno a la realidad educativa y responderá de manera más justa y estable a las necesidades del sistema”, explica Becerra.
La segunda modificación se concentra en el artículo 87 de la Ley 30. Hasta ahora, el Estado estaba obligado a cubrir apenas el 30% del crecimiento real del PIB en sus aportes a la educación superior. Con la reforma, ese compromiso aumentará a por lo menos el 70%. Según Becerra, “se trata de un giro trascendental. Pasamos de incrementos marginales y discrecionales a un esquema que refleja voluntad política. La educación superior será reconocida como un eje prioritario de la inversión pública”.
El tercer cambio busca saldar una deuda con las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (ITTU), que nunca habían contado con una base presupuestal. Estas entidades, que en muchas regiones son la única opción de educación superior para miles de jóvenes, han tenido que sostenerse con recursos limitados y sin respaldo estatal. “Es un agravio histórico que vamos a corregir. Darles una base presupuestal es reconocer su papel estratégico en la regionalización, en el acceso y en la pertinencia de la educación”, afirma el congresista.
Avances y retos en cobertura
Los números recientes muestran por qué este debate es crucial. En 2014, la tasa de cobertura bruta en educación superior era de 48,8%, mientras que en 2024 alcanzó el 57,5%, el nivel más alto en la historia del país. La tasa de tránsito inmediato de los bachilleres a la universidad también llegó a su punto más alto: 45,9%. Becerra lo interpreta como la prueba de que la política de fortalecimiento de la oferta pública ha dado frutos. “Estos logros no ocurrieron de la nada. Se debieron a que se enviaron más recursos al sistema oficial, se cerraron brechas y se amplió la matrícula en universidades públicas. El reto ahora es que estos avances no dependan de un gobierno de turno, sino que se conviertan en política de Estado. Solo así podremos garantizar su sostenibilidad en el tiempo”.
No han faltado críticas, sobre todo en lo que respecta al impacto fiscal. Los opositores aseguran que los cambios implican un gasto excesivo para la Nación. La respuesta de Becerra es tajante: “El verdadero costo ha sido no financiar bien la educación. Lo hemos pagado en inequidad, en baja calidad, en falta de oportunidades. Reconocer que la educación superior es un eje de inversión pública no es un gasto, es una apuesta por el desarrollo nacional. Un país que no financia la educación renuncia a la equidad, a la democracia y a la competitividad”.
El papel de la movilización social
El proyecto ya superó parte del trámite legislativo, pero aún le restan dos debates en la Cámara de Representantes. Allí, señala Becerra, será clave la voz de la ciudadanía. “Ningún derecho se ha conquistado sin movilización. Los estudiantes han convocado una gran jornada para el próximo 10 de octubre, y su voz será decisiva. El Congreso debe entender que no se trata de una demanda sectorial, sino de un clamor nacional: la educación debe ser un derecho garantizado para todos y todas”.
De fondo, lo que está en juego es el modelo de país. La reforma a la Ley 30 no solo busca ajustar cifras o corregir desequilibrios presupuestales: se trata de definir si Colombia concibe la educación superior como un privilegio para unos pocos o como un derecho efectivo para toda la sociedad.
“Si algo resume esta iniciativa”, concluye Becerra, “es la posibilidad de construir un país más equitativo, más competitivo y más democrático. Un país donde la educación sea motor de desarrollo y garantía de justicia social. Eso es lo que nos jugamos en esta reforma”.
