Diálogos sociojurídicos en Antioquia y Buenaventura y mesas de negociación con disidencias en el Meta, Caquetá y Putumayo presentan avances
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
La política de Paz Total del Gobierno nacional ha sufrido impasses que no han permitido los avances esperados. Desde sus inicios, Petro le apostó a dialogar con todas las estructuras armadas ilegales, independientemente de sus orígenes y propósitos; por lo que planteó diálogos socio-jurídicos y mesas de negociación con participación de la sociedad civil a través de organizaciones sociales; a la vez que implementa políticas de inversión social que eliminen las causas de los conflictos y el abandono estatal.
No obstante, los resultados no son los esperados y el tiempo de este Gobierno se acaba, a lo que se suma la grave situación de derechos humanos que vive la subregión del Catatumbo.
Sin embargo, sin mucho escándalo mediático hay resultados. El 21 de marzo, en Itagüí, Antioquia, el espacio de conversación socio-jurídico con las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, emitió un comunicado en el que dio a conocer compromisos para el avance del Piloto de Territorialización de Paz Urbana.
En este se afirma: “Las Estructuras Armadas Organizados del Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá se comprometen a trabajar de manera contundente y decidida para cumplir ampliar y extender el Piloto de Barrios de Paz así: Piloto de Territorialización de Paz Urbana, 45 Barrios de Medellín, Bello e Itagüí; Libres de Extorsión”.
Buenaventura y La Macarena
Así mismo, el 13 de marzo, en el diálogo socio-jurídico de Buenaventura, con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto Shottas y Espartanos, se acordó “no reclutar, usar, ni utilizar niños y niñas en tareas relacionadas con las violencias, por tanto, no se podrán emplear como ejecutores directos e indirectos de violencia”.
También hubo el compromiso de respetar todos los espacios físicos de uso propio de los niños y niñas, como centros educativos, escenarios deportivos-recreativos, centros de atención de salud y las demás que cumplan funciones afines con su atención y protección.
En otros avances, está la realización de encuentros en La Macarena, Meta; San Vicente del Caguán y en Peñaranda, Caquetá, entre el 13 y el 16 de marzo para la construcción de un acuerdo socioambiental para la paz, convocados por la mesa entre el Gobierno nacional y Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briseño, Gentil Duarte y el Frente Raúl Reyes FARC -EP.
En estos, participaron delegados de asociaciones campesinas, organizaciones indígenas, autoridades territoriales de la región con el objetivo de buscar la transformación territorial, que debe acompañar la superación de violencias, informaron en comunicación y agregaron:
“Las iniciativas de ordenamiento ambiental, con delimitación precisa de límites de los parques, zonas de reserva forestal, resguardos indígenas, entidades administrativas, catastro, han sido consideradas como un proceso urgente para el reconocimiento de derechos y las políticas ambientales, agrarias y de desarrollo sostenible.
“De la misma manera, se ha dado especial atención a los procesos presentados en el Encuentro de creación de Zonas de Reserva Campesina en la región del sur del Meta y de San José del Guaviare. Estas ZRC, y las que se están promoviendo en el Caquetá con apoyo de la Mesa de Diálogo de Paz, son un instrumento extraordinario para el reconocimiento de los derechos campesinos, el cierre de la frontera agrícola y el impulso de Planes de Desarrollo Sostenible”.
Título de tierras
En la misma lógica de hacer inversión social y dialogar y negociar con estructuras armadas, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, entregó a 315 campesinas y campesinos 63 títulos de propiedad sobre predios rurales que ocupan hace más de cinco décadas.
Son labriegos que colonizaron la subregión de San Vicente del Caguán: “Hoy ganamos tranquilidad, no queremos que nos persigan más. Yo llegué a la zona del Yaguará a los 6 años con mis padres. Nunca pensé que podría tener un título y ahora, gracias a la obra y gloria de Dios, al Gobierno y a la Mesa de Diálogos, lo tenemos. En el predio hay yuca, arroz, maíz, marranos, gallinitas”, dijo Luz Myriam Suárez, de 58 años nacida en Chaparral, Tolima.
Entre tanto, la semana pasada Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, había anunciado el reinicio de las negociaciones con esas estructuras armadas, el próximo 7 de abril en la Hormiga, Putumayo.
Con esta organización, se habían alcanzado tres acuerdos: dos programas piloto de sustitución de cultivos de hoja de coca en Nariño y Putumayo, con el acompañamiento de los mandos de esas estructuras armadas y participación de las comunidades.
Asimismo, la creación de una comisión para examinar el marco judicial de garantías para la elaboración de un acuerdo de paz, y una subcomisión con participación de miembros de la fuerza pública, del Ministerio de Defensa y de estos grupos para adoptar unos protocolos de cese bilateral y definitivo al fuego.
Implementación atrasada
Ahora bien, en cuanto a la implementación del Acuerdo de La Habana, política cuestionada por sus incumplimientos desde el Estado, David Flórez, director de gobierno, derechos humanos y paz, del Departamento Nacional de Planeación, informó que se ha superado el récord histórico del mecanismo de obras por impuestos, para que el sector privado aporte en su ejecución.
“Esos son proyectos para la transformación de los municipios Pdet y Zomac, los municipios más empobrecidos y excluidos de este país y eso significa escuelas, hospitales, carreteras, transformación territorial para nuestro país”.
Flórez dijo que habrá un presupuesto histórico en la asignación del Ocad Paz, que va a superar los cinco billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para la implementación del Acuerdo de Paz.
Así las cosas, falta mucho y el tiempo apremia porque el Gobierno está en su recta final. Y, aunque no todo ha salido como se planeó, están las oportunidades para llegar a acuerdos definitivos con algunas estructuras y para dejar avanzados otros procesos. Desafortunadamente, la paquidermia del Estado y la negligencia no ayudan en la implementación de políticas de inversión social.
