El Decreto 859 de 2025 reglamenta la participación efectiva de las mujeres en los cargos de alto nivel en el Estado. Además, consolida décadas de lucha por la igualdad y sitúa al país en sintonía con los estándares internacionales de paridad política y administrativa
Flora Zapata
Durante décadas, las mujeres colombianas han estado subrepresentadas en los espacios donde se toman las decisiones que afectan al país. A pesar de constituir más del 50% de la población, su presencia en cargos de dirección pública ha sido limitada, lo que ha obstaculizado la construcción de políticas más inclusivas, justas y representativas.
En este contexto, el Decreto 859 de 2025 representa un hito normativo hacia la igualdad de género en el ámbito público. Reglamentando parcialmente la Ley 581 de 2000 —modificada por la Ley 2424 de 2024—, el nuevo decreto establece que mínimo el 50% de los cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios deben ser ocupados por mujeres, marcando un avance sustantivo en el camino hacia un Estado verdaderamente democrático y plural.
Una guía sencilla para comprender el decreto
El Decreto 859 sustituye el Capítulo 3 del Título 12 del Decreto 1083 de 2015, definiendo de forma clara los cargos públicos que deben ser ocupados por mujeres en un 50%, en cumplimiento de la Ley 581.
Se diferencian dos categorías: la primera es el máximo nivel decisorio que incluye altos cargos como ministras, directoras de departamentos administrativos, superintendentes, presidentas de empresas estatales y entidades descentralizadas, entre otros; y la segunda son los Otros niveles decisorios: contempla viceministras, subdirectoras, secretarias generales, subsecretarias, subgerentas y cargos similares que también poseen funciones de dirección.
Una de las claves del decreto es que la paridad debe implementarse de forma paulatina, es decir, en la medida en que estos cargos vayan quedando vacantes. Además, establece sanciones por incumplimiento y exige a las entidades públicas reportar los nombramientos al sistema SIGEP para garantizar su seguimiento, según lo indica el mismo decreto:
«Las reglas anteriores se deberán aplicar en forma paulatina, es decir que en la medida en que los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios vayan quedando vacantes, los mismos serán ocupados por mujeres hasta que se cumpla los porcentajes de que trata el artículo 4 de la Ley 581 de 2000, modificado por la Ley 2424 de 2024.» (Artículo 2.2.12.3.8).
Colombianas en la participación política
La promulgación de este decreto no es un acto aislado, sino el resultado de una larga historia de lucha de las mujeres colombianas. Desde los años 30, cuando comenzó el movimiento sufragista en el país, hasta la conquista del voto femenino en 1954, las mujeres han exigido un lugar en la vida pública. La Ley 581 de 2000 —conocida como Ley de Cuotas— fue uno de los primeros intentos legales por corregir esta exclusión estructural, al establecer que al menos el 30% de los cargos del Estado debían ser ocupados por mujeres.
Sin embargo, los avances fueron lentos. Los informes de cumplimiento mostraban que muchas entidades públicas no alcanzaban siquiera ese mínimo. Con la reforma introducida por la Ley 2424 de 2024, se corrigió esta brecha al elevar el umbral al 50% y establecer mecanismos más precisos para su aplicación, que ahora quedan plenamente reglamentados mediante el Decreto 859 de 2025.
Un panorama latinoamericano
En los últimos años, varios países latinoamericanos han avanzado en políticas de paridad de género, especialmente en los espacios legislativos y ejecutivos. Bolivia, por ejemplo, cuenta con una de las legislaciones más progresistas del continente, exigiendo paridad y alternancia en las listas electorales y logrando que el 50% de su gabinete esté compuesto por mujeres. México también ha avanzado significativamente, alcanzando la paridad en ambas cámaras del Congreso.
Aún así, la mayoría de los países de la región aún enfrentan retos importantes en el acceso efectivo de las mujeres a cargos ejecutivos y administrativos. En muchos casos, la participación femenina se limita al ámbito legislativo, sin mecanismos vinculantes para garantizar su presencia en los altos mandos del Estado.
Con este decreto, Colombia se ubica a la vanguardia en la región, estableciendo por ley que la mitad de los cargos de decisión deben ser ocupados por mujeres, y no solo como una meta aspiracional, sino como una obligación de cumplimiento verificable y sancionable.
De la norma a la transformación cultural
La promulgación del Decreto 859 de 2025 no es solo un avance jurídico, sino una oportunidad para transformar profundamente la cultura institucional del país. La equidad de género no se limita a llenar cuotas; se trata de reconocer el valor, la experiencia y la perspectiva que las mujeres aportan a la gestión pública y al ejercicio del poder.
La paridad es un derecho, no un privilegio. Para que esta norma tenga impacto real, será fundamental que las instituciones la implementen con compromiso y que la ciudadanía vigile su cumplimiento. Solo así lograremos que las mujeres de Colombia no solo tengan un lugar en la política y la administración pública, sino que lo ejerzan con plenitud, legitimidad y poder.
